La Sala Político Administrativa justificó su decisión alegando que la misma buscaba “proteger el valor del monto otorgado como indemnización por daño moral” a la demandante, quien debido a un accidente laboral está incapacitada.
Caracas. “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar”. Pese a que esta declaración figura en el artículo 318 de la Constitución de 1999, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, equiparó a la moneda nacional con el Petro, la criptomoneda creada por el Gobierno este año.
La decisión figura en la sentencia número 1112 que la Sala Político Administrativa emitió este jueves y en la cual ordenó al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Inia) indemnizar por concepto de “daño moral” a María Elena Matos, exinvestigadora del organismo, con 266 petros; es decir, 813.600 bolívares soberanos o 81,3 millardos de los antiguos fuertes, por un accidente ocurrido mientras trabajaba en las instalaciones.
Tras recordar que la criptomoneda está respaldada por el barril de crudo “lo que garantiza su inmunidad frente a las acciones de desestabilización financiera que pudieran surgir contra la economía nacional”, la instancia decidió calcular la reparación con base en ella alegando que buscaba “proteger el valor del monto otorgado como indemnización por daño moral”.
El dictamen redactado por el magistrado Inocencio Figueroa, no obstante, parece olvidar que la Carta Magna solo permite utilizar el Bolívar como moneda de curso para cualquier transacción económica dentro del territorio nacional y solo permite un escenario para su sustitución: “En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República”.
El presidente Nicolás Maduro creó el Petro en febrero pasado para fortalecer el signo monetario y al mismo tiempo evadir las sanciones económicas que Estados Unidos le ha impuesto, las cuales le han impedido realizar algunas operaciones en el exterior.
En marzo el mandatario aseguró que se habían recibido más de 220.000 intenciones de compra por más de 5 millardos de dólares.
Siete años de espera
El pronunciamiento sobre el Petro lo dio el TSJ al responder la demanda por daños y perjuicios que Matos interpuso en 2011 ante el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de Aragua contra el Inia, organismo en el que laboró por 11 años.
¿La razón de la querella? En febrero de 1997 en el laboratorio de biotecnología donde laboraba, unos químicos muy tóxicos se derramaron y ella resultó infectada. Años después incluso debió ser operada.
En la actualidad Matos no puede trabajar sino que incluso “las actividades de la vida diaria (aseo personal, vestirse, caminar, mantenerse de pie) se encuentran comprometidas”, debido a las secuelas que le quedaron por estar en contacto con los químicos.
El TSJ consideró probada la actitud negligente del Inia y lo condenó.
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