En esta entrega sobre las deudas de Venezuela con el sistema de derechos humanos de la ONU les contamos que en 2015, la entonces canciller Delcy Rodríguez firmó un convenio por 250.500 dólares para asegurar la oportuna presentación de informes de DDHH. Aunque el Estado debe varios reportes, la asistencia financiera del PNUD se mantiene. En paralelo, el Gobierno se resiste a ratificar los tratados contra la tortura y las desapariciones arbitrarias.
Caracas. Cada período de sesiones, así como durante los exámenes periódicos universales de derechos humanos (cada cuatro años), los comités que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU remiten cuestionarios a los gobiernos basados en informes y denuncias presentados por la sociedad civil, respecto al incumplimiento de los derechos de su competencia.
En la primera entrega de este seriado, les contamos sobre la negativa de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a las reiteradas solicitudes de visita en terreno de parte de los relatores especiales y grupos de trabajo de derechos humanos de la ONU, a propósito de la solicitud de la Alta Comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, para venir a Venezuela. En esta última entrega nos enfocamos en la deuda del Estado con los mecanismos de seguimiento de derechos humanos de la ONU.
En noviembre de 2015, el gobierno de Maduro debía presentar un informe ante el Comité contra la Tortura; en agosto de 2017 el Estado envió un informe que fue considerado incompleto por el comité, el cual pidió respuestas específicas sobre las condenas a los agentes del Estado que cometen torturas y sobre el resarcimiento a las víctimas. Además, reiteran la petición de información sobre las detenciones arbitrarias de Leopoldo López y Daniel Ceballos, que el Estado debió responder en 2015 y no hizo.
Por otro lado, desde julio de 2016 el Comité de Derechos Humanos esperaba la rendición de un reporte solicitado en el marco del Examen Periódico Universal; la fecha tope para la presentación del mismo era el 24 de julio de 2018. Ambos comités preguntaron al gobierno de Maduro cuestiones relativas a las denuncias de represión, tratos crueles, persecución y judicialización de la protesta disidente, pero el Estado no respondió. En el caso de la falta de respuesta al Comité de Derechos Humanos, esa instancia dio por cerrada la etapa de seguimiento y desaprobó a Venezuela en esta materia al asignarle una calificación de “D”.
Ese acto de omisión administrativa de sus responsabilidades internacionales podría tener otras implicaciones, si se toma en cuenta que, el 4 de febrero de 2015, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Venezuela) creó un sustancioso fondo de 250.500 dólares para garantizar la rendición de informes de parte de Venezuela. La vigencia del convenio era del 16 de febrero de 2015 al 16 de agosto de 2016. La firma que aparece en el acuerdo por parte del Estado venezolano es la de la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
El proyecto, identificado con el número 92205, se denomina Diseño e implementación del Sistema Nacional de Seguimiento a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Venezuela, y forma parte del componente de programa del PNUD denominado Acceso y calidad de los servicios básicos y los bienes públicos. Para aquel momento, el representante permanente del PNUD en Venezuela era Niky Fabiancic, hoy representante del organismo en Brasil.
La revelación
La profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar, hizo la revelación a Crónica.Uno:
“Venezuela está en un momento de incumplimiento de sus obligaciones internacionales, nuevamente. Lo interesante en este caso es que la oficina del PNUD en Venezuela otorgó un fondo de 250.000 dólares al Gobierno en 2015 para que hiciera el trabajo de seguimiento a los informes ya presentados. Ese seguimiento implica no solo la ejecución de las recomendaciones (que no se han cumplido) y la rendición de los informes de seguimiento, que tampoco se está cumpliendo. ¿En qué se fueron los 250.000 dólares? No lo sabemos. Con esa cantidad tenían hasta recursos para contratar personas que les hicieran los informes, pero aun así no los han preparado. Ahí hay un problema de abuso de los mecanismos de Naciones Unidas”.
A juicio de la defensora de DDHH, una de las razones para la no rendición de respuestas oportunas al Consejo de DDHH-ONU y sus mecanismos de vigilancia es que Venezuela va de salida de ese órgano. Su membresía de tres años, renovable por tres años más, se agota el próximo mes de diciembre: “Entonces no les interesa porque no necesitan los votos para una reelección. No les interesa aparentar que se están portando bien”.
Sin expectativas
El Consejo de DDHH espera que el próximo 1 de noviembre, Venezuela presente su informe sobre la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Mientras que el Comité contra la Tortura aguarda un informe respondiendo a las denuncias específicas de sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes de los detenidos. La fecha pautada por el comité es el 28 de noviembre, pero las expectativas del Centro de Derechos Humanos de la UCAB de que Venezuela cumpla con su obligación es baja.
Nosotros, que hemos hecho seguimiento al cumplimiento de los mecanismos internacionales de protección, creemos que Venezuela no va a presentar los informes de la Convención contra la Tortura, como no presentó el del Comité de DDHH. Nosotros estamos en desacuerdo con que la ONU le pague a un país para que cumpla con sus obligaciones, pero es que, en este caso, ni pagándoles para que lo hagan cumplen”, dijo Bolívar.
Mucha plata
Los 250.000 dólares del fondo firmado por Delcy Rodríguez en nombre de Venezuela son cinco veces los recursos destinados por Estados Unidos, el 25 de septiembre pasado, para auxiliar a los gobiernos latinoamericanos que están recibiendo la ola de refugiados venezolanos. La suma también equivale a la mitad de lo que Nicolás Maduro dijo ese mismo día que pediría a la ONU para apuntalar el plan de repatriación de los refugiados venezolanos y atender a los 8.950.000 extranjeros que, según dijo, viven en el país: “Tenemos entre nosotros a 5.600.000 colombianos, 500.000 ecuatorianos, 500.000 peruanos, 400.000 portugueses, 250.000 italianos, 200.000 españoles, un millón de compatriotas árabes que han venido de Siria, Libia y Palestina y más de 500.000 chinos”.
En la web del PNUD-Venezuela se puede verificar no solo la existencia del proyecto número 92205, sino su vigencia actual. Allí se lee que, para el mes de septiembre de este año, la oficina del PNUD en Venezuela acompaña 15 proyectos por un presupuesto total de 8,28 millones de dólares y que al día de hoy se han ejecutado 4,36 millones de dólares.
Pero si revisamos específicamente el componente de Servicios Básicos (Basic Services en ingles), al que pertenecen los fondos recibidos en 2015, encontramos que esa cartera cuenta actualmente con un presupuesto de 34.100 dólares, de los que se han ejecutado 10.000 dólares a la fecha.
El párrafo 43 sección “f” del Plan Estratégico del PNUD 2014-2017 dice textualmente que “los programas y proyectos –acompañados, creados o dirigidos por el PNUD en los diferentes países- se ceñirán a procesos y normas de calidad uniformes que serán de responsabilidad de los directores, en tanto que el seguimiento y la evaluación ayudarán a determinar las mejoras requeridas para lograr resultados sostenibles”.
Lo que sí ha hecho el Gobierno como parte del proyecto “Sistema Nacional de Seguimiento”, en los últimos dos años, es presentar la plataforma DDHHInfo, en la que los órganos públicos relacionados a la garantía de los derechos humanos deben cargar periódicamente data relevante en esta materia. En diciembre de 2016 –ya había vencido el contrato firmado en febrero de 2015- el Gobierno presentó la plataforma. Y en noviembre de 2017 el PNUD realizó un conversatorio con el objeto de nutrir la plataforma InfoDDHH. La ciudadanía no tiene acceso directo a esta información.
Se hablan pero no se entienden
Según el PNUD, InfoDDHH fue “creada para dar seguimiento a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos para la rendición de informes ante los órganos de tratados del sistema de DDHH de Naciones Unidas”, en el marco del proyecto titulado Diseño e implementación del Sistema Nacional de Seguimiento a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Venezuela.
Pero al revisar la Memoria y Cuenta de la Cancillería correspondiente a 2015, destacan dos asuntos. Primero, para la cancillería, el objetivo del citado proyecto es “el fortalecimiento institucional de la administración pública nacional, y mejorar la defensa de los logros políticos alcanzados en materia de derechos humanos” y que a través del Sistema Nacional de Seguimiento se “busca recoger los indicadores que producen todas las instituciones de la administración pública en el país, que reflejan la garantía de los derechos humanos a través de políticas públicas”. Un enunciado bastante diferente al del PNUD.
En segundo lugar, resalta el hecho de que en ninguna parte de la Memoria y Cuenta de 2015, el ministerio de Relaciones Exteriores refleja haber recibido o manejado los recursos del fondo. Entre las páginas 212 a 233 del informe de gestión, el Ejecutivo solo se refiere a 10 proyectos institucionales propios.
No se habla de torturas ni de desapariciones
La otra deuda preocupante del Estado venezolano tiene que ver con la adhesión y ratificación de los tratados fundamentales del Consejo de Derechos Humanos. En total son 13. Venezuela se adhirió a todos, pero hay dos que no ha ratificado: la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo de la Convención contra la Tortura.
Se trata de dos temas pendientes que cobran relevancia precisamente cuando el Estado venezolano y, en particular, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro son señalados de haber sistematizado y generalizado ambas prácticas, principalmente contra dirigentes, políticos y ciudadanos comunes disidentes de sus políticas.
Ligia Bolívar explicó que la diferencia entre la firma y la ratificación radica en que la segunda compromete al Estado a cumplirlo, a hacerlo ley en su país. Si un tratado es firmado, pero no ratificado, el Estado no está obligado.
Venezuela no ha ratificado estos dos instrumentos porque no le interesa. El Protocolo de la Convención contra la Tortura abre las puertas de manera permanente a un subcomité especial de verificacion. Esto jamas se va a firmar porque significa la posibilidad de que un subcomité visite el país sin siquiera pedir permiso; además, sus integrantes podrían ir a donde decidan, a donde piensen que pueda haber personas sometidas a torturas: al Sebin, a Ramo Verde, a un psiquiátrico, a donde quieran. Obviamente esa es la razón de la no ratificación”, sostuvo Ligia Bolívar.
Finalmente, es necesario resaltar que la ratificación de los tratados de derechos humanos debe ser obligatoriamente aprobada por la Asamblea Nacional para que se conviertan en ley de la república y sean mandatorios para el Gobierno de turno.
Fotos cortesía www.ve.undp.org
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