La Sala Constitucional lo salvó, por ahora, de ser procesado por los abusos y excesos cometidos durante la represión a la actual ola de protestas que sacude al país bajo el argumento de que está amparado por el privilegio del antejuicio de mérito, porque el jefe del Distrito Capital está a la par de un gobernador de estado. La decisión no quedó sin respuesta y el Ministerio Público anunció que pidió a EEUU información sobre el caso de los sobrinos de la primera dama.
Caracas. El general Antonio Benavides no deberá comparecer este jueves ante el Ministerio Público (MP) para ser imputado por las “graves y sistemáticas” violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la ola de protestas que actualmente sacude al país, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló dicho procedimiento.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia 528, en la cual respondió una acción de amparo que el uniformado, actual jefe del Distrito Capital, interpuso contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien a la que acusó de incurrir “en una grave usurpación de funciones o abuso de poder” al pretender imputarlo sin antes someterlo al procedimiento especial del antejuicio de mérito reservado a los altos funcionarios del Estado.
La intérprete de la Carta Magna dio la razón a Benavides y afirmó que ciertamente no puede ser procesado sin la autorización del pleno del TSJ, porque se trata de una alta autoridad. “El Jefe de Gobierno del Distrito Capital equivale a un Gobernador de Estado, quien ejerce el gobierno y administración de su entidad federal (artículo 3 de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital); y, en consecuencia, goza de la prerrogativa del antejuicio de mérito a los efectos de su eventual enjuiciamiento”, se lee en el dictamen redactado por los siete miembros de la instancia.
Al informar la semana pasada sobre la citación, el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz informó que hasta la fecha tiene abiertas 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales, entre las cuales figuran los casos de 23 personas fallecidas y 853 lesionadas, atribuidas a funcionarios policiales o militares.
El fallo no sentó bien en el Ministerio Público, donde recordaron que “según la ley, ningún tribunal puede anular una citación para imputar. El acto de imputación es exclusivo del Ministerio Público” y acusaron al TSJ de respaldar la violación de Derechos Humanos con este dictamen.
Por el mismo camino
Para este martes está prevista la imputación del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Gustavo González López, sin embargo, fuentes del TSJ adelantaron que la misma también podría ser anulada.
“González es el director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y eso se puede considerar una posición de comando, a la luz de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada”, apuntó el confidente.
Respuesta dura
La decisión del TSJ de impedirle procesar a Benavides no quedó sin respuesta y el Ministerio Público anunció minutos después, a través de su cuenta de Twitter, que había solicitado a las autoridades de Estados Unidos información sobre el proceso seguido contra Efraín Campos Flores y Franqui Flores, sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, y quienes fueron detenidos a finales de 2015 en Haití por agencia estadounidense contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Los parientes de la esposa del presidente Nicolás Maduro fueron declarados culpables por un tribunal de Nueva York de conspiración para tratar de ingresar a este país más de 800 kilos de cocaína y están a la espera de que se les fije la condena.
Las decisiones del TSJ y del Ministerio Público se producen menos de 24 horas antes de que el máximo juzgado celebre la audiencia oral y pública que escuchará los alegatos a favor y en contra de autorizar el procesamiento de Ortega Díaz por supuestamente mentir al asegurar que no fue consultada a la hora de designar a los llamados “magistrados exprés” en diciembre de 2015. Sin embargo, el desarrollo de la misma podría verse afectado en virtud de que la funcionaria recursó a 17 de 29 magistrados que participarán en el acto.
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