La petición de antejuicio de mérito contra Luisa Ortega Díaz no figuró en la agenda de la reunión de la Sala Plena de este miércoles, pese a que se venció el lapso de cinco días que el máximo juzgado se fijó. Fuentes del organismo lo atribuyeron a que el Cicpc no ha entregado las experticias solicitadas.
Caracas. Pese a que este miércoles se esperaba que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciara si autorizaba o no el enjuiciamiento de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el asunto ni siquiera fue abordado por los 32 magistrados en la reunión sostenida este 12 de julio. Sin embargo, la funcionaria apenas pudo respirar, porque desde la Contraloría la amenazaron con inhabilitarla por obstaculizar la inspección sorpresa que la semana pasada le quisieron hacer a su despacho.
“El tema no figuraba en la agenda ni se tocó”, aseguró uno de los miembros del máximo juzgado consultados por Crónica.Uno, el cual aseveró que la Sala Plena se limitó a abordar conflictos de competencias entre distintos juzgados del país.
¿Pero por qué no hubo pronunciamiento si ya venció el lapso de cinco días que el presidente del organismo, magistrado Maikel Moreno, se fijó para emitir la decisión? “El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no envió la experticia grafotécnica que se le solicitó”, afirmaron fuentes cercanas a la Presidencia del TSJ.
El diputado Pedro Carreño, quien denunció a Ortega Díaz por mentir al afirmar que no participó en el proceso de selección de los magistrados que la anterior Asamblea Nacional designó en diciembre de 2015, pidió al máximo juzgado que se contrastaran las firmas de un acta del Consejo Moral Republicano del 21 de enero de 2016 para verificar que una de ellas corresponde a la Ortega Díaz.
El documento hace un resumen de las actas que quedaron pendientes de 2016 y según Carreño y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el hecho de que la fiscal general firmara dicho documento implica que avaló la elección de los llamados “magistrados exprés”. Señalamiento que rechazó la jefa del Ministerio Público (MP).
“El Defensor está mintiendo, por qué él no señala esta acta [en relación a la del 16 de diciembre, la cual no tiene su firma ni la de la entonces secretaria del Consejo, María José Marcano, ni siquiera la del propio Saab]”, afirmó, al tiempo que agregó: “¿Por qué no busca el acta a que hace referencia esta otra [del 16 de diciembre]? Porque esa acta no se firmó. No la firmé yo ni la secretaria ni el propio Defensor (…) Lo que hay que ver es el acta donde se designaron los magistrados y no se realizó. ¿Dónde está el acta donde se seleccionaron los magistrados?”.
En el TSJ no aclararon cuándo podría haber una decisión. Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) da un lapso de 30 días para que haya un pronunciamiento en el caso de los antejuicios de mérito contra los altos funcionarios del Estado.
Otro frente abierto
El respiro que la falta de pronunciamiento del TSJ le dio a la fiscal general no duró mucho, pues a la funcionaria se le abrió otro frente. El contralor general de la República, Manuel Galindo, amenazó con inhabilitarla por impedirle auditar el MP.
“La Contraloría, haciendo uso de las competencias que le otorga la propia de Ley Orgánica de la Contraloría, ha aperturado el proceso de multa tanto para la ciudadana fiscal general como para su Directora de Despacho y todos los fiscales superiores del país, por la denominada falta de entrabamiento, porque se está obstaculizando el ejercicio de la función constitucional de la Contraloría” (sic), afirmó, al tiempo que agregó que el procedimiento puede culminar en “una multa y una sanción subsidiaria que podría ser una inhabilitación en todo caso”.
Foto referencial
Participa en la conversación