Tras calificar de “viciado” el procedimiento por cuanto no hay vacantes que cubrir en el máximo juzgado ni el Consejo Moral Republicano participó, la Sala Constitucional declaró nulas las actuaciones del Parlamento y advirtió a los abogados a ser nombrados que incurren en el delito de usurpación de funciones.
Caracas. Cárcel. A eso se arriesgan los abogados que este 21 de julio serán designados por la Asamblea Nacional como nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por cuanto los actuales miembros del máximo juzgado consideran que estos son unos usurpadores y como tal los tratarán.
La advertencia la formuló la Sala Constitucional en su sentencia número 545, en la cual declaró con lugar el recurso de nulidad que César Orta Lamón interpuso este miércoles contra el proceso de designación de integrantes del organismo rector del Poder Judicial que el Parlamento aspira concluir este viernes en una sesión especial que se celebrará en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes. Debido a la “urgencia” del caso, la instancia no celebró un juicio donde escuchar a las partes, sino que emitió su veredicto con lo aportado por el denunciante y con la información obtenida por los medios de comunicación.
En el dictamen, redactado de manera conjunta por los siete miembros de la intérprete de la Carta Magna, se califica de “inconstitucional e ilegal” el procedimiento de designación de magistrados, pues en primer lugar no “se ha producido alguna falta absoluta de un magistrado de este Alto Tribunal” y en segundo porque “se infringió lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano que establece, entre las competencias de dicho Poder, la de efectuar la segunda preselección de los candidatos a magistrados”.
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor Manuel Galindo rechazaron esta semana revisar la lista de aspirantes que les remitió el Comité de Postulaciones Judiciales, alegando que la misma era extemporánea.
Tras acusar a los diputados de violar “el principio constitucional de seguridad jurídica” al generar dudas en relación con quienes son las autoridades que conforman el TSJ, la Sala le advirtió a la AN “así como a cualquier ciudadano que se pretenda investir del cargo de Magistrado, que la usurpación de funciones está prevista como delito en el artículo 213 del Código Penal, y que los fallos no son de cumplimiento potestativo como se desprende de la Constitución (artículo 7), la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 1) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 3), sino que son de obligatorio cumplimiento, so pena de las consecuencias jurídicas que el ordenamiento venezolano ha dispuesto para el respeto y mantenimiento del orden público constitucional y más aún para el respeto y preservación del sistema democrático”.
El artículo 213 del Código Penal castiga con entre dos y seis meses de prisión a “cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares”, así como a pagar la publicación del fallo en el que se le condene por este delito en un diario.
Para la AN, los 13 magistrados principales y 21 suplentes que su antecesora apresuradamente designó en diciembre de 2015, conocidos popularmente como “magistrados exprés”, son nulos, por cuanto están viciados. Los legisladores sustentan su opinión en las denuncias hechas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en las últimas semanas, quien aseguró que no participó en este proceso de selección, puesto que el mismo estuvo lleno de vicios.
Una de las anomalías denunciadas por la jefa del Ministerio Público es el caso del magistrado suplente Juan Carlos Valdez, quien pese a no figurar en la lista que el Comité de Postulaciones remitió al Consejo Moral Republicano terminó siendo designado.
El dictamen fue firmado por los magistrados Lourdes Suárez, Calixto Ortega y Luis Damiani, aunque ellos son algunos de los magistrados que los diputados desean sustituir. Por la expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, quien se encuentra en España de permiso hasta el 30 de julio, firmó el suplente René Degraves.
Por último, la Sala reiteró que el Parlamento “se encuentra en desacato y, en consecuencia, todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y eficacia jurídica derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016”.
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