Enrique Perdomo, parte de la defensa del comisario de la extinta Policía Metropolitana, Iván Simonovis, fue detenido el 14 de junio mientras se encontraba en la vivienda de la familia, constatando que el Sebin no hubiese robado. Según el expediente, había una medida de aseguramiento del inmueble del perseguido político.
Caracas. Enrique Perdomo, abogado de Iván Simonovis, fue acusado de obstrucción a la justicia y está privado de libertad. Esto ocurrió después de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieran arbitrariamente el viernes 14 de junio, mientras se encontraba en la vivienda de la familia.
Aproximadamente a las 4:00 p. m. una comisión se lo llevó a bordo de su vehículo, junto con un vecino de los Simonovis, llamado Joel Reyes, quien luego fue dejado en libertad.
La defensa de Perdomo no supo de su paradero hasta el domingo 16 de junio, cuando se enteraron extraoficialmente que lo trasladaron al Palacio de Justicia. En la actualidad, está recluido en la sede del Sebin en El Helicoide.
Ana Leonor Acosta, quien lleva el caso, informó que lo detuvieron porque supuestamente había una medida precautelativa de incautación o aseguramiento sobre el inmueble, con fecha del 28 de mayo. Esta decisión generalmente se da cuando los bienes provienen de algún delito.
“Cuando vemos el expediente, supuestamente el 28 de mayo la juez Carol Padilla hizo una solicitud de incautar los bienes en la vivienda de Iván. Decimos ‘supuestamente’ porque lo único que aparece es una notificación de esta juez, no vimos la medida”, explicó la abogada, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
En las pocas actas que había en el expediente —según la abogada— observaron una causa que se abrió contra Iván Simonovis por traición a la patria y asociación para delinquir.
El abogado Perdomo se presentó en la casa de la familia, ubicada en la Alta Florida, por petición de Bony Pertiñez de Simonovis, para constatar que el Sebin no hubiese robado sus bienes, como hicieron en la vivienda del político Leopoldo López el 1° de mayo, luego de la insurrección cívico-militar en la que participó el dirigente.
Durante casi un mes el Sebin custodió el inmueble de los Simonovis, después de que el 16 de mayo se confirmara que el comisario de la extinta Policía Metropolitana (PM) y preso político desde 2004 se encontraba fuera del país.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República (art. 233 de la Constitución), escribió en su cuenta de la red social Twitter que Iván Simonovis no había escapado sino que había sido liberado como parte de la Operación Libertad.
Iván Simonovis era el secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana durante el golpe de Estado al fallecido presidente Hugo Chávez, del 11 de abril de 2002. En abril de 2009 lo sentenciaron con pena máxima de 30 años de prisión, por presuntamente ser el responsable de 2 de los 19 homicidios de esa oportunidad.
En 2014 dictaron medida cautelar de casa por cárcel, donde se mantuvo hasta el 16 de mayo de 2019, cuando salió del país.
La abogada Acosta denunció una persecución contra la familia Simonovis y ahora contra el abogado Perdomo, de 61 años.
“No pudimos ver la decisión y no podemos señalar de qué se trata, tampoco se especificó cuáles eran los bienes. Nunca vimos la decisión y no podemos saber que haya sido ejecutada. En el inmueble no hay apostamiento, ellos [el Sebin] se habían ido y no había ninguna orden del tribunal. Esa es la excusa que usa el régimen de Nicolás Maduro y utilizan esta supuesta orden para señalar que el abogado estaba adentro obstruyendo la justicia”, explicó.
Perdomo tiene ciertos problemas de salud que posiblemente ameriten recibir diálisis. De hecho, antes de su detención se realizó una serie de exámenes médicos que se encontraban dentro de su vehículo, ahora bajo custodia, y a los que su defensa ya no tiene acceso.
Acusación sin pruebas
Ana Leonor Acosta, defensora de Perdomo, indicó que le anularon su derecho a la defensa. Además precalificaron el delito de obstrucción a la justicia, según el artículo 54 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sin pruebas.
“Se le anula el derecho a la defensa jurídica, se va en contra del libre ejercicio de la profesión y al libre proceso. No sabemos por qué motivos es investigado. Quien sustraiga alguna evidencia podría ser penado, pero él no tocó nada, y los objetos no estaban bajo vigilancia”.
Ahora espera un proceso que, en teoría, debería durar aproximadamente 45 días, pues el Ministerio Público debe investigar si realmente está incurso en este delito para acusar y fijar la audiencia preliminar.
Las visitas para los abogados en El Helicoide son los lunes y jueves. El pasado lunes su defensa no lo pudo visitar.
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