Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, indicó que Salvador Franco, indígena pemón que murió en la cárcel del Rodeo, tenía tuberculosis y desnutrición. 15 instituciones católicas del país exigieron al gobierno de Maduro, entre otras cosas, un chequeo médico a los 12 pemones que quedan detenidos.
Caracas. Salvador Franco tenía tuberculosis y desnutrición. Su cuadro de salud empeoró, presuntamente, porque no recibió atención médica mientras estuvo detenido en el Centro Judicial Rodeo II, en el estado Miranda.
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, informó que el certificado de defunción indicó que la causa de muerte del indígena, de la etnia pemón, fue un edema cerebral y shock séptico, “producto de tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica”.
Según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de Edema Cerebral, Shock séptico y otras reacciones producto de la Tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 5, 2021
El preso político Salvador Franco falleció el 3 de enero, confirmó el Foro Penal Venezolano. Desde el 21 de noviembre de 2020 había una orden del tribunal cuarto en primera instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas, para que lo trasladaran a un centro médico. Pero no se cumplió.
Liseth Franco, hermana del pemón, pidió ayuda el 22 de diciembre de 2020 y aseguró que temía por su vida. “Está tosiendo sangre”, dijo desde la Gran Sabana, en un video que difundió Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal.
El 12 de mayo, Salvador Franco y 12 indígenas pemones, fueron trasladados desde las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, a la cárcel del Rodeo II, en Guatire, sin notificación al tribunal según la ONG.
El grupo de 13 pemones, de la comunidad de Kumaracapay, del municipio Gran Sabana, fue detenido entre los días 22 y 30 de diciembre de 2019. El gobierno de Nicolás Maduro los acusó de haber participado en la Operación Aurora, un supuesto asalto a las instalaciones del Batallón Mariano Montilla de los pemones, liderado por un funcionario de la Guardia Nacional, en la que sustrajeron armamento militar.
La mañana del miércoles 6 de enero el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la muerte bajo custodia de Salvador Franco. Pidió a las autoridades del gobierno de Maduro que tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de todos los detenidos, incluso el acceso a la atención médica.
#Venezuela: We are concerned by the death in detention of Salvador Franco, an indigenous Pemón. We call on the authorities to conduct a prompt and independent investigation and to take all necessary measures to protect the rights of all detainees, including access to healthcare.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 6, 2021
También 15 instituciones católicas se pronunciaron por la muerte del preso político y se solidarizaron con la comunidad pemón, y con los familiares de los 13 presos políticos.
En un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal Venezolana exigieron al Estado venezolano lo siguiente:
- Que se realice un chequeo médico de base a los 12 pemones que continúan detenidos en el Rodeo y que de esta forma se constante su estado de salud, para que reciban asistencia médica adecuada.
- Que el gobierno de Nicolás Maduro agilice el juicio correspondiente para garantizar el debido proceso.
- Que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para determinar quienes son los responsables de la Operación Aurora.
- Que se juzgue a los responsables de la muerte de Salvador Franco y que los poderes públicos competentes asuman su corresponsabilidad por acción u omisión.
El martes 5 de enero, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) reiteró que el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas que están bajo su custodia, tras expresar su preocupación por la muerte del pemón.
Ocho presos políticos han fallecido bajo custodia
De acuerdo con datos del Foro Penal Venezolano ocho presos políticos han fallecido bajo custodia del Estado, desde el 2014. Seis eran civiles y dos militares. El Estado es responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, de acuerdo con lo que establece la Constitución venezolana.
Hasta el 28 de octubre de 2020 el Foro Penal Venezolano había documentado que de 359 presos políticos que había para la fecha, al menos 52 de ellos padecían enfermedades que podrían considerarse de leves a graves, 13 detenidos tenían estados de salud graves, 33 presentaban dolencias catalogadas como medio y seis enfermedades leves.
En junio la organización denunció ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público que los 13 pemones estaban presentando problemas de salud y que no recibían atención médica.
Los pemones fueron imputados por los delitos de asociación para delinquir, conspiración contra la forma política, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo. Les ordenaron medida privativa de libertad en la sede de la Dgcim, en Boleíta, aunque en mayo del año pasado los llevaron arbitrariamente al Rodeo II.
Ahora quedan 12 indígenas pemones detenidos y sus familiares expresaron que temen por sus condiciones de salud. “Por favor, les exigimos la libertad de los 12, porque pueden llegar a ese extremo al que ha llegado nuestro hermano Salvador”, dijo Felicia Pérez, madre de tres detenidos, en un video publicado por el Foro Penal.
Este miércoles 6 de enero, el Foro Penal Venezolano informó que en el país hay 350 presos políticos.
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