Tras el feminicidio que cometió el venezolano Yordy Rafael L.G en Ecuador, habitantes de la ciudad de Ibarra desataron una ola de actos xenófobos en contra de los venezolanos que allí residen. Pese a las agresiones físicas, no hubo heridos ni muertos. En respuesta al crimen de Yordy Rafael, el gobierno ecuatoriano decidió como medida de seguridad solicitar a los emigrantes de Venezuela los antecedentes penales apostillados.

Caracas. “Hoy tenía que ir a Ibarra por trabajo, pero mi jefa ecuatoriana casi que me lo prohibió. Para ser franco, tengo miedo de salir”, dijo Camilo Maldonado, venezolano de 30 años de edad, quien emigró en 2014 a Ecuador y trabaja como voluntario de una ONG.

El domingo, las calles de la ciudad de San Miguel Ibarra, capital de Imbabur en Ecuador, quedaron desoladas tras la ola de xenofobia que los ecuatorianos emprendieron contra los venezolanos en rechazo al femicidio cometido contra la ecuatoriana de 22 años de edad, Diana Carolina Rodríguez a manos del venezolano Yordy Rafael L.G.

El sábado 19 de enero, aproximadamente a las 10:00 p. m., Yordy Rafael asesinó a puñaladas a su novia Diana Rodríguez, quien tenía cuatro meses de embarazo. El periodista venezolano Arnaldo Espinoza, quien trabaja para Ecuavisa, dijo a Crónica.Uno que el asesinato ocurrió luego de que Rodríguez estuviese en situación de rehén durante una hora y medida.

“La amenazó en una vía pública, una zona concurrida en el centro de la ciudad. La policía intentó negociar, pero cuando se acercó el hombre, este reaccionó y la asesinó de varias cuchilladas”, aseguró. Relató que, pese a que en el lugar se encontraba funcionarios policiales, estos no actuaron para evitar el asesinato. “Desde que el expresidente Rafael Correa mitigó el uso de la fuerza letal de la policía, entonces existe la confusión en el código de actuación de los policías”, explicó.

La ministra de Interior, María Paula Pomo, escribió en Twitter que la muerte de Diana pudo ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Por lo que anunció la destitución de la gobernadora y del jefe de la Policía de Ecuador.

Por su parte, la fiscalía ecuatoriana, según informó el diario El Universo de Ecuador, “activó los protocolos respectivos para la formulación de cargos en contra del ciudadano” Yordy Rafael y comunicó que será presentado en las próximas horas.

Desde el mismo sábado en la noche se desató la persecución contra los ciudadanos venezolanos que residen en Ibarra, aseveró Espinoza. El domingo 20 de enero fue convocada una marcha por los vecinos de Ibarra, comenzó con consignas en contra de los venezolanos, agresiones físicas en la calle y terminó sacando a las familias de sus residencias.

“No quedó ni un venezolano. Cada que vez que voy a Ibarra siento que estoy en la redoma de Petare, viendo a los buhoneros en cada esquina, gente mendigando o limpiando vidrios en los semáforos”, cuenta Maldonado.

Aunque Maldonado vive en San Luis de Otavalo, una ciudad a unos 40 minutos de Ibarra, el domingo estuvo en esa zona por asuntos laborales. Cuenta que, de regreso a su residencia, vio colchonetas y objetos de los venezolanos tirados en la calle:

Un compañero me contó que los venezolanos estaban escondidos y que hacía unas horas habían sacado a varias familias que vivían allí. Le pregunté si sabía dónde estaban las familias y me dijo que algunos se fueron corriendo por la Panamericana vía Quito, otros huyeron en el otro sentido vía Colombia”.

Y agrega: “Logré ver a la distancia un grupo que corría, pero no detallé quiénes les perseguían. Se veía muchos taxistas tocando cornetas y dando vueltas como en plan de casería. Por ahora toca aplicar el perfil más bajo que se pueda”, lamentó.

La Policía de Ecuador informó este lunes a través de un comunicado difundido en Twitter que no hay venezolanos fallecidos o heridos “producto de altercados”.

No es la primera vez que los venezolanos en Ecuador se ven involucrados en crímenes. Espinoza señala que en mayo fue asesinado un taxista en la ciudad de Ambato y en Año Nuevo, cuatro venezolanos le quitaron la vida a otro ecuatoriano por una botella de licor. Como consecuencia, la xenofobia se ha recrudecido. En las encuestas, tras las elecciones regionales que se darán en dos meses, la migración venezolana ha sido mencionada como un problema de percepción pública.

En los últimos cuatro años han ingresado a Ecuador 1.336.543 venezolanos, de los cuales 250.000 se han establecido en ese país.

Pedirán antecedentes penales

La respuesta del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ante el feminicidio que cometió el ciudadano venezolano, fue ordenar la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. En el comunicado emitido el domingo 20 de enero asomó la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país.

Este lunes su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, en cadena nacional, anunció que los venezolanos requerirán la presentación de antecedentes penales o judiciales apostillados. Tras los cuestionamientos que se han desprendido sobre la vinculación de la nacionalidad con el crimen de feminicidio, Sonnenholzner insistió en que “la violencia machista no tiene nacionalidad”.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó que Moreno haya pretendido establecer una relación entre la violencia de género en Ecuador y la nacionalidad.

“Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y los que aprovechan esta situación para delinquir. Por eso los controles se fortalecerán y a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional; sanciones a quienes aprovechan la situación”, aclaró Sonnenholzner.

Espinoza explicó que, para solicitar cualquier visa temporal o permanente en Ecuador, es necesario presentar los antecedentes penales: “Ahora será un requisito de entrada, incluso para tránsito”.

Cifras de feminicidios en Ecuador

Gina Benavides Llerena, defensora del Pueblo en Ecuador, manifestó en un comunicado difundido el 20 de enero que estos “casos atroces hacen parte de una situación estructural de violencia machista que afronta el país”. Destacó que estas tienen lugar independientemente de la condición socioeconómica, edad, nacionalidad, condición migratoria u otros factores “a los que erróneamente se ha buscado atribuir como causa de estos hechos”, defendió.

Benavides exhortó al gobierno para que las medidas que se tomen en respuesta a lo ocurrido no generen criminalización y xenofobia.

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo indicó que en los últimos cuatro años en Ecuador se han cometido 587 feminicidios, uno cada tres días. Hasta noviembre de 2018; 75 mujeres fueron asesinadas “por el hecho de ser mujeres”, expone el documento. El 64 % tenían entre 14 y 36 años de edad. El 67 % de los crímenes fueron cometidos por sus parejas, exparejas, esposos o novios.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos exigió al Estado ecuatoriano “verdad, justicia y reparación en todos los casos de femicidio”, pero también rechazó categóricamente los actos de violencia contra los ciudadanos venezolanos, “después del lamentable pronunciamiento del presidente de la República, Lenín Moreno, sobre el caso de Diana”.

“Demandamos la inmediata intervención de las autoridades competentes para frenar la ola de violencia xenófoba a nivel nacional. Recordamos al estado ecuatoriano sus obligaciones constitucionales e internacionales de prevenir y tutelar los derechos humanos de todas las personas, en especial de aquellas inocentes que ahora son víctimas de discriminación y violencias en razón de su nacionalidad”, se lee en el documento.

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