La nueva lista de colaboradores de Nicolás Maduro que no podrán viajar a los países del bloque y a quienes les congelaron sus bienes en ese territorio está encabezada por Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez. En total son 18 los altos funcionarios civiles y militares sancionados este año solo por el viejo continente. La cancillería rechazó la decisión.

Caracas. El Consejo de la Unión Europea incluyó a otros 11 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en su lista de individualidades sancionadas “por socavar la democracia y violar los derechos humanos” del pueblo venezolano.

La lista de nuevos sancionados está integrada por el vicepresidente económico Tareck El Aissami; la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez; comandante general de la GNB Sergio Rivero; el comandante general del Ejército Jesús Suárez Chourio; el director de la Dirección de Contrainteligencia Iván Hernández; el comisionado del Sebin y director nacional de los Clap, Freddy Bernal; las rectoras del CNE Sandra Oblitas y Socorro Hernández; el ministro de Educación Elías Jaua; la vicefiscal general Katherine Harrington; y el secretario del CNE, Xavier Moreno. Estos 11 se suman a otros 7 que habían sido vetados el 22 de enero pasado.

“Las personas en la lista son responsables por violaciones de Derechos Humanos y socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Las medidas adoptadas incluyen prohibición de ingreso al territorio de la UE y congelación de activos”, dice la nota de prensa oficial del Consejo.

El despacho aclara que la decisión de este lunes se corresponde a las conclusiones del Consejo el pasado 28 de mayo de 2018, cuando sus integrantes “pidieron medidas adicionales individuales y reversibles que no afecten a la población venezolana en respuesta a las recientes elecciones presidenciales realizadas en ese país”.

A juicio del Consejo de la UE, las elecciones realizadas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 “no fueron ni libres ni justas y su resultado carece de toda credibilidad ya que como proceso electoral no ofreció las garantías necesarias para ser inclusivas y democráticas”.

En tal sentido, la UE llamó a la celebración de nuevas elecciones presidenciales plegadas a los estándares democráticos internacionalmente reconocidos y al orden constitucional venezolano. En esa misma oportunidad, la UE también reiteró la necesidad de “respetar a todas las instituciones democráticamente electas, principalmente la Asamblea Nacional, de liberar a todos los presos políticos y rescatar los principios democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos”.

“Las sanciones tienen como objetivo ayudar a fomentar las soluciones democráticas compartidas que puedan brindar estabilidad política al país y permitir atender las urgentes necesidades de la población”, señala la nota de prensa.

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¿Por qué sancionan a cada quién?

La resolución número CFSP2018/901 del 25 de junio de 2018 especifica las razones que llevaron al Consejo de naciones del viejo continente a adoptar medidas individuales contra determinados altos funcionarios del gobierno.

En el caso de El Aissami, por ejemplo, la resolución señala que “en su condición de vicepresidente dirigió actuaciones del Sebin, organismo responsable de serias violaciones de los DD. HH.” y además “dirige el comando antigolpe que ha perseguido a la sociedad civil y la oposición”.

A Rivero Marcano lo incluyeron en la lista porque “está involucrado en la represión de la sociedad civil y es responsable por serias violaciones de los DD. HH., incluyendo el asalto contra miembros de la Asamblea Nacional y la intimidación de periodistas durante la fraudulenta elección de la ilegítima ANC”.

A Suárez Chourio lo consideran “responsable de violaciones de los DD. HH. por parte de fuerzas bajo su comando” y lo señalan de haber “apoyado el uso de cortes militares para procesar a civiles”.

La UE sostiene que el director general de la Dgcim, Iván Hernández, “es responsable por serias violaciones de los DD. HH. y la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática cometida por funcionarios bajo su comando, incluyendo uso excesivo de la fuerza y malos tratos de los detenidos”.

Con respecto a Delcy Rodríguez, la UE señala que “como vicepresidenta, presidenta de la ilegítima ANC e integrante de la comisión presidencial para la ilegítima ANC socavó la democracia y el estado de derecho, incluyendo la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional”. Además le endilgan el uso de “esos poderes usurpados para perseguir a la oposición y evitar que esta pueda participar en los procesos políticos”.

Jaua, quien presidió “la comisión presidencial para la  ilegítima constituyente”, se le señala de ser “responsable de socavar la democracia y el estado de derecho”.

A las rectoras del CNE, Oblitas y Hernández, y al secretario Moreno, los responsabilizan de “facilitar las actividades del CNE que han socavado la democracia, incluyendo la instalación de la ilegítima ANC y de manipular el proceso electoral”, en particular por la suspensión del referendo revocatorio de 2016, la postergación de las elecciones regionales en 2016 y la reubicación de centros de votación en las regionales de 2017.

Para la UE, Bernal es “responsable por socavar la democracia a través de la manipulación del programa Clap contra los votantes”.

Y a la vicefiscal Harrington la señalan de “socavar la democracia y el estado de derecho incluyendo la persecución política” y  de “obviar la investigación de violaciones de derechos humanos”.

Gobierno responde

Este mismo lunes, la cancillería venezolana, dirigida por Jorge Arreaza, emitió un comunicado en el que expresa su rechazo “categórico” a la decisión de la Unión Europea de congelarle los bienes —en caso de que los haya— a 11 altos funcionarios venezolanos y les impide viajar a su territorio.

“La Unión Europea atenta contra la paz política en Venezuela al inmiscuirse en asuntos internos y empeñarse en aplicar medidas coercitivas que atentan contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos”, dice el comunicado.

Agrega la cancillería que la UE está “subordinada a la administración Trump” y que “el gobierno de Venezuela no aceptará amenazas de ninguna potencia”. Además advierte que “responderá con la debida proporcionalidad”, sin especificar más detalles.

Foto Cortesía



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