72 detenidos en calabozos murieron por enfermedades durante el primer semestre de 2021

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De acuerdo con la investigación de Una Ventana a la Libertad, entre enero y junio hubo 95 muertes en 289 centros de detención preventiva que monitorearon en 21 estados de Venezuela. La principal causa de muerte entre los reclusos fue la tuberculosis, con más del 65 % de los casos.

Caracas. En el primer semestre del 2021 se registraron 95 muertes en los centros de detención preventiva, según el monitoreo de Una Ventana a la Libertad en 289 calabozos de 21 estados de Venezuela. De esta cifra, 72 fallecieron por razones de salud. 

La principal causa de muerte entre los detenidos fue la tuberculosis, con más del 65 % de los casos. Pero también hubo reclusos fallecidos por infartos, desnutrición, enfermedades respiratorias, neumonía, síntomas de COVID-19, cirrosis, hemorragias pulmonares, amibiasis y el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).

El informe semestral reveló que hubo 1522 casos de escabiosis (o sarna), 1468 reclusos con desnutrición, 1095 con tuberculosis y 437 con gripe. La desnutrición aumentó por la suspensión de las visitas en la pandemia, lo que ocasionó que los familiares no pudieran llevarles comida, agua e insumos de aseo a los detenidos.

La escabiosis o sarna por primera vez en los últimos años superó a la tuberculosis y a la desnutrición también. La mayoría son enfermedades altamente contagiosas. El aumento acelerado de la sarna es por las malas condiciones higiénicas, explicó Magaly Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad.

Entretanto, 15 detenidos murieron en presuntos enfrentamientos con funcionarios durante las fugas. Tres fallecieron en riñas, tres en abusos de funcionarios y dos en motines. 

El monitoreo que hace la organización no gubernamental reveló que los reclusos no tienen acceso frecuente a medicamentos o no cuentan con atención médica habitual. En ocasiones los detenidos son trasladados a los hospitales cuando sus condiciones de salud son graves. 

en calabozos
Familiares deben llevarles medicamentos a los privados de libertad. Foto: Tairy Gamboa

Tampoco tienen una adecuada higiene. Hay calabozos que no cuentan con pocetas, sino que tienen letrinas, y duchas improvisadas. También se conoce que acumulan la basura en las celdas o fuera de ellas y cuando llega el aseo es que la sacan.

Las condiciones higiénicas, la alimentación y la atención médica dependen de las familias; estos tres datos demuestran la improvisación de las medidas tomadas, agregó Huggins.

La investigadora destacó el caso de un recluso, en el estado Lara, que fue trasladado en una moto a un centro de salud, lo cual no solo aumenta el riesgo para el enfermo, sino también para los funcionarios que lo llevaron, tomando en cuenta que la mayoría de las enfermedades son altamente contagiosas. 

Los traslados los hacen en patrullas como ambulancias improvisadas, otras veces en los carros de los funcionarios o en los carros de los familiares.

Todas estos problemas, aunados al hacinamiento, empeoran las condiciones de reclusión de los detenidos. El monitoreo reveló que hay 292 % de hacinamiento, es decir, la organización contabilizó 25.186 presos, pero hay cupo solo para 8634 personas

En junio el mandatario Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión especial para “la revolución judicial”, para resolver la sobrepoblación en los centros de detención preventiva en un lapso de 60 días. Cilia Flores y Diosdado Cabello estarán a la cabeza de esta comisión.

Extorsiones, otro problema para familiares de detenidos

El monitoreo de Una Ventana a la Libertad también indicó que en 19 % de los calabozos los familiares confirmaron que son víctimas de extorsión para poder ingresar a los recintos medicinas, comida, útiles de aseo personal y también para visitarlos. 

Huggins comentó que tienen conocimiento de parientes que deben pagarles en dólares a los funcionarios o a los pranes de los recintos: Algunos pranes todavía cobran en bolívares la cuota (o la causa) a los detenidos.

Por la pandemia de COVID-19 fueron suspendidas las visitas y esto incrementó la desnutrición en los detenidos, pues sus familiares proveen alimentos a diario. Foto: Tairy Gamboa

La investigación también documentó casos de parientes que reúnen en una sola bolsa varios medicamentos y pagan entre todos los 10 dólares que cobran los funcionarios, para poder hacerles llegar los insumos a los detenidos. 

En seis calabozos se conocieron casos de extorsiones sexuales, principalmente a mujeres que se ven obligadas a pagar con sexo algún tipo de beneficio. Sin embargo, hay hombres que también podrían resultar afectados pero no lo hacen público, al igual que los miembros de la comunidad de lesbianas, gais, ​ bisexuales, transgénero, travestis, intersexuales o queer (LGBTIQ+).

Toda persona que esté bajo custodia del Estado su vida y su calidad de vida depende del Estado, es una violación flagrante del Estado el no garantizar la vida de las personas detenidas, recordó Huggins.


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