El retardo procesal ha beneficiado a los acusados por hechos de violencia contra manifestantes. Abogados sostienen que no pueden conocer las decisiones porque en los tribunales de Barcelona no hay ni hojas de papel ni tinta para imprimir
Barcelona. La noche del 9 de mayo de 2014 la vida de la estudiante del tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Santa María, Carlín Rodríguez, quien entonces tenía 19 años, cambió de forma radical.
Rodríguez se encontraba en una protesta que un grupo de estudiantes universitarios realizaba en el distribuidor Fabricio Ojeda de Lechería, en rechazo al arresto de sus compañeros que acampaban en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, una de las primeras manifestaciones en contra de Nicolás Maduro.
En medio de la protesta, una comisión de la Policía de Anzoátegui (Polianzoátegui) llegó al lugar y uno de sus agentes comenzó a disparar para dispersar la concentración, y le causó una herida de bala con entrada y salida en el costado derecho de la mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.
A casi cinco años de aquel suceso, que convirtió a la ahora periodista en una de las primeras víctimas de la represión de ese año en contra de manifestantes en Anzoátegui, Rodríguez sigue su lucha porque se haga justicia en su caso, que no ve llegar pese a que los responsables de su herida están plenamente identificados y aún se mantienen en servicio activo en la policía estatal.
Han sido cinco años muy duros. Hay un retardo procesal increíble cuando ni siquiera hay una hoja de papel y tinta para imprimir las boletas y sentencias. Mi caso ha pasado por cinco abogados, pero seguiré luchando hasta que se haga justicia. Estamos batallando contra la corriente, pero seguiré no solo por mí, sino por todos aquellos que quieren justicia”, dijo.
Una cicatriz evidente cerca de la mejilla derecha, acompañada de una parálisis facial en el mismo lado, le quedaron como secuela a Rodríguez de ese momento, el cual, señala, le cambió la vida y le hizo valorar cada día que amanece y respira.
“Ya no soy la misma niña a la que aquel policía le dio un balazo, ese instante me hizo madurar y valorar tanto a mis amigos, familiares y personas que nunca conoceré, pero que me ayudaron en la recuperación. No me arrepiento en absoluto de lo que pasó, soy testigo vivo de lo que es capaz de hacer un régimen que no acepta otra idea que no sea la suya”.
Rodríguez afirmó que continuará acudiendo, así como lo hizo el lunes de esta semana, al Palacio de Justicia de Barcelona, en busca de una justicia que aún no llega.
Juicio con fecha
José Santoyo, defensor de Derechos Humanos, indicó que el retardo procesal, no solo en el caso de Carlín Rodríguez, sino también en el de César Pereira (primera víctima fatal de las protestas antigubernamentales en Anzoátegui en 2017) y Félix Acosta (herido de bala en el pecho el pasado 23 de enero en el sector de Tronconal III en medio de una manifestación en pro de la ayuda humanitaria), ha beneficiado a los acusados.
Santoyo informó que la fecha del inicio del juicio en contra del agente de Polianzoátegui acusado de quitarle la vida a Pereira, Onán Pereira, se programó para el próximo 25 de abril, pese a que su presentación se ha diferido en 10 oportunidades. “Pereira (Onán), no fue aceptado en el centro agroproductivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona por órdenes de la ministra Iris Varela”, dice.
En el caso de Acosta, asegura que él reconoce al funcionario que le disparó, pero tanto la policía municipal de Barcelona como la Bolivariana se “pelotean” la responsabilidad. “El Cicpc recolectó la evidencia en el lugar, incluyendo videos de los comercios cercanos, pero no han identificado al funcionario. El retardo procesal es tan bárbaro que así te asista la razón no puedes conocer una decisión porque abogados y terceros tienen que traer hojas y tinta a los tribunales para que las decisiones se impriman”, puntualizó.
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