Algunos de los procedimientos son similares a los que organismos como la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos han utilizado en la cárcel de Guantánamo (Cuba) o en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.
Caracas. Pese a que la Constitución en el numeral 1 de su artículo 46 señala que “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, este tipo de prácticas no son extrañas entre los cuerpos policiales y militares venezolanos. Sin embargo, en los últimos años no solo se han hecho más frecuentes, 574 víctimas contabilizó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) solo en 2019; sino que se han sofisticado.
Al menos esta es la conclusión a la que se llega al revisar el extenso y contundente informe que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas publicó esta semana.
En el reporte, la instancia denunció que en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) decenas de ciudadanos que han sido detenidos, por motivos políticos o no, han sufrido distintos tipo de malos tratos con el propósito de que confiesen crímenes, sin importar si en realidad los cometieron o no, o para que incriminen a otras personas, en particular a líderes opositores.
Tras investigar 33 detenciones ejecutadas por agentes del Sebin entre 2014 y 2018 y otras 77 cuyos autores fueron miembros de la Dgcim, los investigadores designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lograron identificar las siguientes 10 prácticas de tortura:
- Golpear a los detenidos con “bastones y objetos afilados, dejando marcas visibles, huesos rotos y órganos dañados”.
- Colocarles las esposas “excesivamente apretadas para que provoquen cortes en las muñecas”;.
- Asfixiarlos con “sustancias tóxicas y agua”.
- Obligarlos a colocarse en posiciones de estrés conocidas como “el pulpo” (cargando un cinturón del que cuelgan cadenas para inmovilizar las muñecas y tobillos) y “la crucifixión” (esposado a tubos y rejas).
- Y mantenerlos en condiciones de luz constante o aislamiento en cuartos oscuros durante días, prohibiéndoles del uso a los baños.
- La violencia sexual, mediante la desnudez forzada, amenazas de violación o la violación en sí, también forman parte del repertorio del Sebin y del Dgcim.
- Hacer cortes o mutilaciones en pies y uñas.
- Los choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo, incluyendo los genitales.
- La privación de comida y agua o forzar a los detenidos a comer excrementos también figuran en el reporte.
- Por último, está la tortura psicológica, la cual incluye “amenazas de muerte a la víctima y a sus familiares”.
Para elaborar esta lista, así como su informe, la Misión llevó a cabo 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.
Violaciones a granel y sin freno
El reporte pone de manifiesto una enorme cantidad de violaciones al marco jurídico nacional e internacional, empezando por la Constitución de 1999 y siguiendo por la Ley para Castigar y Prevenir la Tortura y los Tratos Crueles de 2013, así como la Convención contra la Tortura.
El instrumento, en su artículo 17, castiga con hasta 25 años de cárcel al “funcionario que en funciones inherentes a su cargo lesione a una persona que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión”. En la misma disposición también se inhabilita para el ejercicio de cargos públicos por hasta 25 años al funcionario condenado por este crimen.
Por su parte, para aquellos policías y militares que infligen tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas que tengan bajo su custodia las castiga con 23 años tras las rejas y el mismo tiempo de inhabilitación.
Pese a la dureza del texto, el mismo es letra muerta porque no ha sido aplicada hasta ahora. Ni siquiera en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, del cual hay más que motivos para sospechar que murió en junio de 2019 víctima de la paliza que le propinaron sus captores en el Dgcim, el Ministerio Público no ha hecho uso de la Ley contra la Tortura y, por el contrario, optó por acusar a los tres sospechosos de homicidio preintencional.
Precisamente la falta de castigo a estas prácticas no pasó desapercibida y por ello en el informe se fustiga duramente a jueces y fiscales. “El Poder Judicial no ha actuado como un control de los demás agentes del Estado, perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos. La mayoría de las violaciones y crímenes documentados por la Misión no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de los presuntos responsables. A pesar de recibir información de que las víctimas habían sido torturadas, los y las fiscales y jueces no investigaron ni sancionaron esos actos. Hay motivos razonables para creer que esas omisiones se vieron afectadas por la falta de independencia judicial”, se lee en el documento.
Los procedimientos expuestos en el informe violan la Convención contra la Tortura que Venezuela ratificó en 1991 y otros tratados.
“Ciertas técnicas de interrogatorio constituyen tortura u otros malos tratos y, por tanto, están prohibidas. Entre ellas se encuentran: las palizas, los abusos sexuales, la humillación, el simulacro de ahogamiento (waterboarding), la aplicación de “grilletes cortos” (que inmovilizan a la víctima en una postura extremadamente incómoda), las posturas forzadas, el uso de perros para infundir temor, el amedrentamiento de la persona aprovechando sus fobias, la reproducción de música a un volumen excesivo, la privación de sueño, la privación sensorial (como vendar a la persona los ojos o ponerle una capucha), las amenazas (incluidas las amenazas de tortura, muerte y daño a seres queridos), las sacudidas violentas, la exposición a temperaturas extremas, la electrocución, la asfixia (por ejemplo, con bolsas de plástico), la extirpación de uñas de los dedos de las manos y de los pies, las quemaduras con cigarrillos y la ingestión por la fuerza de excrementos y orina”, recordó Amnistía Internacional en un informe donde citaba resoluciones del Comité contra la Tortura y del relator contra la Tortura de la ONU.
Cachicamo diciéndole a morrocoy…
Algo llamativo del reporte es que algunas de las prácticas de tortura denunciadas venían ocurriendo en el pasado y fueron muy denunciadas por representantes de las administraciones de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. Incluso familiares de algunos de ellos fueron víctimas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jorge Rodríguez, padre de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien murió en la década de los setenta a manos de agentes de la Dirección General de Policía (Digepol, predecesora del Sebin).
Así mismo otras prácticas como del llamado “waterboarding”, mediante el cual se coloca un trapo en la cabeza de la víctima y luego se le deja caer agua para generar una sensación de ahogo, es una de las técnicas que utilizó la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) con supuestos terroristas islamistas para obtener información. Esta práctica está prohibida internacionalmente por el Comité contra la Tortura de la ONU.
La privación del sueño mediante la iluminación permanente o el sonido, la desnudez forzada y las amenazas de violación son otras tácticas utilizadas por los servicios secretos y por el Ejército estadounidense en Irak. En 2003 el mundo se conmocionó con las imágenes de lo que ocurría en la cárcel de Abu Ghrabi, donde prisioneros iraquíes fueron sometidos a algunas de las prácticas antes mencionadas. Este caso forzó a Washington a prohibir estos “métodos de interrogatorio profesional”, como los denominaba, en 2009.
En su informe la Misión asevera que “tiene motivos razonables para creer” que Nicolás Maduro “tenía conocimiento de violaciones y crímenes, en particular las detenciones arbitrarias y los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes” o incluso los ordenó directamente, razón por la cual considera que el ocupante del Palacio de Miraflores está incurso en delitos de lesa humanidad.
Lea aquí el informe completo de la Misión de la ONU
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