La declaración conjunta critica la opacidad en la divulgación de los resultados de los pasados comicios y la represión poselectoral en Venezuela. De esta forma, reiteraron su apoyo a la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Caracas. En el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 31 gobiernos de diferentes partes del mundo emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su “profunda preocupación” por la crítica situación que enfrenta Venezuela, agudizada tras los cuestionados comicios del 28 de julio pasado.
En el pronunciamiento, divulgado este jueves, 26 de septiembre, las naciones, entre las que se cuentan Argentina, España, Estados Unidos, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia y Reino Unido, ratificaron su respaldo a los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en el país.
Los líderes internacionales “aplaudieron la participación del pueblo venezolano” en las elecciones presidenciales pasadas, en las que más de 12 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al voto, a pesar de “los desafíos” que enfrentaron. En alusión a las denunciadas trabas para la participación de la oposición.
Los jefes de Estado y representantes diplomáticos expresaron su satisfacción por la alta participación. Sin embargo, advirtieron que esta actitud cívica se vio “empañada por la falta de transparencia en el proceso electoral”.
Represión sistemática
En el texto, los firmantes recordaron que casi dos meses después de las elecciones, las preocupaciones sobre la integridad del proceso siguen sin respuesta, pues el Consejo Electoral Nacional (CNE) no ha proporcionado resultados verificables.
En ese sentido, se hicieron eco de los informes de los observadores internacionales, especialmente el que elaboró el panel de expertos de la ONU, quienes señalaron serias irregularidades que ponen en entredicho la legitimidad de los comicios.
Debe respetarse su voluntad, tal y como se expresó en las urnas. Sin embargo, han pasado casi dos meses desde las elecciones, y los llamados a la transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta”, lamentaron en el documento.
Además, en la declaración conjunta se denunció la represión sistemática que ha continuado tras los comicios, con graves violaciones de derechos humanos.
El comunicado también enfatizó su rechazo a las detenciones arbitrarias, principalmente de opositores y activistas. También cuestionaron las tácticas de intimidación que buscan “silenciar la disidencia”. Así aludieron a la represión que han documentado instancias como la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela.
En la carta se hace referencia directa al caso del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, al que la oposición da ganador, según el 83,5 % de las copias fidedignas de las actas del CNE que, no obstante, el organismo ha omitido publicar, pese a la presión internacional y contrario a lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Sobre la situación de González Urrutia, recalcaron que se vio obligado a abandonar el país tras recibir una orden de captura “por motivos políticos”.
En busca de la transición
Los 31 gobiernos hicieron un llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos, a quienes, recalcaron, detuvieron “sin las debidas garantías de un juicio justo”. Además, instaron a las autoridades venezolanas a permitir la libre expresión y reunión pacífica.
Entre otras solicitudes, pidieron el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela, expulsada en 2023. A próposito, resaltaron la importancia de que se cumplan los compromisos internacionales del país.
La declaración concluyó con un urgente llamado a los líderes venezolanos para que inicien un “diálogo constructivo”. Es decir, que facilite una transición política pacífica. Del mismo modo, abogaron por el restablecimiento de las instituciones democráticas, en línea con la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
El texto está respaldado por los Gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chile, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido y República Dominicana.
Los representantes de Letonia, Lituania, Luxemburgo, Suecia, Ucrania y Kosovo también participaron en la redacción de la carta, aunque no estuvieron presentes en la reunión en la que se firmó. Cabe destacar que Kosovo, pese a su inclusión en la deliberación privada, no es miembro pleno de la ONU.
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