La Sala Constitucional endurece aún más la posición expresada en su sentencia 545 y llama a la policía y a los militares a detener a los legisladores y a los nuevos integrantes del máximo juzgado designados este viernes en la plaza Alfredo Sadel
Caracas. Menos de 24 horas después de dictar una sentencia donde los amenazó con procesarlos por usurpación de funciones, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia endureció su posición frente a la Asamblea Nacional y acusó a sus miembros y a los nuevos magistrados, que este viernes designaron en un acto en la plaza Alfredo Sadel de Caracas, de incurrir en el delito de traición a la patria y llamó a los cuerpos de seguridad a detenerlos.
Los anuncios no figuran en ningún fallo, sino que la dio de viva voz el presidente de la Sala Constitucional, magistrado Juan José Mendoza, quien mientras este viernes la mayoría opositora del Parlamento realizaba la designación y juramentación de los nuevos funcionarios compareció ante los medios para reiterar lo que el día anterior ya había la instancia había señalado en su sentencia número 545: Que consideraba nulo lo hecho por el Parlamento y les alertaba que con este paso delinquían.
“La Sala Constitucional debe reiterar la advertencia dirigida a los diputados de la AN, a los ciudadanos integrantes del irrito Comité de Postulaciones Judiciales y a los ciudadanos que se pretendan investir del cargo de magistrados de este alto tribunal que con tal conducta incurren de manera flagrante, entre otros, en el delito de usurpación de funciones”, afirmó Mendoza, quien compareció flanqueado por los otros seis miembros de la Sala y quien agregó: “así mismo incurren en delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, en particular en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales (…) estos delitos también están contemplados en el vigente Código Orgánico de Justicia Militar, en conclusión ante los actos declarados nulos, de evidente animo subversivo, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional”.
En la sentencia 545 no se hablaba de traición a la patria, sino de usurpación de funciones, el cual se castiga con hasta seis meses de prisión, mientras que el primero conlleva hasta 30 años.
Consultado sobre si estaba solicitando la detención de los académicos que evaluaron a los nuevos magistrados, a los diputados que los eligieron y de los propios seleccionados, Mendoza respondió afirmativamente.
“Deben dictarse las medidas de coerción porque hay un delito flagrante (…)La AN está en flagrante desacato desde hace más de un año a un conjunto de sentencias y es tiempo que volvamos al respeto al orden constitucional”, dijo, dando así luz verde para la aprehensión incluso de cualquier legislador, pues aunque el artículo 200 de la Constitución establece que están protegidos por el privilegio del antejuicio de mérito la misma norma señala: “En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ”.
Mendoza aseveró que el proceso es nulo por cuanto “en los actuales momentos no hay cargos vacantes en el TSJ”, porque en el proceso no participó el Consejo Moral Republicano y por último porque “la AN está en franco desacato a las decisiones de este alto tribunal, son más de 30 decisiones en las que ha incurrido en desacato, así que estos actos que no solamente son írritos y nulos violan flagrantemente la Constitución y las leyes”.
¿Quién dijo miedo?
Ni los magistrados electos ni los diputados se mostraron preocupados por las amenazas que pesan sobre ellos.
“No tengo miedo. Más miedo me da que sigan cocinando sentencias amañadas. No tengo miedo porque cumplo todos los requisitos constitucionales y legales para ser magistrada, porque se lo entregué a un Comité de Postulaciones de primera, porque fui electa por el único poder público legítimo en Venezuela y porque ese poder atendió el mandato que recibió de más de siete millones de personas en la consulta que se celebró el pasado 16 de julio”, afirmó la nueva miembro de la Sala Constitucional, Elenis Rodríguez.
El presidente del Comité de Postulaciones, el diputado Carlos Berrizbeitia, también le salió al paso a las amenazas del máximo juzgado y dijo con esa acción se corrobora las denuncias sobre que en Venezuela gobierna un régimen dictatorial.
“Maduro se molesta cuando le dicen que es un dictador, pero actúa como tal lanzando amenazas de violar los Derechos Humanos de otros (…) Demuestra el temor que tiene a las instituciones independientes”, dijo y defendió las designaciones afirmando que las mismas fueron producto de las irregularidades que detectaron en el proceso que condujo el anterior Parlamento en diciembre de 2015, conocido popularmente como de los “magistrados exprés”.
Por último, aseguró que ellos sí le pidieron al Consejo Moral participar en el proceso, tal y como manda la Constitución, pero que la mayoría de ese organismo se negó hacerlo y además le restó importancia visto que “está desmenbrado” por el enfrentamiento entre la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor Manuel Galindo.
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