TSJ pide a la Fiscalía y a la Contraloría investigar a la mayoría opositora de la AN

Al anular la reforma a la Ley del Oro, la Sala Constitucional afirmó que los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática han podido incurrir en delitos penales y contra el patrimonio.

Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) busca más refuerzos para el conflicto con la Asamblea Nacional (AN). Si en julio le solicitó al Ministerio Público (MP) procesar a los miembros de la bancada opositora, ahora le ha hecho la misma petición a la Contraloría, a la Procuraduría General de la República y nuevamente al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz, pues considera que los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han incurrido en delitos al negarse a cumplir sus sentencias.

Así figura en la sentencia número 808 de la Sala Constitucional, en la cual la instancia anuló la reforma a la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, sancionada por el Parlamento el 9 de agosto de 2016.

En el dictamen, el Máximo Tribunal calificó de “absolutamente nula y carente de vigencia y eficacia jurídica” el instrumento, por cuanto el mismo fue aprobado “en franco desacato de decisiones judiciales”, en particular la 126 de la Sala Electoral que ratificó la suspensión de los cuatro diputados de Amazonas y 797 suya, en la cual suspendió todas las decisiones del Parlamento que hayan sido adoptadas luego de que los legisladores opositores por la entidad selvática (Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana) volvieran a incorporarse el pasado 28 de julio y aquellas que a futuro se adopten mientras ellos sigan en sus curules.

La instancia ni siquiera se molestó en revisar los cambios hechos por los diputados a la ley, sino que se limitó a dejarla sin efecto por la simple presencia de los tres legisladores en la sesión del 9 de agosto.

“La actuación desplegada por la Asamblea Nacional, no tan solo al proceder a una nueva juramentación e incorporación de ciudadanos como diputados de dicho órgano parlamentario, en contravención a la disposición expresa contenida en un fallo judicial, sino también por continuar desconociendo lo dispuesto en una sentencia emanada de este Máximo Tribunal en Sala Electoral, en el que claramente se determina la nulidad de cualquier acto emanado de dicho órgano parlamentario, en contumacia y rebeldía a lo dispuesto por dicha decisión, es decir, con la incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como Diputados de dicha Asamblea Nacional, se traduce en la nulidad absoluta de dichos actos así emanados, por la contravención expresa a un mandato judicial, que desde luego vulnera y desconoce claramente la noción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrada en el artículo 2 constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 26) y lo dispuesto por el artículo 253 constitucional; resultando, por ende, dichos actos absolutamente nulos y sin ningún tipo de validez y eficacia jurídica”, se lee en el dictamen redactado por los siete miembros de la Sala Constitucional.

Precisamente la insistencia de la mayoría opositora de la AN a desacatar las resoluciones del TSJ hizo que los magistrados le advirtieran que la misma les “generará las correspondientes responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales en general necesarias para salvaguardar la eficacia del Texto Fundamental”.

Acto seguido, ordenó remitirle copia de su decisión al Consejo Moral Republicano, organismo integrado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; el contralor Manuel Galindo y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, “en razón de los posibles ilícitos que pudieran haberse cometido y estar cometiéndose con ocasión de los hechos señalados en esta sentencia e informe perentoriamente a esta Sala de las resultas de las actuaciones respectivas”.

Lo mismo le requirió al contralor Galindo, al procurador encargado, Reinaldo Muñoz; y a la fiscal Ortega Díaz, por separado.

Desde que en julio le pidiera al MP actuar contra los diputados ese organismo no ha informado de ninguna actuación, ni siquiera de la apertura de una averiguación.

Este último dictamen contra el Parlamento, el número 25, fue en respuesta a una petición de revisión que hiciera el presidente Nicolás Maduro el 19 de agosto.

En contra

Para el diputado opositor Elías Matta (UNT-Zulia) el dictamen del máximo juzgado no tiene sentido, por cuanto el Parlamento no hizo nada más que ajustar la ley a lo que establece el artículo 150 de la Constitución, el cual que todo contrato público debe ser aprobado por el Legislativo.

“Una concesión es un contrato de interés público, porque se está otorgando un permiso para explotar un bien de todos y eso debe contar con el visto bueno de la AN, como fue hasta que la oposición ganó la AN”, dijo, al tiempo que agregó: “Cualquier licitación que se otorgue sin autorización del Parlamento es ilegal, así deben saberlo los inversionistas del mundo”.

Matta desmintió que Guzamana, Ygarza y Guarulla hayan participado en la sesión donde se aprobó la reforma. “Desde que los tres compañeros indígenas se incorporaron el presidente de la AN, diputado Henry Ramos Allup, ha dejado constancia en qué decisiones participan y en cuáles no y en esta lo hizo”.

Foto: Cheché Díaz