TSJ le da a Maduro vía libre para ocupar bienes e imponer controles

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Aunque la AN rechazó el decreto de emergencia económica, esta semana el Tribunal Supremo decidió que está vigente. Analistas señalan que el choque de poderes complica más la crisis.

Mayela Armas/@mayearmas 

Caracas. El Presidente Nicolás Maduro tiene vía expresa para ocupar canales de distribución y establecer restricciones financieras. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que el procedimiento de la Asamblea Nacional para rebotar el decreto de emergencia económica no fue el correcto, de manera que el Gobierno tiene hasta el 14 de marzo para tomar acciones.

El 14 de enero el jefe de Estado aprobó el decreto de emergencia económica que para ejecutarse requería de la autorización del Parlamento y del máximo tribunal, de acuerdo con la Carta Magna. El TSJ lo aprobó, pero la AN lo rechazó, por lo tanto, no era posible aplicar el contenido de esa norma.

La Asamblea lo echó para atrás argumentando que el Ejecutivo tiene un conjunto de leyes para llevar a cabo medidas como la Ley de Precios Justos, la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, el Código Orgánico Tributario, la Ley de Simplificación de los Trámites Administrativos y la Ley de Contrataciones Públicas. Textos legales que fueron aprobados y reformados a través de las Habilitantes de 2013 y 2015, sin embargo, para Maduro no es suficiente

Tres semanas después del rebote de la AN, los magistrados emiten una sentencia en la que indican que “el decreto se pliega a la Constitución y las leyes y las medidas que establece son necesarias”.

Así que el primer mandatario puede establecer otras acciones apoyándose en la emergencia económica. De hecho, en la semana que tardó la AN en decidir sobre la normativa, Maduro limitó las atribuciones del Parlamento y mediante una resolución le restringió la aprobación de créditos adicionales.

¿Qué efectuará?

La administración de Nicolás Maduro lleva tres años de inacción, lo cual ha profundizado las distorsiones de la economía. El aparato productivo nacional se ha deteriorado, la escasez de alimentos y medicinas ha aumentado y la inflación es más de 200%.

El Presidente desde 2013 señala que ejecutará medidas para superar la crisis, pero no ha pasado nada, y este viernes el Vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, dijo que “se harán cuando estén las condiciones”.

Por los momentos, una norma le da más atribuciones al mandatario. A través de la emergencia económica, el Ejecutivo podrá “requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos, bienes y demás establecimientos para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos así como otros bienes de primera necesidad”.

Eso significa que el Gobierno puede ocupar canales de distribución. Esta semana el diputado del Psuv, Ricardo Molina, dijo en el Parlamento que la distribución de bienes tiene que estar a disposición del Presidente.

El abogado, Juan Raffalli, explica que esta decisión del TSJ de mantener vigente la emergencia económica “habilita al Presidente a tomar medidas que pueden afectar los derechos y garantías constitucionales (…) No sabemos qué hará si intervenir, expropiar o devaluar, si limitará las cuentas de las personas, puede hacer cualquier cosa”.

Efectivamente, el decreto además de facultar para la ocupación de bienes, permite el establecimiento de más controles.

El texto indica que “los ministerios podrán efectuar la coordinación necesaria con el BCV a los fines de establecer límites de ingresos y egresos de la moneda de curso legal. Se podrán establecer restricciones a transacciones financieras. Dichas medidas son para la protección de la moneda nacional”. Y hasta ahora las autoridades no precisan cuáles serían dichas restricciones.

Pero hay más allá. Maduro podrá usar recursos adicionales sin control.

El economista, Ronald Balza, apunta que el Gobierno “subirá el precio de la gasolina y devaluará, y esos recursos adicionales los usará sin pasar por la Asamblea Nacional. De manera que los problemas de la mala administración se mantienen”.

Uno de los puntos del decreto detalla que el jefe de Estado puede “asignar recursos extraordinarios a proyectos de los órganos y entes de la administración pública para optimizar en sectores de salud, educación, alimento y vivienda”.

Conflicto en medio de la crisis

Aunado a las implicaciones de la norma, las decisiones en torno al decreto de emergencia reflejan un conflicto de poderes en un contexto de crisis económica.

Raffalli detalla que “el Gobierno no está actuando, pero esto (decisión sobre la emergencia económica) evidencia un choque de los poderes públicos que lo que hace es complicar más la crisis”.

Balza añade que la crisis aumenta, porque además “el Ejecutivo va a gobernar con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia” y añade que “el decreto consolida el secreto de las decisiones”.

Foto: Angeliana Escalona

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