Este martes se realizó audiencia de antejuicio de mérito en Bogotá. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, expuso alegatos. Ante la ausencia de Maduro, el TSJ le asignó un defensor público. El Presidente es sospechoso de corrupción y legitimación de capitales. La fiscal pidió orden de captura nacional e internacional contra el Jefe de Estado. Dos diputados de la AN estuvieron presentes.
Caracas. El próximo lunes 9 de abril a las 9:00 a. m. —hora de Bogotá— se conocerá el dictamen de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio sobre si existen o no méritos para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por la presunta comisión de los delitos de corrupción y legitimación de capitales como parte del escándalo de Odebrecht.
Así lo informó el vicepresidente del TSJ en el exilio, magistrado Antonio Marval, al término de la audiencia de antejuicio de mérito realizada este martes en Bogotá, Colombia. Sin embargo, la declaración de Marval se produjo desde Miami, Florida, donde están radicados 6 de los integrantes del máximo tribunal, quienes vieron la sesión vía Streaming.
La audiencia tuvo lugar en el Salón Batalla de Boyacá del Congreso de Colombia, país que acoge a la mayoría de los 33 magistrados designados por la Asamblea Nacional en julio de 2017 y que desde entonces son perseguidos por el sistema judicial venezolano.
La audiencia estuvo encabezada por el magistrado Miguel Martín, presidente del TSJ en el exilio, quien dio unas palabras de agradecimiento al pueblo y al gobierno de Colombia. “Este alto tribunal, cumpliendo con los deberes constitucionales y amparado en las convenciones y tratados suscritos por Venezuela, se integra con legitimidad de origen y autoridad moral para rescatar la ley”, afirmó.
La jornada se dividió en tres etapas. En la primera se instaló la Sala Plena, se constató la ausencia de Nicolás Maduro y de su defensa, se declaró a Maduro en contumacia y se procedió a la designación de un defensor público que se identificó como Andrés Felipe Lindo Olando. Todo este procedimiento y designación se realizó conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ y el Código Orgánico Procesal Penal.
En la segunda se escucharon los alegatos de la fiscal general destituida por la fraudulenta ANC, Luisa Ortega Díaz, el alegato del defensor y una contrarréplica de cada parte. Por último se declaró finalizada la audiencia y se fijó la fecha para la sentencia.
Las pruebas
En su intervención, Ortega Díaz presentó parte de las pruebas recabadas por el Ministerio Público y que sustentarían la solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro.
Las sentencias condenatorias contra empresarios brasileños y altos funcionarios del gobierno de ese país vinculados al escándalo de corrupción de Odebrecht; videos de entrevistas de los presuntos financistas de la campaña electoral de Hugo Chávez en 2012 y Nicolás Maduro en 2013 en los que explican los esquemas de pago; y los puntos de cuenta emitidos por los gobiernos de Chávez y Maduro, supuestamente firmados por Gustavo González López, Elías Jaua, Diosdado Cabello, Rafael Ramírez, García Toussant, Rodolfo Marco Torres y Haiman el Troudi entre otros; son algunas de las pruebas presentadas.
Ortega dijo que como parte del esquema de corrupción aplicado, primero por Chávez y luego por Maduro, se ofreció a Odebrecht la continuidad de los pagos de las obras contratadas y la obtención de nuevos contratos a cambio de financiamiento electoral. Según los cálculos del Ministerio Público, Odebrecht recibió más de 407 millones de dólares para la construcción del segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, pero nunca ejecutó la obra. El MP también abrió una averiguación por el supuesto pago de sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos por parte de la estatal brasilera.
“Toda la trama de corrupción se inicia a partir del convenio entre Brasil y Venezuela, firmado por Nicolás Maduro, que debía ser aprobado por el Parlamento. El parlamento venezolano tenía la obligación de revisar que ese contrato no lesionara los intereses de la República, pero eso no se hizo. En ese momento la presidenta del parlamento era la ciudadana Cilia Flores, esposa de Maduro. Todo quedó en familia, vaya familia”, expresó Ortega.
Según la fiscal, Chávez ofreció al empresario brasileño Joao Santana la suma de 35 millones de dólares para que le diseñara su campaña electoral en 2012 y los pagos provenían de Odebrecht o de empresas relacionadas; mientras Maduro presuntamente habría solicitado a Odebrecht 50 millones de dólares para financiar su campaña de 2013, a cambio de agilizar los pagos pendientes y hacer nuevos contratos.
La fiscal dijo que los delitos en los que habrían incurrido Maduro y Chávez están previstos en la ley contra la corrupción y la ley contra el terrorismo y la legitimación de capitales.
[irp posts=”88333″ name=”Ortega Díaz: TSJ es el esbirro que ha permitido la nueva forma de genocidio que perpetra el Gobierno”]Maduro incurrió en el delito de corrupción cuando, actuando en ejercicio de su función como presidente, ejecutó actos contrarios al deber legal que le imponía su condición. El otro delito, el de legitimación de capitales, es el modo de asegurar dinero producto de actividades ilícitas integradas al sistema económico. Maduro recibió dinero proveniente de la empresa Odebrecht y para esto simularon una operación mercantil lícita en la cual encubrieron la legalidad del origen de los fondos. Consideramos que Nicolás Maduro organizó toda esta trama de corrupción”, concluyó Ortega.
La fiscal general designada por el PSUV en 2014 solicitó al TSJ en el exilio que “declare la existencia de méritos para proseguir la causa penal e iniciar el enjuiciamiento de Maduro; acuerde la captura internacional de Nicolás Maduro, se oficie a Interpol y que un grupo de magistrados acuda personalmente a ese ente; se dicte orden de captura contra Maduro, se oficie a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que lo detengan y lo ponga a la orden de este tribunal; y que se ordene el congelamiento de bienes y cuentas a su nombre”.
Lo que sigue
En defensa de Maduro, Lindo Olando refutó las pruebas presentadas y dijo que no comprobaban la responsabilidad directa del presidente de Venezuela en los delitos de corrupción y legitimación de capitales. El defensor público solicitó al tribunal desechar la petición de Ortega.
El presidente del TSJ en el exilio dio por terminada la audiencia y fijó el 9 de abril próximo como fecha para emitir su decisión. La ponencia en este caso corresponderá al magistrado Romel Gil y la misma debe ser aprobada por la mayoría de los jueces.
De acuerdo con la Ley Orgánica del TSJ, los magistrados tienen un lapso de hasta 30 días continuos para emitir una decisión respecto a si procede o no el antejuicio de mérito.
Si los magistrados determinan que las pruebas consignadas no son suficientes para iniciar un juicio, declararán el sobreseimiento de la causa y se cierra el expediente.
Pero si los magistrados acuerdan que sí hay méritos para un juicio, se remite una copia de la sentencia a la Asamblea Nacional, para que esta, conforme a los artículos 266-2 de la Constitución y 110 de la LOTSJ autorice el enjuiciamiento.
En ese caso los diputados deben aprobar por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes la autorización para el enjuiciamiento. Si la decisión de los diputados es afirmativa, Maduro debe ponerse a derecho ante el TSJ y se inicia un juicio penal que puede absolverlo o condenarlo; si es negativa, se informa al TSJ para que este dicte el sobreseimiento de la causa.
“Así como nosotros no permitimos que otro órgano se involucre en nuestras decisiones, no nos podemos involucrar en la decisión que tome la Asamblea Nacional. Cualquier decisión que se tome es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos”, dijo el magistrado Antonio Marval.
“Audiencia histórica”
En la audiencia oral y pública estuvieron presentes el presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano (VP-Barinas) y la vicepresidenta de la comisión de Política Interior, Gaby Arellano (VP-Táchira).
“Es una audiencia inédita e histórica que comienza un proceso que seguramente traerá consecuencias efectivas para terminar con esta pesadilla que hoy nos tiene a todos los venezolanos sufriendo”, dijo Arellano.
La diputada destacó que las pruebas presentadas por Ortega evidencian el desembolso de millones de dólares solo entre 2012 y 2013 y que estas “grandes cifras de dinero desfalcado a la nación son la razón de que hoy nuestro pueblo padezca escasez y hambre”.
Arellano resaltó que si bien el antejuicio no se realizó en Caracas como “consecuencia del socavamiento de la democracia y las instituciones”, su concreción evidencia el respeto del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales que asisten a Maduro, “derechos que la dictadura no le ha garantizado a personas como los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto”, dijo.
Entretanto, desde el Parlamento en Caracas, el jefe de fracción de la unidad, Juan Guaidó (VP-Vargas) declaró que la realización de la audiencia fuera del país es la demostración de que en Venezuela no hay Estado de Derecho ni democracia. “En democracia este antejuicio de mérito sería aquí en Venezuela con la fiscal que nombró Chávez y las pruebas que en repetidas ocasiones ha mostrado la Asamblea Nacional. Es una muestra de la precariedad institucional que vive el país“, dijo.
Fotos: Cortesía @VPITV y capturas de pantalla de transmisión vía streaming.
Participa en la conversación