La ONG Espacio Público presentó su informe anual, en el que destaca que 2019 ocupa el primer lugar en número de violaciones del derecho a la información y a la libertad de expresión. Durante la cuarentena, la ONG ha registrado 28 detenciones arbitrarias.
Caracas. En 2019 Espacio Público documentó 468 casos que sumaron 1049 denuncias de violaciones del derecho humano a la libertad de expresión. Estos datos son los segundos más altos desde el año 2002, y muestran el notable deterioro de las garantías de este derecho en el país.
Los 468 casos en los que se vulnera el derecho a la libre expresión en su mayoría corresponden a los primeros meses del año, tras la movilización opositora del 23 de enero, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La convocatoria para el ingreso de la ayuda internacional con fines humanitarios a territorio venezolano, en el mes de febrero, y el colapso del sistema eléctrico nacional, durante el mes de marzo, también fueron hechos de interés público que demandaron una importante cobertura informativa e incluyeron numerosos casos en contra de trabajadores de los medios.
Las 1049 denuncias de violaciones del derecho documentadas este año indican un incremento de 73 % con respecto al número de violaciones registradas en el año 2018. A pesar de que 2019 se sitúa en segundo lugar con respecto al total de casos, ocupa el primer lugar en número de violaciones.
Entre los patrones de violaciones más frecuentes están: intimidación, censura, restricciones administrativas y agresiones contra periodistas, reporteros gráficos e infociudadanos por registrar hechos o difundir información, la mayoría de estos en contextos de coberturas de calle.
Durante el año pasado, 66 % de los casos de intimidación estuvieron relacionados con el impedimento a periodistas de las coberturas durante el desarrollo de protestas ciudadanas por derechos políticos y sociales. De igual forma, la labor de periodistas y reporteros se vio afectada por la prohibición de acceso a instituciones públicas, como la Asamblea Nacional.
El año 2019 cerró con la detención de 114 personas por la difusión de denuncias u opiniones a través de redes sociales y medios de comunicación. De estos, 64 % son trabajadores de la prensa, y en su mayoría fueron excarcelados luego de permanecer retenidos durante algunas horas por los distintos cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, lo cual revela la arbitrariedad de los procedimientos. El Gobierno utiliza el sistema de justicia venezolano para intimidar e inhibir la libre expresión.
Espacio Público también documentó cómo la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) fue responsable de 25 % de las restricciones administrativas registradas, lo cual la convierte, en este caso, en el principal victimario. En por lo menos 93 oportunidades la empresa estatal implementó bloqueos de distintos tipos para evitar el ingreso de usuarios a determinados sitios y redes sociales, como Youtube, SoundCluod, Twitter e Instagram. En su mayoría, dichas medidas coincidieron con el desarrollo de movilizaciones opositoras o alocuciones del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Internet se vio afectado por las fallas del sistema eléctrico nacional, situación que se registra cada vez con más frecuencia y que durante 2019 perjudicó notablemente las comunicaciones, de manera simultánea, en gran parte del país.
En pandemia también hay violación del derecho a la información
Espacio Público adelantó la información que han levantado en los primeros meses del año y en el contexto de la pandemia. En este sentido, Marisabel Rodríguez informó que entre enero y abril documentaron 147 casos que se traducen en 407 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de información y expresión.
Explicó la investigadora de Espacio Público que aunque el número de casos es inferior al del mismo período del año pasado, cuando se registraron 252, se incrementó el hostigamiento verbal.
Indicó que buena parte de las denuncias registradas entre enero y abril corresponden a intentos de impedir la cobertura política, específicamente con actividades de la Asamblea Nacional. Tanto es así que solo en enero hubo unas 100 denuncias; y hostigamiento en contra de 158 trabajadores de la prensa y 20 trabajadores empleados del sector público o de la salud.
Mención especial merece la situación durante la cuarentena. Señaló que ya registran 28 detenciones arbitrarias de periodistas, voceros o particulares relacionados con difusión de información sobre la pandemia. En este sentido, destacó que expertos en salud han sido hostigados para que no ofrezcan sus versiones o análisis sobre la materia.
Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien fue el encargado del prólogo del informe anual de Espacio Público correspondiente al año 2019, destacó que el primer periodista detenido en la región por difundir información acerca de la pandemia fue Darvinson Rojas, arbitrariamente detenido el pasado 21 de marzo por las FAES.
El periodista estuvo detenido durante 12 días y sus abogados no han podido acceder al expediente.
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