Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea han ordenado bloquear bienes e impedir el ingreso a sus territorios a Nicolás Maduro y a sus colaboradores en el Ejecutivo, el sistema de justicia y el CNE. Los miembros de la ilegal Constituyente no se salvan. Las razones varían en cada caso pero incluyen violación de derechos humanos, actuaciones antidemocráticas, corrupción, tener vínculos con el narcotráfico y contribuir a la mala gestión económica.
Caracas. Desde el 9 de marzo de 2015, cuando el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió la polémica orden ejecutiva que declaró a Venezuela como una “amenaza inusual” para los intereses de ese país y retiró el visado a 7 altos funcionarios del gobierno venezolano, se desató una oleada de sanciones contra los altos dirigentes civiles y militares del Estado, que ha llegado a tocar al mismísimo presidente Nicolás Maduro.
En total, desde esa fecha se han producido 13 sanciones que afectan a 76 colaboradores o excolaboradores de Maduro —incluyendo a militares activos y cabezas de los poderes públicos— 4 dirigidas a penalizar transacciones específicas con el gobierno venezolano; además de la renovación del decreto Obama por parte de Donald Trump. Un empresario con negocios y vínculos con el alto Gobierno también fue sancionado (Samark López), pero su caso no fue considerado para esta nota por no tratarse de un funcionario público.
A Estados Unidos como emisor de las sanciones se han sumado los 28 países de la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido; este último no ha dictado sanciones personalizadas pero sí prohibió transacciones comerciales con Venezuela.
Los afectados
Al revisar las sanciones dirigidas a personas, destacan dos elementos en primer lugar: que el director del Sebin, Gustavo González López, es el funcionario que más sanciones ha recibido en estos tres años (4 en total) y que el presidente Nicolás Maduro le sigue el paso con tres sanciones.
En el caso de González López, fue sancionado con el retiro de la visa en marzo de 2015 por Estados Unidos “por su presunta vinculación con violación de derechos humanos y corrupción”. En septiembre de 2017, Canadá le congeló sus bienes en ese país “por su comportamiento antidemocrático”. En noviembre de 2017 nuevamente Estados Unidos lo sancionó “por su presunta responsabilidad o complicidad en graves violaciones a los derechos humanos”. Y el 22 de enero de este año por la Unión Europea hizo lo propio por su presunta participación o conocimiento “sobre serias violaciones de los DD. HH., detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y tortura”.
Por su parte, el primer mandatario nacional recibió su primera sanción al día siguiente de la elección de la fraudulenta ANC. El 31 de julio de 2017, el gobierno de Estados Unidos le congeló todos sus bienes y activos en ese país “por ser un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano”, dice el decreto. En septiembre del año pasado, Canadá lo incluyó en su lista de sancionados “por su comportamiento antidemocrático” junto con otros 39 altos funcionarios civiles y militares de su gobierno. Y en noviembre, EUA lo volvió a penalizar “por ser responsable o cómplice en graves violaciones de los DD. HH.”, junto con otros 20 ministros, exministros, directores de entes públicos, gobernadores, exgobernadores y constituyentes, entre otros.
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Pero Maduro no está solitario en la categoría de funcionarios con tres sanciones. Lo acompañan el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami; el presidente del TSJ, Maikel Moreno; la presidenta del CNE, Tibisay Lucena; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; el ministro del Interior, Néstor Reverol; el general Antonio Benavides Torres, exdirector de operaciones de la GNB, excomandante del REDI 1 y ex comandante general de la GNB; los magistrados Arcadio Delgado y Carmen Zuleta; y el director de la PNB, general Carlos Manuel Pérez Ampueda.
El caso de Benavides Torres es particular, ya que es el único señalado por el paso de civiles a la justicia militar, además de presunta violación de DD. HH., corrupción, conducta antidemocrática y responsabilidad en la represión.
La lista de funcionarios con dos sanciones abarca a 25 nombres, entre los que destacan el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello; el comandante general del Ejército, general Jesús Suárez Chourio; el general Sergio Rivero Marcano, ex comandante general de la GNB; la rectora del CNE Tania D’Amelio; los magistrados Juan Mendoza, Lourdes Suárez y Luis Damiani; y varios gobernadores y constituyentes.
Los que EEUU no ha sancionado
Llama la atención que de los 76 sancionados internacionalmente, 10 funcionarios no han sido incluidos en las listas negras de Estados Unidos y solo figuran en las penalizaciones de Canadá y la UE.
Los nombres de ese grupo destacan por su posición estratégica a la hora de una posible negociación: el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; el principal representante del cuerpo diplomático Roy Chaderton; los delfines de Maduro, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez; el comandante general del Ceofanb, Remigio Ceballos; el contralor general Manuel Galindo y el superintendente nacional tributario, José David Cabello.
Verdes y rojos
16 militares activos de alto rango al momento de su sanción, empezando por el ministro de la Defensa han sido penalizados desde 2015. Las causales varían en cada caso, pero los decretos de EE. UU., la UE y Canadá que los declaran sancionados los señalan por su presunta complicidad en violación de DD. HH., corrupción, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, tortura y enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, entre otros.
Además de Suárez Chourio, Benavides Torres, González López, Rivero Marcano, Pérez Ampueda y Reverol, se suman: Miguel Vivas Landino, ex inspector general de la FANB (presunta violación DD. HH. y corrupción); Remigio Ceballos, comandante del Ceofanb (comportamiento antidemocrático); Gerardo Izquierdo, ministro de Fronteras (presuntos hechos de corrupción o actuar contra la democracia); Manuel Bernal, jefe de la 31 Brigada Armada de Caracas y exdirector del Sebin (presunta violación de DD. HH. y corrupción); Franklin García excomandante de la REDI-Occidente (presuntos abusos contra los DD. HH. y corrupción); Favio Zavarce, comandante ZODI (hechos de corrupción o actuar contra la democracia); y Bladimir Lugo Armas, coronel GNB (por facilitar o apoyar la instalación de la ANC que “busca disolver las instituciones y es producto de un proceso antidemocrático”), entre otros.
Casi la mitad de los integrantes de la dirección nacional del PSUV tampoco puede hacer transacciones comerciales ni visitar EE. UU., Canadá y/o la Unión Europea. Además de Maduro, El Aisami y Cabello, los miembros de la cúpula pesuvista sancionados son Adán Chávez, Aristóbulo Istúriz, Darío Vivas, Elías Jaua, Érika Farías, Francisco Ameliach, Freddy Bernal, Jorge Rodríguez, Luis Reyes Reyes, Pedro Carreño. Se les señala de ser copartícipes del socavamiento de las instituciones democráticas en Venezuela y la violación de DD. HH.
Y 17 de los 500 integrantes de la ilegal asamblea constituyente también fueron sancionados incluyendo a su presidenta, Delcy Rodríguez. ¿Las razones?: disolver las instituciones, ser cómplices en violación de derechos humanos y acosar a la oposición, entre otras.
Tipo de sanciones
Se distinguen tres tipos de sanciones: contra los funcionarios públicos, contra sus familiares y contra empresas o activos del Estado.
En el caso de las sanciones personalizadas contra integrantes o exintegrantes del gobierno, las mismas consisten básicamente en la prohibición de entrada al territorio del país o los países que acuerdan la medida, congelamiento de bienes y cuentas bancarias en los respectivos países y prohibición a sus ciudadanos de hacer negocios de cualquier tipo con la persona en cuestión.
Hay otras medidas que si bien afectan a personas, son más genéricas y más amplias en cuanto a los afectados. Por ejemplo, la que entró en vigencia el pasado 18 de octubre de 2017 en Estados Unidos que prohíbe la entrada a ese país a “los miembros del gobierno de Nicolás Maduro y sus familiares”, en particular “integrantes del Ministerio de Interior y Justicia, la Cancillería, el Cicpc, el Sebin y el Saime”, pero esa lista no se tomó en consideración para esta nota.
Por último se encuentran las sanciones que afectan operaciones de empresas y activos del Estado. La primera de ellas fue la emitida el 25 de agosto de 2017 por Estados Unidos para penalizar las transacciones con Pdvsa, la compra de bonos de la República y títulos de deuda pública por parte de cualquier ciudadano o empresa estadounidense.
La segunda de esta naturaleza fue emitida por la Unión Europea el 13 de noviembre de 2017 que impone un embargo a la venta de armas a Venezuela y un veto a las exportaciones de equipos “que puedan ser utilizados para reprimir a la población”.
El 29 de enero pasado, el gobierno del Reino Unido emitió un decreto que prohíbe a cualquier persona que haga vida comercial en ese país o a cualquier ciudadano británico en el mundo realizar negocios con el gobierno de Venezuela. Además prohíbe la venta, transferencia de equipos y asistencia técnica para servicios de interceptación de comunicaciones en beneficio del gobierno de Venezuela, sin autorización previa.
La más reciente sanción de este tipo se conoció el pasado 19 de marzo y consiste en la prohibición del gobierno de EE. UU. de realizar cualquier tipo de transacción con la criptomoneda petro “por considerar que es un mecanismo que pretende evadir las sanciones previamente impuestas”.
Fotos: cortesía Reuters
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