Con los decesos de Ronney Eloy Tejera Soler y de Andrés Uzcátegui, ocurridos durante el desarrollo del paro cívico de este jueves, se alcanzó la fatídica cifra del centenar de fallecidos, según las estadísticas del Ministerio Público.
Caracas. 100. Ese es el número de personas que, hasta ahora, han perdido la vida debido a los intentos del Gobierno de ponerle coto a la actual ola de protestas que hace más de 100 días estalló en el país, en respuesta a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en la práctica liquidaron a la Asamblea Nacional dominada por la oposición, de acuerdo con los registros que lleva el Ministerio Público (MP).
El despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz confirmó que este jueves, durante el desarrollo del paro cívico que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó en rechazo a la Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, dos jóvenes más perdieron la vida durante los enfrentamientos con cuerpos de seguridad o con miembros de los grupos civiles armados afectos al oficialismo.
El primer fallecido se registró en la ciudad de Los Teques (Miranda), donde Ronney Eloy Tejera Soler, de 24 años, perdió la vida al recibir un disparo mientras vigilaba una barricada en Santa Eulalia, reportó el MP, organismo que aseguró que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya se encuentran realizando las investigaciones.
El segundo fallecido, identificado como Andrés Uzcátegui, murió en el sector La Isabelica de la ciudad de Valencia (Carabobo), donde también se registraron fuertes enfrentamientos entre policías regionales y efectivos de la Guardia Nacional contra manifestantes. Además de esta muerte, seis personas más resultaron heridas.
Pero la represión policial y militar no solo dejó un saldo de muertes y heridos. Hasta las 5:30 p. m., el Foro Penal Venezolano tenía contabilizadas 173 detenciones en distintos estados del país.
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Hasta finales de junio, la Fiscalía tenía confirmados 23 casos de personas fallecidas y 853 lesionadas, los responsables eran funcionarios policiales o militares.
Los datos anteriores explican porqué Ortega Díaz anunció en días pasados su intención de citar para imputar al mayor general Antonio Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional hasta junio; y al general en Jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Según la información suministrada por el organismo, 40 uniformados estaban presos o sobre ellos pesaban órdenes de detención, mientras que 26 eran civiles y dos de ellos eran miembros de los llamados “colectivos”.
El jueves, la Fiscalía confirmó la detención de José Gregorio Rangel, de 43 años y miembro del colectivo “Vencedores en Cristo”, por su presunta participación en el asesinato de la enfermera Xiomara Scott, ocurrido el 16 de julio durante el ataque que perpetraron contra el “Punto Soberano” que la oposición instaló para la consulta contra la Constituyente cerca de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
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