Alarma internacional ante denuncia de Golpe de Estado

Unasur, Mercosur, Colombia, México, la CIDH y Alemania se expresaron de forma contundente y exhortaron a Venezuela a restituir el Estado de Derecho.

Caracas. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que afecta a la Asamblea Nacional (AN) y, por ende, a los parlamentarios electos por voto el popular en diciembre de 2015.

A estos países —y así se lee en el comunicado de fecha 31 de marzo— les causó alarma el anuncio de que el máximo juzgado asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, “hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y a la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho”.

México: El presidente Enrique Peña Nieto dijo hoy que México “no puede permanecer indiferente” al ataque frontal a la democracia en Venezuela y por ello ha ordenado que la voz del país se escuche nuevamente en la OEA y en otros foros en defensa del orden constitucional en la nación suramericana. “México observa con grave preocupación las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa”, afirmó este 31 de marzo.

Estos países reiteraron el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos, así como a las instituciones democráticas.

Además, la Unasur reiteró su disposición de cooperar con el pueblo y el gobierno venezolano en todo lo que pueda contribuir a una solución pacífica y definitiva de los conflictos sociales, humanitarios y económicos; e hizo un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en la nación suramericana para el bien de todo el país.

Anulación del voto popular

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las decisiones adoptadas por el TSJ.

“Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados a la Asamblea Nacional”.

El 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del TSJ emitió dos decisiones a través de las cuales levanta la inmunidad parlamentaria a los diputados a la Asamblea Nacional. Estas establecen que sus actos constituyen traición a la patria, otorgan al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales. Bajo este precepto, el Tribunal declaró que asumirá las competencias del Poder Legislativo, las cuales serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga. Además establecen otras afectaciones al funcionamiento de un Poder Legislativo independiente en Venezuela.

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Por tanto, la Comisión condenó categóricamente esta injerencia del Poder Judicial en el Parlamento. La calificó como grave y destacó que urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado.

“La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular. Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los Derechos Humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático”.

Anteriormente, en septiembre de 2016, la CIDH había condenado la decisión del TSJ, mediante la cual consideró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea Nacional, y la declaró en desacato.

Mercosur en reunión urgente

Por su parte, el Mercosur convocó para mañana sábado 1° de abril a los cancilleres de los países miembros para mantener una reunión “urgente” sobre la “grave situación institucional” de Venezuela; además de reiterar el apoyo del bloque a los principios del Estado de Derecho, informó la Cancillería de Argentina —que tiene la presidencia temporal del bloque— en un comunicado oficial.

Colombia: El Gobierno colombiano llamó, este viernes 31 de marzo, a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, luego de conocerse la sentencia del TSJ. Lozano viajará a Colombia para analizar con su cuerpo diplomático la situación que afronta el país debido a la fuerte división política, así lo informó BLU Radio. Luego de que el TSJ de Venezuela anunciara que asumiría las funciones de la Asamblea Nacional, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, manifestó la preocupación del gobierno nacional ante la crisis política desatada en el vecino país. “Queremos mostrar la profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo, hemos venido insistiendo en la importancia del respeto y la separación de los poderes como pilar fundamental de la democracia, es importante, urgente, que no da tregua”, dijo Holguín.

De igual manera, este organismo internacional expresó que los países fundadores del Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana.

Venezuela era miembro de pleno derecho del Mercado Común del Sur hasta diciembre pasado, cuando fueron cesados sus derechos.

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