Juan Pablo García (Vente), José Guerra (PJ) y Tomás Guanipa (PJ) se convirtieron en los parlamentarios números 17, 18 y 19 a los que el Tribunal Supremo de Justicia autoriza su procesamiento por parte del Ministerio Público este año.
Caracas. La lista de diputados de la Asamblea Nacional a los que el chavismo desea poner tras las rejas por delitos comunes no deja de crecer. Este lunes el legislador por el estado Monagas y dirigente del partido Vente, Juan Pablo García, José Guerra, diputado por Caracas y dirigente de Primero Justicia, y Tomás Guanipa, también de PJ, se convirtieron en los parlamentarios números 17, 18 y 19 a los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) permite su procesamiento por parte del Ministerio Público.
La decisión la adoptó la Sala Plena del máximo juzgado este lunes, en una reunión extraordinaria, en la cual se respondió la petición del fiscal general designado por la cuestionada Constituyente para enjuiciarlos por la presunta comisión de los delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes y al odio, todo de forma continuada”.
Los fallos del TSJ tienen los mismos argumentos que en los otros 16 casos y da luz verde para que sean procesados sin necesidad de someterlo al procedimiento especial de antejuicio de mérito que la Constitución le reserva a los legisladores, por considerar que delinquió de manera flagrante.
El artículo 200 de la Carta Magna establece que “los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”, que “de los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento” y que “en caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”.
De estas últimas líneas de aferró la Sala Constitucional para concluir que en caso de delito flagrante los diputados no gozaban del privilegio del antejuicio, pese a que la norma arriba citada no señala eso. Asimismo con los últimos tres lustros la intérprete de la Carta Magna ha modificado el concepto de flagrancia, de tal manera que, a su criterio, ya no es necesariamente un hecho que acaba de ocurrir sino que también ha podido ocurrir hace meses.
La resolución fue objetada por los magistrados Marisela Godoy y Danilo Mojica, quienes salvaron sus votos.
Parlamento perseguido
En mayo el TSJ autorizó el procesamiento de los diputados Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella –este asilado en la residencia del embajador de México– y Winston Flores. Días antes hizo lo propio con el expresidente de la AN, Henry Ramos Allup; el ex presidente de la Comisión de Política Exterior y negociador en República Dominicana Luis Florido, quien está exilado en Colombia; con Simón Calzadilla, Juan Andrés Mejía, Sergio Vergara, Freddy Superlano, Mariela Magallanes, Américo De Grazia y Richard Blanco. En mayo también el TSJ autorizó procesar a Rafal Guzmán y al primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano.
A esta lista habría que sumar al presidente de la cámara, Juan Guaidó, a quien aunque ya había autorizado a procesar antes del fallido alzamiento militar, su participación en el mismo no ha hecho más que engrosar su expediente.
La estrategia del chavismo está poniendo en riesgo el quórum de funcionamiento de la AN, el cual no corría riesgo porque la oposición tenía mayoría suficiente para sesionar sin el oficialismo. Sin embargo, esto ha cambiado en las últimas semanas. En la actualidad más de 40 legisladores, entre principales y suplentes, están tras las rejas, perseguidos o en el exilio.
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