“La visita es un reconocimiento a la profundidad de nuestra problemática. Esto es una conquista de las demandas democráticas del pueblo venezolano. Tuvimos que esperar 17 años para que un funcionario de esta envergadura con competencia en DD. HH. viniera a Venezuela”, indica el sociólogo y defensor de Derechos Humanos, Rafael Uzcátegui.
Caracas. La presencia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien arribó este 19 de junio a Venezuela, genera reacciones en la sociedad civil que clama por salud, educación y libertad para los presos políticos. El sociólogo y coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, explica que la visita de la funcionaria debe entenderse como “un reconocimiento a la gravedad” de la situación de los derechos humanos en el país.
Este jueves 20 de junio se llevaron a cabo distintas manifestaciones en Caracas. A las 9:30 de la mañana educadores y representantes del sector salud, reunidos en la avenida México, entonaron: “Con hambre y miseria no hay salud, ni educación. Doctora Bachelet, Maduro es Pinochet”. En los carteles hechos a mano se leía “No más muertes, ni un niño más”, así como “Fuera ya; queremos una vida digna y libertad”. Los manifestantes exhortaron a la funcionaria a ser objetiva y a que su visita no se redujera a “meterse en una oficina”. Del otro lado de la ciudad estaban los familiares de presos políticos. Globos blancos y hojas con los nombres de algunos crearon el espacio para que esposas, hijos y madres clamaran por la libertad de los detenidos. Según la ONG Foro Penal a la fecha se registran 715 presos políticos.
“La visita hay que entenderla como un reconocimiento de la gravedad de la situación de Venezuela en materia en derechos humanos. La alta comisionada no va a los países a hacer visitas de cortesía ni protocolares. Ella visita los países que tienen graves problemas en materia de derechos humanos para intentar establecer políticas con las autoridades que controlan territorios y mejorar esa situación. La visita es un reconocimiento a la profundidad de nuestra problemática. Esto es una conquista de las demandas democráticas del pueblo venezolano. Tuvimos que esperar 17 años para que un funcionario de esta envergadura con competencia en derechos humanos viniera a Venezuela. La última fue en 2002, cuando el doctor César Gaviria como secretario general de la OEA estuvo en nuestro país, luego de los sucesos de abril de ese año. Ha sido la presión de muchos actores y especialmente de ONG de derechos humanos que lograron que se diera un mandato por parte de las Naciones Unidas para que visitara nuestro país y poder constatar todas las diferentes denuncias en aras a lo que será su tercer informe”, señala Uzcátegui.
A juicio del especialista la observación de Bachelet es una posibilidad para que personas concretas puedan ver mejorada su situación de derechos humanos. “Si por esta visita logramos que 5, 10, 20 presos políticos recuperen su libertad, por supuesto que será positivo para ellos y sus familiares”, dijo desde una manifestación organizada por la sociedad civil en Parque Cristal.
La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, pidió a la alta comisionada “ser la voz de los que no tienen voces”. La representante del sector salud indicó que en Venezuela se violan los derechos humanos y que existe una judicialización contra los trabajadores que han protestado. Por otro lado, aseguró que 3500 venezolanos están a la espera de trasplante de órgano, que cinco niños murieron en mayo por no recibir trasplantes de médula ósea y que existen 18 estados con malaria. “Estamos aquí a pesar del riesgo que corremos. Nos persiguen, las protestas son reprimidas por los cuerpos de seguridad. Escuche la voz del pueblo de Venezuela”, reiteró.
La visita de Bachelet sucede tras una invitación del gobierno de Nicolás Maduro en noviembre de 2018 luego del exhorto que hizo meses antes la Asamblea General de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos al gobierno de Venezuela, al preguntarle al coordinador general de Provea por qué las autoridades acceden en este momento a recibir a un observador internacional dice: “El gobierno piensa que las afiliaciones ideológicas están por encima de cualquier consideración sobre derechos humanos y está equivocado, si bien ella siendo presidenta de Chile, como representante de un partido político socialista, no se pronunció con contundencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, ahora en este rol que le obliga a ser fiel a unos principios y tener una serie de competencias, deja de ser una camarada. Ella ahora es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así que su lógica y su compromiso son absolutamente diferentes y creo que es una situación que el gobierno no ha entendido”.
El gobierno también está interesado en la fotografía de Maduro con Michelle Bachelet, porque seguramente va a intentar decir que eso significa una opinión política sobre la naturaleza del mandato de Nicolás Maduro, cosa que no es así”, dice Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.
A su juicio el gobierno tenía interés en que la visita ocurriera en esta fecha para incidir en el contenido de un tercer informe especial sobre Venezuela que el organismo divulgará el próximo 5 de julio. “El gobierno está particularmente interesado en incluir parte de la narrativa oficial y que allí se sugiera o se diga que las sanciones económicas fueron responsables de la crisis social y económica que hay en Venezuela”, explica.
Esta semana familiares de presos políticos que no se habían pronunciado, lo hicieron con motivo de la inspección de la funcionaria. A los venezolanos que tienen expectativas sobre la presencia de Bachelet, Uzcátegui les dice que, “por primera vez en los últimos años una institución independiente con competencia en materia de derechos humanos está en el país”. “Ellos saben perfectamente que no cuentan con un Ministerio Público, tampoco con la Defensoría del Pueblo y es por eso que es importante contar con oídos receptivos que puedan canalizar sus denuncias y que se instale una oficina permanente del Alto Comisionado con funcionarios de ese ente que se encuentren en Venezuela, esto va a establecer un mecanismo para que ellos (las víctimas) sean escuchados y para constatar en el terreno las diferentes denuncias y situaciones y para que haya una incidencia en las autoridades que pueden corregir esa situación”, dice.
Las ONG de derechos humanos tendrán un espacio de una hora para reunirse con la alta comisionada este jueves. Uzcátegui contó que el derecho de palabra será breve, además, expresó que darán solo mensajes claves, debido a que las denuncias y la documentación de violación de derechos humanos ya reposa en manos del equipo técnico con quien, aseguró, mantienen una fluida relación desde hace varios años.
Las peticiones de Provea son: respeto a los derechos políticos y electorales, recuperar la institucionalidad democrática en el menor tiempo posible, que haya un pronunciamiento contundente sobre las violaciones de derechos humanos, neutralizar los operativos de las FAES y la participación de grupos paramilitares y que sean sustituidas por políticas respetuosas de los derechos y, por último, mayor protagonismo de las delegaciones de Naciones Unidas en la emergencia humanitaria compleja. “Estas agencias han tenido una respuesta tardía y solamente Cáritas y la Cruz Roja son las que están suministrando ayuda humanitaria, así que Naciones Unidas puede tener un rol más protagónico coordinando con estas otras instituciones para paliar el drama de los venezolanos”, expresó Uzcátegui.
Torturas y desapariciones
Desde hace más de una semana la familia del general Raúl Isaías Baduel desconoce su paradero. La última visita ocurrió en “La Tumba”, una cárcel que ha sido denunciada como centro de tortura, ubicada en el Sebin de Plaza Venezuela. Margaret Baduel manifiesta que su padre está en una desaparición forzosa. “No ha sido visto por sus abogados ni por sus familiares, se presume por lo que dicen extraoficialmente que lo llevaron a Fuerte Tiuna, pero nadie nos confirma esa información”.
La familia espera que la alta comisionada de Naciones Unidas vaya a las cárceles y vea con sus propios ojos lo que ocurre en ellas. Cada día los hijos de Baduel llevan comida al Dgcim de Boleíta. “Nos dicen que debemos dejarla allí y que ellos son los encargados de llevarla a la policía militar de Fuerte Tiuna, pero realmente la dejamos quizás confiando a ciegas de que vaya a ser entregada, pero no sabemos si realmente pasa”, agrega Margaret.
En los 10 años que lleva detenido el general solo dos veces ha tenido un chequeo médico, el último fue en el Sebin de Plaza Venezuela. Sus familiares aseguran que no es exhaustivo, solo toman la tensión y hacen un examen de sangre. Baduel es hipertenso, además por las condiciones en las que pasa los días en “La Tumba” los hijos le llevan un tratamiento de vitaminas para suplir la falta de luz solar. Sobre el estado emocional del militar, Margaret dice: “Papá es un hombre de fe y eso es lo que le ha dado la fortaleza a él y a nosotros para sobrellevar esto. (…) El régimen siempre nos ha mentido, siempre nos ha hecho daño, no solo a nosotros sino a todos los venezolanos”.
En mayo de 2019 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó el asesinato de seis personas en medio de protestas realizadas ese mes. Las manifestaciones aumentaron 81 % en comparación a mayo de 2018 (850), con 51 diarias y 1541 en total. Las exigencias pasan por servicios básicos, derechos políticos, derecho a la salud y a la alimentación. Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja, según expertos, lo que ha llevado a 4 millones de venezolanos a abandonar el país y a ubicarlo como el mayor solicitante de asilo en el mundo.
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