Academia Nacional de Medicina pide a Saab investigar presunta venta ilegal de vacunas contra la COVID-19

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Los firmantes pidieron que se solicite al Ministerio de Salud la inmediata publicación del plan nacional de vacunación para identificar los aspectos técnicos más relevantes, como la priorización de los grupos a vacunar, lapsos para la administración de dosis, tipos de productos y cantidades disponibles en el país.

Caracas. En una carta publicada este 28 de mayo, la Academia Nacional de Medicina se dirigió al fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, para que el Ministerio Público, en uso de sus atribuciones, inicie una investigación para determinar la veracidad de la información sobre la presunta venta ilegal de vacunas contra la COVID-19 que están bajo custodia del Estado con rectoría del Ministerio de Salud.

La Academia Nacional de Medicina resaltó la necesidad de que se identifique quiénes podrían propiciar esa “criminal e irresponsable” práctica que “conduce a traficar con las pocas vacunas disponibles para la protección de los venezolanos” y exigieron que se tomen medidas para erradicar esa práctica delincuencial.

Desde el 18 de febrero hasta el 23 de mayo, han llegado 2.780.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 al territorio nacional. Al menos 550.000 dosis no se saben ni cuándo llegaron ni de qué farmacéutica son. De otro lote de 1,3 millones de vacunas solo se conoce que son traídas de China, pero la administración de Nicolás Maduro no detalló quién las fabricó. En total, con esa cantidad de dosis solo podrían vacunarse 1.390.000 venezolanos de una población superior a los 28 millones de habitantes.

Ante la poca cantidad de vacunas en el país, la Academia Nacional de Medicina resaltó que la venta ilegal de dosis contra la COVID-19 es una estafa a la credibilidad de los ciudadanos “desesperados por la obtención de una vacuna y desconocimiento de un plan nacional de vacunación”.

La carta está firmada por el doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y el doctor Huníades Urbina, secretario académico, quienes resaltan que esta actividad podría significar que las dosis sustraídas no cumplan la cadena de frío para su viabilidad como producto biológico o que su contenido no corresponda con la formulación, como, por ejemplo, la falsificación del producto.

La lentitud en la aplicación de un plan nacional de vacunación estimula a estas acciones delincuenciales que ponen en peligro la salud de los venezolanos y crea una falsa sensación de seguridad en quienes son víctimas de esta oferta engañosa, resaltó la Academia Nacional de Medicina en la carta dirigida a Tarek William Saab.

Los firmantes pidieron que también se solicite al Ministerio de Salud la inmediata publicación del plan nacional de vacunación para identificar los aspectos técnicos más relevantes, como la priorización de los grupos a vacunar, lapsos para la administración de dosis, tipos de productos y cantidades disponibles en el país.

En febrero, la administración de Nicolás Maduro llamó a los trabajadores sanitarios del sector público a vacunarse. Nunca dieron números sobre la cantidad de personas de este sector que se pudo cubrir. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) publicó a finales de marzo que se había inmunizado contra el coronavirus a 98.000 trabajadores, de los 400.000 aproximadamente que se estima que hay.

Luego, en abril, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) publicó en sus redes sociales que estarían llamando a los adultos mayores a través del sistema Patria, pese a que no todas las personas de la tercera edad están inscritos en esta plataforma. Incluso, muchos jubilados y pensionados han manifestado que no han sido convocados para recibir la primera dosis.

Mientras tanto, otras situaciones irregulares se presentan, como en el hospital Dr. José Gregorio Hernández, en Los Magallanes de Catia, donde hicieron listas con personas de todas las edades y sin patologías de base. Igualmente, el gobierno de Maduro insistió en que se entró a una “nueva fase de vacunación” que incluye menores de 60 años de edad con dos enfermedades de base, pacientes crónicos y trabajadores de otras áreas priorizadas.

La Academia Nacional de Medicina ha publicado 33 boletines públicos con el fin de orientar al Estado venezolano y a la población ante la escasa información emanada del ente rector de salud.

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Foto: Ivanna Laura Ordóñez
Mueren los trabajadores de la salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calculó que la tasa de letalidad del personal sanitario en Venezuela se ubica en 5,45 %, de acuerdo con su última actualización epidemiológica sobre la COVID-19 en las Américas para el 18 de mayo de 2021.

Esta información se basa en los datos que le envió el gobierno de Nicolás Maduro a la OPS, según los cuales hasta el 17 de mayo había 165 trabajadores sanitarios fallecidos mientras que otros 3026 se habían contagiado del virus. La tasa de letalidad indica la relación entre muertos y casos confirmados, por lo que se puede interpretar que en el país de cada 100 miembros del sector que se enferman, cinco de ellos fallecen.

No obstante, este dato es mucho menor que el conteo registrado por la ONG Médicos Unidos de Venezuela, que ha reportado 586 decesos del personal de salud en el país. Venezuela ha manejado los peores números de la región. En febrero, la letalidad de trabajadores de la salud en el país era de 7,21 %, mientras que en Ecuador estaba en 1,03 % y en Chile tenían una tasa de 0,19 %.

Un total de 1421 casos de COVID-19 fueron detectados en las últimas 24 horas por las autoridades sanitarias venezolanas para un acumulado de 228.828 personas infectadas. Además, fallecieron 17 personas y el número de decesos se elevó a 2576.

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