Aunque la crisis económica ya había golpeado a la zona fronteriza, con la suspensión del paso, 80 % de los comercios y las plantas cerraron.
San Antonio del Táchira. Roberto Pedroza es encargado de una zapatería. Sentado a las puertas del establecimiento comenta que hay días en los que no vende ni un par de zapatos. “Aquí ya casi no se hace nada”, dice. Así como este local, los comercios en los municipios fronterizos están solos a consecuencia del cierre del paso que ordenó el Gobierno en agosto de 2015.
Aunque la actividad comercial e industrial en San Antonio del Táchira y Ureña —previa a las medidas oficiales— había disminuido por las distorsiones de la economía, desde hace 12 meses la situación empeoró, lo que llevó al cierre de establecimientos y empresas.
En San Antonio los supermercados son los que tienen compradores cuando llegan algunos productos básicos. En las tiendas de ropa, calzados y bolsos que quedan, la clientela es baja.
Antes de las limitaciones, muchos de los que frecuentaban los locales eran colombianos, debido a que la pérdida de valor del bolívar frente al peso hacía que la ropa y otros servicios les resultaran más económicos. Los otros compradores eran de San Cristóbal y las áreas cercanas. Hoy día el flujo es mínimo y, si bien el 13 de agosto se abrió el paso, es mayor la cantidad de venezolanos que van a buscar alimentos y medicinas al vecino país, que los visitantes.
Para Ramón Vivas, propietario de un local que ofrece teléfonos y otros artículos electrónicos, “la vitrina de San Antonio no es apetecible, y aquí trabajamos por nuestra voluntad”.
Su negocio, que tiene 30 años, exhibe algunos equipos que datan de 2015 porque es poco lo que ha podido reponer. Cabizbajo, añade que sus ventas cayeron 85 %. “El cierre de la frontera y la inflación nos comió los negocios”.
La radiografía
En una cuadra, de cinco establecimientos, dos son los que están abiertos. Algunos de los que subsisten tienen menos personal porque los colombianos que laboraban en las tiendas se marcharon. En otros hubo reducción de la nómina y los dueños los atienden.
La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira (Cciet), Isabel Delgado, detalla que “80 % del comercio está técnicamente cerrado”.
Los locales que permanecen abiertos no han podido suplir sus inventarios, por lo que tienen mercancía de hace más de un año, afirma. Esos problemas de reposición se deben a las restricciones que imponen los controles del Gobierno.
Adicional a ello hay otras barreras. Los comercios que todavía abren tienen problemas con los puntos de venta. Cuando se dañan es difícil cambiarlos, lo que obliga a un mayor uso del efectivo, que resulta más aparatoso.
Ante las menores operaciones, las ventas en los comercios se desplomaron más de 60 %.
Lisbeth Acevedo, encargada del local Pepe Jeans, cuenta que actualmente vende apenas 20 % de lo que lograba hace año y medio.
“Este año ha sido duro, pese a que el propietario ha adquirido mercancía y los precios se han tratado de mantener”, cuenta. La tienda que hace esquina en una de las calles de San Antonio tiene tres pisos con ropa, calzados y bolsos, pero muy pocos clientes. La nómina bajó de 30 a 15 empleados.
Una situación similar padece Camilo Claro, administrador de la zapatería Nelche. En septiembre del pasado año, cuando fue entrevistado por Crónica.Uno, comentó que las ventas estaban palo abajo. 11 meses después, relata que el comercio ha sobrevivido porque tiene una clientela fija, sin embargo, no vislumbra un futuro alentador.
“El dueño se ha endeudado para abastecer la tienda con mercancía nacional”, expresa Claro y agrega que “si bien hay un público leal, las ventas han bajado 70 %”. En ese comercio llegaron a tener tres trabajadores, hoy está solamente él.
Con las uñas subsiste la panadería que tiene Juan Barriento. En el negocio, donde se ofrece pan andino, acemitas y dulces, lo acompañan dos de sus tres hijos, dado que lo que gana no le da para contratar más empleados.
Sufre para para conseguir la harina de trigo, por lo cual la cantidad de productos a vender es reducida. “Las ventas se fueron al piso, cayeron un 75 %. Aquí tenemos que pedirle al Señor que esto mejore”, dice con los ojos llorosos.
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El comercio no es lo único que se ve afectado en la zona fronteriza, también lo está la actividad industrial.
En San Antonio del Táchira, 90 % de las industrias cerraron y esos empresarios se fueron a Colombia, detalla Isabel Delgado: “Muchos se llevaron las maquinarias a Colombia y a las zonas que hacen frontera con Ecuador. Algunos de los que se fueron dejaron en San Antonio los puntos de venta”.
La mayoría de las plantas tenían empleados del vecino país que se fueron porque el salario no les resultaba atractivo. “Había mucha mano de obra colombiana, y el problema es que aquí no se capacitó a la gente. Además que con lo que se gana en Venezuela no se hace nada”, asevera.
En Ureña el balance es similar. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de este sector, Isidoro Domingo Teres, explica que 80 % de las empresas están paradas por la falta de personal y materia prima, y añade que ya algunos industriales de la zona se instalaron en otras partes, como Cúcuta.
Al igual que Delgado, indica que la renuncia de los trabajadores generó un fuerte impacto: “La mano de obra de Colombia se marchó porque los sueldos se degradaron. Y muchos venezolanos se fueron hacia la informalidad. La frontera ofrece negocios informales”.
En Ureña hay fábricas en las áreas de muebles, ropa, vidrios, bolsas y metalmecánica que operan a media máquina. Aquellos empresarios que se mantienen operativos han tenido que usar sus propios dólares para adquirir algo de materia prima, porque no han tenido acceso al sistema complementario (Dicom).
Teres señala que “las menos perjudicadas han sido las industrias del plástico porque tienen materia prima nacional, y con lo que han generado han podido exportar”.
Los que producen lo hacen con sacrificio. Eduardo Afanador es propietario de la fábrica Felitex que hace medias y boxers y asegura que “el país lo saca adelante la gente que se arriesga y se aguanta”.
Él es uno de los que integran esta segunda clasificación, pero debe sortear una gran cantidad de obstáculos. La materia prima la importa con sus propias divisas y los costos laborales se le han disparado. A pesar de que ya tiene colocada parte de la mercancía, esperaba más demanda con la temporada escolar.
Se prepara para hacer revisiones. El incremento del salario anunciado recientemente por el Ejecutivo lo llevó a bajar los turnos de los trabajadores. “Con estos ajustes, la empresa puede ser sostenible”, apunta.
A partir del 1 de septiembre, sube por tercera vez en el año el salario mínimo para llegar a 22.576 bolívares y, en simultáneo, se eleva el bono de alimentación a 42.480 bolívares.
Para los comerciantes e industriales consultados, el impacto de esa revisión salarial es fuerte cuando la actividad está deprimida. A Roberto Pedroza esta medida le preocupa, porque no sabe cuál será su destino. Con la nueva remuneración no descarta que la dueña del negocio decida prescindir de él y asumir todo por su cuenta.
Menos ingresos
El cierre de comercios y empresas, y la reducción de las operaciones de los que prevalecen, golpearon las finanzas de los municipios.
Los alcaldías de San Antonio y Ureña —más allá de recibir sus cuotas por situado constitucional y el dinero para proyectos que asigna el Fondo de Compensación Interterritorial— se nutren de los impuestos municipales, y lo que recaudan no es suficiente para afrontar los compromisos, especialmente, los gastos de personal.
Alejandro García, alcalde de Ureña, expresa que las empresas restantes operan a una menor capacidad y lo que ha recibido por los tributos es 209 millones de bolívares. “Ese dinero se nos vuelve sal y agua por la inflación”.
[irp posts=”33683″ name=”2,4 millones de hogares engrosan las filas de la pobreza”]Explica que la alcaldía tiene 400 trabajadores y el Gobierno central apenas le transfirió 18 millones de bolívares para el bono de alimentación del anterior ajuste (mayo). Por tanto, los ingresos no alcanzan.
Situación parecida enfrenta el alcalde de San Antonio, Simón Vargas, quien refiere que “el aumento de sueldo no solo afecta a los empresarios, también a nosotros”. Y apunta que tienen un déficit de 109 millones de bolívares, que se elevará con los últimos anuncios laborales.
La recaudación tributaria ha sido apenas de 145 millones de bolívares, agrega el concejal, Carlos Chacón.
Sin mucha expectativa
Desde el 13 de agosto se está permitiendo el paso a Colombia para la adquisición de rubros de la canasta básica y cauchos. Pero en el sector comercial e industrial de la zona hay escepticismo con esa apertura en tanto que un aspecto clave, como el intercambio comercial, no se ha terminado de discutir.
El presidente de la Cámara de Comercio de Ureña añade que “si no se abren las aduanas, esto no tienen sentido”. Juan Barriento y Roberto Pedroza no ven mejoría con el paso.
Por ahora se autoriza el tránsito de particulares, porque el paso del transporte de carga continúa detenido, lo que causó una reducción de los agentes aduanales que pasaron de 70 a 10.
Las autoridades manifestaron que la segunda etapa es la apertura para el transporte, pero aún no dan precisiones al respecto.
El expresidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo, tiene expectativas de que al menos las ventas de ropa se reactiven.
Fotos: Miguel González
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