Los cinco militares y tres civiles acusados en 2015 de conspirar y fraguar un supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro llegaron a la Corte Marcial de Maracay para ser sometidos a un nuevo juicio, luego de que la sentencia que los condenó a más de ocho años de prisión fuera anulada en diciembre de 2017.
Maracay. El inicio del nuevo juicio contra cinco militares y tres civiles acusados de participar en el llamado Golpe Azul, fue diferido para el 12 de junio, según decisión del Tribunal 2do. de Juicio Accidental del Circuito Judicial Penal Militar del estado Aragua, a cargo del coronel José Olivo Fernández Ruiz. El diferimiento obedece a que algunos abogados que recién se incorporan a la causa no se han impuesto de las actas del caso.
Los oficiales de la Fuerza Aérea, PTte. Petter Alexander Moreno Guevara, piloto Aviador Militar; PTte. Ricardo José Antich Zapata, piloto Aviador Militar; PTte. Carlos José Esqueda Martínez, PTte. Henry Javier Salazar Moncada y PTte. (r) Luis Hernando Lugo Calderón, además de los civiles Pedro Rafael Maury Bolívar, taxista; Jesús Enrique Salazar Mendoza, carpintero, y Luis Rafael Colmenares Pacheco, cajero de banco, fueron trasladados la mañana de este martes desde la cárcel de Ramo Verde hasta la sede de la Corte Marcial en Maracay, para la primera audiencia de un nuevo juicio, luego de que quedara anulada la sentencia condenatoria, tal y como firmó el presidente de la Corte Marcial, el General de División Henry José Timaure Tapia, el pasado 22 de diciembre de 2017, dos días después de que se oficializara su reemplazo en la Corte Marcial.
La sentencia condenatoria de los militares y civiles fue emitida el 11 de enero del año 2017 y aunque por ley los detenidos debieron quedar en libertad, siguieron recluidos, unos en la cárcel de La Pica en Maturín, estado Monagas, otros en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, y en Ramo Verde.
El pasado miércoles 30 de abril, todos fueron trasladados hasta la cárcel militar de Ramo Verde en espera de un nuevo juicio. Allí duermen hacinados en una celda conocida como “El Tigrito”, sin recibir visitas y sin ropa y alimentos, según sus familiares, quienes esperaban ansiosos en las afueras de los tribunales militares de Maracay.
El 12 de enero de 2017, el Cnel. (Ej) José Lucindo De LaCadena Toledo, junto con el Cnel. (GN) Ramón Alí Peñalver y el Tcnel. (AV) Willelvis Soto, jueces integrantes del Tribunal Militar Segundo de Juicio Accidental de Maracay, sentenciaron a cinco militares y tres civiles, señalados de participar en un supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro, que se ejecutaría el 12 de febrero de 2015, durante la celebración del desfile tradicional del Día de La Juventud, en La Victoria, estado Aragua. El desfile fue suspendido, pues, según la denuncia hecha por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, durante el desfile se tenía previsto bombardear varios puntos de Caracas como la sede del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, el Palacio de Miraflores y Telesur, entre otras instituciones, con unos aviones Tucano traídos de otros países, toda vez que el propio Nicolás Maduro, en ese entonces, informó: “los Tucano venezolanos están en este momento en una reparación profunda y todos los aviadores saben que no pueden volar, así que no era desde un Tucano de aquí que me iban a atacar. Era un Tucano que iban a traer del exterior y hay testimonios de esto”.
Cabello denunció que la presunta intentona golpista estaba dirigida por el Gral. (AV) Oswaldo Hernández, quien fue sentenciado en mayo de ese año por el Consejo de Guerra accidental de Caracas, a ocho años y siete meses de prisión en la cárcel de Ramo Verde.
Y aunque los abogados defensores, entre ellos el coordinador regional de Foro Penal en Aragua, Dimas Rivas, señalaron, luego de la anulación de la sentencia condenatoria, que los detenidos tenían que ser liberados porque “de lo contrario la propia Corte Marcial estaría violando la norma y el principio de inocencia que debe prevalecer”, los cinco militares y los tres civiles fueron recluidos nuevamente en Ramo Verde, pese a que, jurídicamente, la pena impuesta por el Tribunal Militar Segundo Accidental también quedaba anulada, según el artículo 49 de la Constitución de Venezuela. Allí permanecerán en espera de la audiencia que deberá llevarse a cabo el venidero martes 12 de junio.
Los militares fueron condenados a penas que van de los cinco a ocho años de prisión. Los oficiales de la Fuerza Aérea, adscritos en Aragua, PTte. Henry Javier Salazar Moncada, PTte. Carlos José Esqueda Martínez y PTte. Petter Alexander Moreno Guevara, fueron condenados a ocho años, ocho meses y 21 días de cárcel, por los presuntos delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, mientras que el PTte. Ricardo José Antich Zapata y el PTte. (r) Luis Hernando Lugo Calderón fueron sentenciados a nueve años de prisión, por los mismos delitos, además de uso indebido de condecoraciones, insignias y títulos militares para Lugo Calderón.
Sobre los civiles, Pedro Rafael Maury Bolívar, taxista, Luis Rafael Colmenares Pacheco, cajero de banco, y Jesús Enrique Salazar Mendoza, carpintero, recayeron penas de cinco años, por los delitos de instigación a la rebelión y uso indebido de condecoraciones, insignias y títulos militares; este último también para Salazar Mendoza.
Maury Bolívar, de 65 años, padece, según su esposa Maria Antonella de Maury, de artrosis en ambas manos, hernias discales y lumbares, hiperplasia prostática, litiasis vesicular e hipotensión, que es presión excesivamente baja de la sangre sobre la pared de las arterias. Su delicado estado de salud no fue suficiente para que se le permitiera realizarse una tomografía con el objeto de conocer el origen de la hipotensión. Maury Bolívar es el único de los ocho detenidos que desde el primer momento fue recluido en Ramo Verde.
Su esposa, al igual que los padres y familiares de los detenidos, esperaban que este 5 de junio quedaran en libertad, pero deberán esperar hasta el próximo 12 para saber si continuarán tras las rejas, pese a que algunos de ellos, fundamentalmente los civiles, ya cumplieron más del tercio de la pena impuesta la primera vez.
Fotos y video: Gregoria Díaz
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