Liliana Blanco, portavoz de los comerciantes instalados en 2009 en San Jacinto, dice que la medida pesa sobre 960 vendedores, que fueron adjudicados al término de la gestión de Freddy Bernal, exalcalde de Caracas. De 45 mercados a cielo abierto que proveen alimentos en el Área Metropolitana, se estima que solo 25 % está operativo.
Caracas. No es oficial, pero el murmullo de desalojo cobra fuerza en los pasillos del Mercado de San Jacinto, en el centro de la ciudad. El temor por la presunta orden de evacuación circula entre los quioscos de latones desvencijados y corre como un vendaval, a la par de la angustia de los vendedores.
Liliana Blanco, portavoz de los comerciantes instalados en 2009 en San Jacinto, dice que la medida pesa sobre 960 vendedores que fueron adjudicados al término de la gestión de Freddy Bernal, exalcalde de Caracas. En esa oportunidad fue la respuesta más notable al comercio informal, un problema que acorrala a la ciudad por sus cuatro costados.
En realidad no existe una orden de desalojo por escrito. El Inmerca, que es la institución que regula a los mercados en la ciudad, ha negado que exista una decisión en papel, pero sabemos que, en la práctica, hay toda una intención de desalojar los alrededores de la Plaza El Venezolano y sus espacios patrimoniales“, reconoce Blanco.
El miedo no es infundado: el 24 de abril un madrugonazo de la Alcaldía de Libertador tomó por asalto el Pasaje Linares, una cuadra vecina, donde fueron desalojados 19 comerciantes. En esa ocasión el ayuntamiento local le puso la cuenta regresiva a más de 400 empleados que perdieron su vínculo con un lugar de alta fama, cuya notoriedad le fue heredada del jolgorio de sus piñatas batientes de papel.
La advertencia en San Jacinto incluso obligó a los comerciantes a abrir las santamarías el 2 de enero, solo dos días después de Año Nuevo, una medida inusitada para quienes estaban acostumbrados a retomar sus actividades a mediados de mes. Con la crisis económica instalada en sus mostradores y los consumidores incapacitados para sustituir sus prendas de vestir, los comerciantes viven en incertidumbre.
Andreína Montepiedad, una comerciante cuyo local le permitió mandar a sus tres hijos a la universidad, asegura que a la alcaldesa Érika Farías no le vacila el juicio a la hora de defender los intereses de su gobierno. Andreína cree que la prioridad la tienen los árabes y extranjeros que secundan una gestión caracterizada por la improvisación, los proyectos a medio construir y el remedo de las zonas coloniales de las grandes ciudades.
La manzana donde se inserta el mercado popular forma parte del conjunto urbano de San Jacinto, declarado Bien de Interés Cultural en Gaceta N.º 36.762, de fecha 9 de agosto de 1979.
Sin embargo, desde que la Alcaldía de Libertador anunció el proyecto de desarrollo económico, social, cultural y turístico en la cuadra, el Gobierno solo ha dado muestras de rezago. De todo lo anunciado —entre lo que se cuenta un museo para Caracas— apenas existen las fachadas lavadas de la antigua estructura del Pasaje Linares. “Mi mayor temor es que la alcaldía nos quite lo que hemos ganado con trabajo y dedicación“, remata Montepiedad, una colombiana que llegó a Venezuela hace más de 37 años.
A propósito de ello, Blanco apunta que el Gobierno no tiene defensas suficientes en su sistema político para soportar una marcha de 960 comerciantes enardecidos rumbo a Miraflores. “Evidentemente, el Gobierno está dispuesto a echarse eso encima. La situación está como para calentar la calle“, dice. El descontento palpita en uno de los mercados más emblemáticos del centro, un recinto instalado a pocas cuadras de la sede de los principales organismos públicos.
La decisión de negarse al pago de un nuevo canon de arrendamiento, propuesto el año pasado por la alcaldía a los comerciantes, parece agravar el recelo de la jurisdicción. En un contexto económico de desabastecimiento, aseguran comerciantes, el Ejecutivo local intenta hacerse con lo que parece el último eslabón de la cadena de distribución: los 14 mercados del Distrito Capital.
Un contrato aletargado, enarbolado por la alcaldesa tiene a más de 12.000 concesionarios alarmados. El gremio asegura que las autoridades pretenden arrebatarles sus puestos que, en muchos casos, son bienes familiares con 20 y hasta 50 años de historia.
La mayor prueba de ello es lo que ocurre en el Mercado La Hormiga, en la parroquia Santa Rosalía, donde hace varias semanas 1756 concesionarios fueron amenazados por grupos de choque al negarse a desalojar sus espacios de trabajo. Los comerciantes temen perderlo todo si la alcaldía materializa su amenaza: apoderarse de los espacios y repartirlos entre sus adeptos.
El contrato elaborado por la alcaldía pone en tensión a más de 50.000 trabajadores de La Hormiga, entre empleados directos e indirectos. Según el gremio, solo en el Mercado de San Martín, uno de los más importantes de Libertador, existen 1864 propietarios en riesgo.
Los 12 mercados municipales de Libertador no solo le toman el pulso a la escasez de alimentos, también reproducen el drama del desempleo y del cierre de establecimientos, denuncia el gremio.
De acuerdo con la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, hoy los mercados municipales funcionan al 50 % de su capacidad, pero la situación es aún más dramática con las 14 ferias fijas instaladas en Distrito Capital, cuyos espacios funcionan al 5 %.
El coordinador del Frente Nacional en Defensa de los Trabajadores no Dependientes, Argenis Urruchaga, ha dicho que la intervención del Gobierno a esos establecimientos va en escalada. De 45 mercados a cielo abierto que proveen alimentos en el Área Metropolitana, se estima que solo 25 % están operativos, lo que ha reducido el acceso a los bienes de primera necesidad.
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