El 21 de agosto de este año la OPS anunció el inicio de la implementación de fondos de Venezuela en España y Estados Unidos. Líneas prioritarias del acuerdo firmado, como el aumento en la detección de casos y la protección del personal de salud, siguen dando de qué hablar debido a las pocas pruebas que se hacen y los más de 250 sanitarios que han muerto por COVID-19.

Caracas. Lo que entonces se atribuyeron como un logro ambas partes de la política venezolana, a cinco meses de su firma se desconoce cuál ha sido el alcance que ha tenido para contrarrestar los efectos de la COVID-19, que al 17 de noviembre ha provocado la muerte de por lo menos 855 personas en el país, según registros oficiales.

El 2 de junio de este año el equipo asesor de la Asamblea Nacional (AN) y el Ministerio de Salud del gobierno de Nicolás Maduro firmaron un “acuerdo de colaboración”, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el fin de dar respuesta a la pandemia mediante líneas prioritarias de detección de casos y dotación de insumos.

La primera línea prioritaria de acción que fue trazada en el acuerdo por OPS, AN y Gobierno correspondía a la detección de casos activos mediante el diagnóstico de laboratorio. Tanto el equipo asesor de la AN como voceros de la OPS han advertido sobre la necesidad de aumentar la capacidad diagnóstica mediante pruebas PCR y la descentralización de laboratorios, petición que al día de hoy no se ha cumplido.

Ángel Álvarez, coordinador de la OPS Venezuela, dijo el 6 de septiembre en el acto de inauguración del Laboratorio Regional Dr. Félix Pifano de Yaracuy (apenas el tercero en ser autorizado para procesar pruebas PCR en el país) que esa incorporación a la capacidad diagnóstica permitiría procesar hasta 1000 muestras diarias más.

La OPS ha admitido en repetidas ocasiones que el retardo en obtener los resultados para detectar COVID-19 no da una visión clara de la situación actual de la pandemia en el territorio nacional. Es por ello que el organismo coordinó, a partir del acuerdo humanitario entre AN y Gobierno, la adquisición de 340.000 pruebas de antígeno para procesar entre 3000 y 4000 muestras más por día.

Sin embargo, la opacidad gubernamental impide conocer si realmente se está cumpliendo con la detección masiva de casos dado el –en teoría– leve aumento de la capacidad diagnóstica producto del acuerdo firmado. Expertos en epidemiología e infectología han alertado de que el bajo número de nuevos casos en las últimas semanas se debe a disminución de diagnósticos y no a que la epidemia esté controlada.

Personal desprotegido

Otro punto que fue acordado entre OPS, AN y Gobierno es el referente a la protección del personal de salud, que diariamente está en primera línea y es más propenso a contraer la enfermedad, especialmente si no cuenta con los insumos necesarios e implementos de bioseguridad.

El último balance ofrecido por algún vocero de las partes se hizo el 22 de julio de este año, cuando el doctor Julio Castro –de la Comisión de Expertos de la AN– informó la llegada de 1,15 millones de paquetes de mascarillas quirúrgicas, 185.200 máscaras respiradoras, 126.400 mascarillas de aislamiento o caretas, 7800 lentes protectores de seguridad y 18.920 batas. “No es suficiente, hace falta más”, dijo en esa oportunidad.

Y, en efecto, la llegada de ayuda humanitaria no resuelve por sí misma la situación en los hospitales venezolanos, inmersos en una emergencia humanitaria compleja desde 2015. Sin embargo, el estado actual, seis meses después del acuerdo, es desalentador: al 11 de noviembre, al menos 254 trabajadores de la salud han muerto por COVID-19 (30 % del total de 838 fallecidos hasta ese día).

Mientras que, según un reporte de Monitor Salud del 12 de noviembre, al menos tres de siete centros de salud de Caracas no tenían tapabocas para personal de emergencia y en todos se reutilizaban por la escasez del insumo. Solo en un centro (Lídice) le hicieron pruebas de descarte al personal.

Y, desde que se firmó el acuerdo entre OPS, AN y Gobierno, ninguna de las partes ha hecho mención de forma oficial a dotación de implementos de bioseguridad para hospitales o ambulatorios del país, ni la cantidad estimada de adquisición o los estados prioritarios para atender.

En cifras

El 21 de agosto de este año la OPS anunció el inicio de la implementación de fondos de Venezuela provenientes de cuentas del Banco Central de Venezuela en el Banco de España (2,5 millones de dólares) y en la Reserva Federal de Estados Unidos (10 millones de dólares) para la compra de medicamentos esenciales, equipos de protección personal y material quirúrgico.

El diputado Miguel Pizarro, comisionado para Ayuda Humanitaria de Juan Guaidó, indicó en un informe de cuentas y gestión presentado ante el Parlamento el 26 de agosto que otros 4 millones de dólares fueron entregados a la Cruz Roja para la compra de ayuda humanitaria y que en el último año se canalizaron, al menos, “162 entregas de ayuda humanitaria a hospitales, ONG, fundaciones y campamentos humanitarios”.

Entre abril y agosto de este año llegaron seis vuelos con carga humanitaria coordinada por organismos internacionales como Unicef, OMS, el Fondo de Población de Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y Unión Europea, así como los gobiernos de Alemania y Suiza, y al menos otros ocho vuelos fueron coordinados por el gobierno de Maduro junto con China, Rusia, Turquía, entre otros aliados.

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