Estas serían las primeras de una ola que se preparan desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde el martes se celebró una reunión plenaria extraordinaria para tomar decisiones contra los legisladores que participaron la insurrección cívico-militar en las inmediaciones de la Base Aérea de La Carlota.
Caracas. “Más temprano que tarde irán a pagar a la cárcel su traición y su delito”. Menos de 48 horas después de que Nicolás Maduro amenazara así a los partícipes de movimiento de insurrección cívico-militar que el pasado martes buscó desalojarlo del Palacio de Miraflores, el Poder Judicial atendió su petición y le anuló la medida de casa por cárcel al exalcalde de Chacao y fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López; y ordenó su detención.
La decisión contra el ex precandidato presidencial la adoptó hoy el Tribunal 5 de Ejecución de Caracas en virtud de que “es un hecho público, notorio y comunicacional la violación” por parte de éste de “la medida de detención domiciliaria y de aparecer y declarar en medios de comunicación masivos”, se lee en el comunicado que difundió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La aparición de López junto al presidente de la Asamblea Nacional e interino, diputado Juan Guaidó, en la madrugada del 30 de abril en las cercanías de la Base Aérea de La Carlota de Caracas sorprendió a propios y extraños, pues el opositor se encontraba desde julio de 2017 cumpliendo en su residencia el resto de la condena a más de 13 años de cárcel que le impuso la entonces jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, por liderar la ola de protestas que sacudieron al país en 2014.
Una vez que los uniformados leales a Maduro lograron recuperar el control en el aeródromo militar el exalcalde y su familia se refugiaron en la Embajada de Chile, primero; y luego en la de España, donde permanecen en los actuales momentos.
Con la anulación de la medida de casa por cárcel también viene una orden de detención, la cual fue girada al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el organismo que durante estos meses tuvo la responsabilidad de vigilar porque López permaneciera en su residencia.
De materializarse la orden contra el opositor, el juzgado ha decidido que continúe cumpliendo su condena en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques), donde ya pasó casi tres años detenido.
La punta del iceberg
La medida contra López parecer ser solo la primera de una serie de acciones que las autoridades judiciales y militares chavistas están preparando contra la disidencia.
Horas después de que el TSJ anunció, mediante un escueto comunicado de prensa, que instó al Ministerio Público intervenido por la Constituyente que procesara al primer vicepresidente del Parlamento, diputado Edgar Zambrano (AD), por presuntamente incurrir en nueve delitos (traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio). ¿Cuándo y cómo el legislador cometió tantos delitos? A criterio del máximo juzgado el martes, al apersonarse a las cercanías de La Carlota y con ello respaldar el movimiento liderado por Guaidó, López y un grupo de militares.
La decisión la tomó la Sala Plena del máximo juzgado en la sesión extraordinaria que celebró en la víspera, interrumpiendo el tradicional feriado por el Día del Trabajador; y cuya legalidad fue cuestionada por una de las 32 integrantes del organismo, la magistrada de la Sala de Casación Civil, Marisela Godoy, debido a que no se le informó previamente cuál sería el objeto de la cita ni se le suministró copia del proyecto de fallo que analizarían.
Pedí la palabra ante los magistrados de la Sala Plena manifestando mi inconformidad por la fórmula que ya se ha hecho costumbre, como es la de desconocer el contenido del fallo que trae consecuencias a todo el país”, afirmó en su escrito la funcionaria.
El TSJ, en su comunicado, no aclaró si la decisión se produjo por una solicitud formalizada por el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, o por otra persona, pero sí aclaró que la misma se adoptó sin necesidad de adelantar el procedimiento de antejuicio de mérito previsto en el artículo 200 de la Constitución, porque Zambrano habría cometido los delitos de forma “flagrante”.
El mismo argumento ha sido esgrimido para autorizar en los últimos meses el procesamiento o arresto de los diputados Freddy Guevara, Germán Ferrer, Julio Borges, Juan Requesens o Juan Guaidó.
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