Los informes de la Fiscalía determinaron que los asesinatos de 17 mineros el 4 de marzo de 2016 fueron hechos aislados, lo que obvia la responsabilidad estatal. Los familiares siguen esperando justicia.
Ciudad Guayana. El miércoles 2 de marzo de 2016, Leidy García y su esposo, Roger Romero, estaban molestos. Tanto, que él estaba quedándose en la casa de su mamá. Hoy, un año después, Leidy tiene una sola certeza: de haber sabido que eso ocurriría, le hubiese hablado ese 2 de marzo, la última vez que él fue a ver a los hijos, dos niñas de cinco y tres años y un niño de uno.
Quizá no solo le hubiese hablado. Tal vez le habría dicho que se quedara y puede que hubiese torcido el curso de los acontecimientos. Pero las cosas pasaron como pasaron, y a los dos días, a Leidy la llamaron: en la mina Atenas hubo una masacre. Y allá estaba Roger.
Roger es uno de los mineros que murió la noche del viernes 4 de marzo, en lo que se conoce como la Masacre de Tumeremo.
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El esfuerzo por silenciar
12 meses después, justicia es un concepto abstracto para los familiares de los masacrados. De ellos se habló, en un principio, como más de 20. Luego, de 14. Y finalmente, según la cantidad de cadáveres que se encontraron dos semanas después, 17.
El día posterior a la masacre, el sábado 5 de marzo, el Gobierno de Nicolás Maduro tenía algo más importante que hacer: conmemorar los tres años de la muerte de Hugo Chávez.
En San Félix, el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, hacía lo propio. Pero Tumeremo era un hervidero de protestas: las familias y el pueblo reclamaban a los mineros. E insistían en que los habían asesinado.
El diputado Américo de Grazia fue de los primeros en hacerse eco de lo ocurrido y denunciar. La presión, entonces, obligó a Rangel Gómez a hablar. Lo hizo a través de VTV: “Es absolutamente falsa la información que personajes de la derecha han estado mencionando en relación a veintitantos muertos. Se hizo un rastreo y no hay absolutamente nada”. Y por Twitter escribió: “Una vez más, politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de Bolívar. Son FALSAS informaciones sobre mineros asesinados”.
Pero la Fiscalía se hizo presente en Tumeremo, así como la Defensoría del Pueblo. Las protestas, a pesar de los embates de la Guardia Nacional, continuaron. Hasta que el 14 de marzo, la fiscal Luisa Ortega Díaz demolió toda duda: “Informo al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo”. Así desmintió a Rangel Gómez.
Sobrevivir a toda costa
Luego de la masacre, la atención estuvo centrada en Jamilton Andrés Ulloa, conocido como “el Topo”, pran de las minas del sur de Bolívar que centró esfuerzos en limpiar su territorio de todo aquello que hiciera peligrar su dominio sobre la zona.
Dos meses después de la masacre, según informó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cayó asesinado en un enfrentamiento con fuerzas del Gobierno.
Sin embargo, el Topo, lógicamente, no actuó solo. Es lo que comentan las familias, esas que, hasta ahora, la única justicia que conocen fue una bolsa de comida que les llevó Francisco Rangel Gómez cuando se reunió con ellos en el Fuerte Tarabay (Tumeremo), días después del entierro masivo de las víctimas.
Es lo que relata Ismael Ruiz, papá de Néstor, de José Armando y de José Ángel, tres de las víctimas de la masacre:
“La justicia vino así como el gobernador: confidencialmente y en secreto. Llegó en helicóptero, pidió disculpas por no haberse pronunciado antes y prometió casas, sobre todo para las viudas”.
Una de esas viudas. Leidy García, no sabe nada de esas casas: “El gobernador habló con nosotros allá en el Fuerte. Dijo que nos iba a ayudar a los que quedaron sin casas”.
¿Los han ayudado?
—Bueno, a mí, la verdad, no. Ofreció esas casas pero de ahí no supimos nada.
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Más violencia
La violencia, según el diputado a la Asamblea Nacional por el sur de Bolívar, Américo de Grazia, continuará. No se puede esperar menos cuando la impunidad ha prevalecido y cuando la Fiscalía, al hablar del hecho aislado, desconoce la responsabilidad del Estado.
“Esto trasciende espacios y fronteras de las minas. El hecho de que se hayan registrado esos hechos violentos entre Upata, Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana habla de algo que está en pleno desarrollo. Son consecuencia de utilizar el crimen organizado como política de estado para el control social y económico. Viene más violencia, lamentablemente. Y la crisis social tardará más en resolverse”, sentencia.
La violencia criminal, a un año de la masacre de Tumeremo, está más desperdigada en el estado Bolívar.
Foto: Cortesía Correo del Caroní
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