Este lunes presentaron ante Tribunales Militares en el estado Táchira a 18 de los 31 civiles detenidos el 21 de marzo cuando comenzaron los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y la FANB. Dos quedaron en libertad luego de la audiencia preliminar. Este 8 de junio presentarán a otro grupo.

San Fernando de Apure-San Cristóbal. Este lunes se celebró la audiencia preliminar de 18 civiles detenidos en La Victoria, estado Apure, a quienes acusan de rebelión militar, ataque al centinela, sustracción de objetos militares y traición a la patria, y procesan por justicia militar. La decisión la tomó el coronel Benigno Antonio Medina, juez de control décimo cuarto de la Jurisdicción Penal Militar del estado Táchira.

Familiares y activistas de derechos humanos defienden su inocencia y denuncian detenciones arbitrarias, forjamiento de pruebas y obstrucción a la justicia.

Tras celebrarse este lunes la audiencia preliminar de 18 de los 31 civiles detenidos durante el conflicto armado de La Victoria, fueron pasados a juicio 13 acusados de rebelión militar, ataque al centinela, sustracción de objetos militares y traición a la patria.

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Walter Márquez denunció que los detenidos  pasados a juicio se negaron a aceptar los cargos debido a que el expediente es forjado. Foto: Cortesía.

Otros tres aceptaron cargos y dos fueron liberados, en esta primera jornada de la audiencia preliminar en el Tribunal Militar de San Cristóbal, estado Táchira, que continuará este martes 8 de junio para otros 7 civiles recluidos en el Pabellón Militar del Centro Penitenciario de Occidente (Procemil).

Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y director del Comité Internacional Contra la Impunidad (Ciciven), organismos que defienden legalmente a cinco de los detenidos, denunció que el juez militar de Guasdualito ordenó el pase a juicio de los 13 civiles porque “se negaron a aceptar los cargos, producto de un expediente forjado”.

Indicó, además, que los tres que aceptaron los cargos lo hicieron “bajo presión” y que ante la arbitrariedad elevará denuncia al relator de detenciones arbitrarias de la ONU en Ginebra y a la CIDH en Washington.

Con respecto a los dos liberados> uno es Mario Pereira, de 65 años de edad y que presenta condiciones serías de salud, y el otro es Elvis Guerrero, de 40 años de edad, quien sufre una discapacidad. El activista de los derechos humanos indicó que “lo hicieron porque no tenían más opción”.

Estos detenidos forman parte de un grupo de 34 personas, 6 de ellas mujeres, que fueron aprehendidas por funcionarios militares en la población de La Victoria ente entre el 21 y 26 de marzo, durante los enfrentamientos armados que se desarrollaron en la zona entre los uniformados y el disidente frente décimo de las FARC Martín Villa, por tres meses ininterrumpidos.

Funcionarios del operativo Escudo Bolivariano de la Fuerza Amada Nacional Bolivariana (FANB), presentes en frontera desde el 21 de marzo, practicaron las detenciones de 28 hombres y seis mujeres, en diferentes sectores de la parroquia Urdaneta, durante la primera semana del conflicto.

Tras su aprehensión en La Victoria, los 34 detenidos permanecieron 20 días en Guasdualito, 90 kilómetros más adelante, de donde fueron enviados el 13 de abril, por el juez militar 14 de esa jurisdicción, hasta Procemil, ubicado en Santa Ana del Táchira, a 500 kilómetros de la frontera.

De acuerdo con la lista dada a conocer por Márquez, las mujeres detenidas, de las cuales ninguna estuvo en la audiencia preliminar de este lunes, son: Mónica Andrea Triana González, Devora Virginia Puga Márquez, Carmen Cecilia Cubides Villamizar, Adriana López, Yorlis Paola Gil Moreno y Yuraimy Margarita Osorio Pérez.

Otros de los detenidos son: Romer Cantero, Jairo Moreno, Roberto Rosendo, Jhoan Hernández, Ubaldo Hernández, Carlos Gutiérrez, José Antonio Artiga, Edgar Hernández, Mario Pereira, Carlos García, Franklin Castillo, Kendri Lara, José Arnulfo Hernández, Edicson Quintero, Jorge Ávila, Yovanny Siabato, Franmer Castillo, Jairo Mujica, Francisco García, Rafael Gómez, Daniel Tovar, Víctor Mercado, Adolfo Mercado, Jesús Camargo y Elvis Guerrero.

Márquez no detalló quiénes de estas personas fueron a la audiencia preliminar de este lunes y según Javier Tarazona, presidente de FundaRedes, un fuerte dispositivo militar rodeó el Tribunal Militar e impidió el acceso incluso de familiares que esperaban afuera.

Esta audiencia preliminar se celebra a 76 días de la aprehensión y a 56 días de la reclusión en Procemil, en medio de cuestionamientos por parte de familiares y activista de derechos humanos, quienes han denunciado detención arbitraria, falsos positivos, obstrucción a la justicia, entre otros señalamientos.

Liberaciones previas

Previas a las 2 liberaciones de este lunes, el 12 de mayo fueron liberados, Arnold Yesid Cermeño Díaz, Evelio Acuña y Lino Remi García Rojas, a quienes no se les imputó ningún cargo. Estas liberaciones previas se realizaron tras cumplirse los 45 días reglamentarios para la presentación por parte de la fiscalía militar, del acto conclusivo de las investigaciones.

Simulaciones y expedientes fabricados

Según  Márquez, en testimonios e investigaciones que ha adelantado la Fundación El Amparo, la mayoría de los encarcelados fueron detenidos de manera arbitraria en sus casas, fincas de trabajo, queseras, panaderías y en alcabalas instaladas a lo largo de la carretera entre Guasdualito y La Victoria.

Asegura que “estamos en presencia de una simulación de hecho punible y expedientes fabricados” y que el Tribunal Militar 14º de control de Guasdualito habría inculpado a estos civiles, en cumplimiento de órdenes superiores.

Manifestó, además, que en este caso “existe un estado de indefensión muy grande porque el tribunal de control está en Guasdualito, si alguno de los imputados no está de acuerdo con la decisión tiene que recurrir ante la Corte de apelaciones en Fuerte Tiuna en Caracas; los que pasan a juicio, el Tribunal de Juicio está en San Cristóbal y quienes sean condenados, el tribunal de ejecución es en San Juan de Los Morros, estado Guárico, lo que afecta de manera grave la defensa tanto para los detenidos como para las acciones y diligencias que deban realizar sus familiares y abogados defensores”.

De acuerdo con el equipo de FundaRedes, pese a la insistencia de defensor público en que admitieran al menos uno de los cargos, los 14 detenidos que fueron pasados a juicio rechazaron tal petición, pues alegan que ellos no tienen grado de culpabilidad en lo ocurrido, por lo que pasaron a juicio.

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