Al máximo juzgado no le sentó nada bien que el secretario general del organismo, en su informe sobre el país, lo acusara de haber matado el Estado de Derecho en el país al sentenciar siempre a favor del Ejecutivo.
Caracas. La cabeza de Luis Almagro. Esto es lo que quiere el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a buscar la destitución del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) bajo el argumento de que ha realizado “acciones desestabilizadoras” y ha “atentado contra la existencia de los estados nacionales latinoamericanos” al solicitar que se le aplique al país la Carta Democrática Interamericana (CDI).
La petición del máximo juzgado figura en el acuerdo que este lunes emitió la Junta Directiva del organismo y en el cual se rechaza la actualización del informe sobre Venezuela que el excanciller uruguayo presentó el pasado 14 de marzo al Consejo Permanente del grupo, con el propósito de suspender a Venezuela del club regional.
Tras expresar su respaldo irrestricto a “la política exterior del Estado venezolano en la defensa irrestricta de la institucionalidad democrática y exhortar al Ejecutivo Nacional para que ejerzan todas las acciones nacionales e internacionales a los fines de garantizar el respeto a la Constitución de la soberanía”, el TSJ, de boca de su presidente, magistrado Maikel Moreno, solicitó al presidente Maduro que “considere la posibilidad de proponer la remoción del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la Asamblea General, según lo establece el artículo 116 de la Carta de la OEA dada la reiterada agresión contra Venezuela y sus instituciones”.
El máximo juzgado consideró “inaceptables” las afirmaciones que Almagro ha realizado en su informe, donde, según el documento leído por Moreno, “pretende desconocer la independencia del Poder Judicial”.
En su informe, el secretario general de la OEA fustigó duramente a la justicia venezolana, al afirmar que:
“El Estado de Derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un Poder Judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley aprobada por la Asamblea Nacional así como sus potestades constitucionales o los derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales. Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal. El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos”.
Para Almagro, el comportamiento del TSJ es producto de su actual integración y por ello abogó porque la misma sea revisada. En su reporte, el funcionario apeló a estudios de organizaciones como Acceso a la Justicia, la cual ha denunciado que al menos la mitad de los actuales miembros del máximo juzgado no cumplen los requisitos para ocupar los puestos que desempeñan y nueve han militado en el partido de Gobierno o han sido funcionarios de las administraciones del fallecido Hugo Chávez y de Maduro.
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La alineación de la justicia venezolana con el Ejecutivo fue expuesta la semana pasada por ocho agrupaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y allí se puso como ejemplo el hecho de que desde más de una década las autoridades no pierden en un juicio ante el TSJ.
Esqueletos en el armario
Otro elemento que figura en el informe y que seguramente no sentó bien en el máximo juzgado —en particular en su presidente— es el hecho de que en él se hable de sus antecedentes.
Almagro, en su reporte, recordó que Moreno fue procesado penalmente en dos ocasiones por homicidio y además fue destituido en 2007 de su cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, por órdenes expresas de la Sala Constitucional, lo cual lo inhabilitaba para ocupar el puesto que en la actualidad desempeña.
“Voy a defender mi honor, el de mi familia y sobre todo el del Poder Judicial”, afirmó hace 10 días el magistrado, quien agregó: “A quienes me han atacado, vamos a demostrar que sus ataques son injuriosos y van a tener que responder por sus actos”.
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Respeto al diálogo
En su comunicado, el TSJ también demandó de Almagro respeto “al diálogo político permanente que se viene desarrollando” en el país.
Sin embargo, para el secretario general de la OEA las conversaciones entre el Gobierno y la oposición auspiciadas por El Vaticano, y que contaron con el respaldo del organismo regional, simplemente fueron una cortina de humo aprovechada por las autoridades para ganar tiempo.
“El diálogo no ha dado ningún resultado y, en cambio, en cada uno de los cuatro ámbitos temáticos [elecciones, presos políticos, crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional], la oposición ha salido perdiendo en todo momento; la situación política, económica, social y humanitaria ha empeorado; y el poder del régimen autoritario se ha perpetuado aún más”, denunció.
Almagro deja claro en su informe que la única manera de restablecer el Estado de Derecho en Venezuela es mediante elecciones generales.
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