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AN 2018: Bajo rendimiento legislativo, persecución a diputados y respaldo internacional

Archivo Crónica.Uno

Cierra el tercer año de gestión de la Asamblea Nacional a cargo de la mayoría opositora y el balance no difiere mucho de los años previos: el Gobierno mantiene el desconocimiento jurídico, político y financiero del Poder Legislativo. En consecuencia, su capacidad de maniobra y el impacto de sus decisiones son marginales. Aun así, los diputados lograron movilizar a la comunidad internacional a su favor. Además su denuncia respecto a violaciones de Derechos Humanos tuvo una respuesta oficial.

Caracas. 39 sesiones de trabajo, 6 leyes sancionadas —de 20 previstas—, 83 acuerdos parlamentarios, una autorización para el enjuiciamiento del presidente de la República, 2 declaratorias de emergencia sectoriales, 2 declaratorias de responsabilidad política y 42 agresiones contra 21 diputados de la oposición, resumen en números el año 2018 para la Asamblea Nacional (AN). 

El pasado 15 de diciembre cerró el segundo período ordinario de sesiones del tercer año del Poder Legislativo en manos de la mayoría opositora. Si el primer año, dirigido por Henry Ramos Allup (AD-Caracas) fue de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro, y el segundo, con Julio Borges (PJ-Miranda) al frente, fue de protestas en la calle, este que recién culmina, al mando de Omar Barboza (UNT-Zulia), podría describirse como el año de la resistencia y la consolidación del reconocimiento internacional del Parlamento como poder legítimo de Venezuela, frente a la ilegitimidad de la que es acusada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) e incluso, el propio gobierno de Maduro, por bloques como la Unión Europea o el Grupo de Lima.

Pese al desconocimiento político (declaratoria de desacato vigente desde 2016), jurídico (más de 70 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra sus decisiones y competencias) y financiero (los diputados no cobran desde 2016, las deudas con los trabajadores se acumulan desde 2017 y el presupuesto asignado para 2019 representa 1 % de sus necesidades), el Poder Legislativo de Venezuela no ha cerrado sus puertas y semanalmente sus diputados concurren a las sesiones ordinarias y a las comisiones permanentes.

Sesiones

La plenaria de la AN se reunió este año en 32 ocasiones, la comisión Consultiva 2 veces y la comisión Delegada lo hizo en 5 oportunidades para un total de 39 sesiones de trabajo de la cámara.

Además de la sesión de instalación, el 5 de enero pasado, el Parlamento concretó 26 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias, 2 especiales y una Solemne. Como reflejo del país que es, el Poder Legislativo tuvo que suspender una plenaria cuando se encontraba en pleno debate, como consecuencia de un corte de electricidad que afectó a la capital y a otros 7 estados, el 31 de julio. Por otra parte, solo una plenaria fue suspendida por falta de quorum, la del 30 de octubre, porque los partidos de la oposición no habían logrado el consenso para debatir y aprobar una declaratoria de persona no grata contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Mucho ruido, pocas leyes

Conforme a la Constitución vigente, el Parlamento venezolano tiene tres funciones fundamentales: legislar, controlar al resto de los poderes públicos y representar a sus electores.

Para dar cumplimiento a su primera tarea, el Reglamento Interior y de Debates establece que la directiva debe aprobar a inicios de año un Programa Básico Legislativo Anual, que fije la meta en cuanto al tipo y número de leyes a sancionar, aunque al mismo tiempo es un listado abierto a recibir otras propuestas.

Este año, la agenda legislativa fue presentada al pleno el 27 de febrero. El Boletín Semanal Legislativo de la ONG Cedice contiene la enumeración de los 20 proyectos, de los cuales 7 eran nuevas leyes y 13 serían reformas de leyes vigentes.

A lo largo del año, las comisiones permanentes fueron incorporando otros proyectos de ley, engordando el listado inicialmente previsto a más de 40 instrumentos. Pero al cierre de 2018, la plenaria solo logró sancionar 6 leyes. De ese grupo, solo 3 estaban en el Programa Básico Legislativo y las otras 3 fueron incorporadas en el camino.

Al primer grupo pertenecen la reforma de la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las actividades de Hidrocarburos (sancionada el 10-07-2018); la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía (sancionada el 27-11-2018); y la Ley de Semillas (sancionada recién el 11-12-2018).

Mientras que al lote de leyes incorporadas en el camino pertenecen la Ley de Calabozos Policiales (sancionada el 25-09-2018); la Ley de las Pensiones de Vejez No Contributivas (sancionada el 4-12-2018) y la Ley de Migración de Retorno (sancionada el 11-12-2018).

Como se recordará, al inicio de su mandato, Barboza propuso al pleno que la Asamblea continuara sancionando instrumentos legales ajustados a la Constitución, con miras a la reconstrucción y la reconciliación, pero con la salvedad de que ninguna fuera remitida al Ejecutivo para su publicación en Gaceta Oficial. Esto para evitar que se repitiera la experiencia de 2016 cuando 99 % de las leyes sancionadas por la AN fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El propósito de Barboza y del Parlamento opositor es “ir construyendo un banco de leyes para cuando llegue el cambio democrático”.

Otros instrumentos pasaron la primera discusión y quedaron en consulta pública: el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela, el proyecto de Ley de Salud, la reforma de la Ley que crea el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la reforma de la Ley de los Consejos Comunales. Mientras que una de las banderas para la reconstrucción nacional y la lucha contra la corrupción, el proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, logró iniciar su segunda discusión pero no llegó a ser sancionada.

Quedaron listas en el escritorio de la Presidencia, para su primera discusión, la reforma de la Ley del Instituto Autónomo Nacional de Servicios Públicos de Bibliotecas y el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acuerdos

¿Y si fue tan baja la producción de leyes, en qué ocuparon el tiempo de las 39 sesiones de trabajo del año? En 2018 los diputados opositores (ya que los diputados del PSUV se retiraron de la AN en 2017) debatieron y aprobaron 83 acuerdos parlamentarios, 78 en el período ordinario y 5 en los dos recesos.

El 21 % de los acuerdos versaron sobre la defensa de los derechos políticos, las denuncias sobre la persecución a la AN, los diputados y los disidentes en general y la defensa de la libertad de expresión. El 17 % se dedicó a denunciar las diferentes aristas de la crisis humanitaria y su consecuencia más visible, la migración; otro 17 % fue para economía, finanzas y corrupción en Pdvsa.

El 8 % de los acuerdos se centró en la denuncia de la violación sistemática de los Derechos Humanos y el apoyo a decisiones internacionales (como la solicitud de apertura de una investigación presentada ante la CPI). Y el 7 % se centró en exponer las violaciones de la Constitución perpetradas por diferentes órganos del poder público y por la ANC ilegítima, según calificación de la Unión Europea.

Destaca el hecho de que tres de los acuerdos aprobados fueron para dejar por sentado la crisis de los servicios públicos y declararlos en emergencia.

Control político e informes

Como parte de su competencia de control político, la AN arrancó el año declarando el incumplimiento del artículo 237 constitucional que obliga a quien ocupe la presidencia de la República a rendir cuenta anual de su gestión ante el Poder Legislativo. Para el mes de abril, y en consonancia con los hallazgos de la comisión de Contraloría, de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y de la Fiscalía de Brasil, sobre la supuesta implicación de Nicolás Maduro en una trama de corrupción en el caso Odebrecht, la AN autorizó a los magistrados en el exilio a enjuiciar a Maduro por peculado y corrupción.

En agosto, la plenaria aprobó un informe de la comisión de Medios y Participación que denunció la política sistemática del Gobierno en el bloqueo de las páginas web de medios de comunicación. Los diputados acordaron la responsabilidad política de Manuel Fernández, presidente de Cantv y Jorge Eliécer Márquez, presidente de Conatel, en la violación del derecho a la información libre y plural.

A lo largo del año, la AN también debatió sobre la pertinencia y legalidad de las sucesivas extensiones de los decretos de emergencia económica y estado de excepción. El acuerdo en cada debate fue desautorizar dichos mecanismos.

La defensa de los Derechos Humanos y la denuncia de la crisis humanitaria llevó a la cámara varios informes especiales, entre ellos el levantado sobre el asesinato de Oscar Pérez y otras 6 personas por un grupo élite militar policial en una casa en El Junquito; el preparado por la comisión de Desarrollo Social que estableció la relación directa entre las muertes de pacientes y la escasez de medicinas; y sucesivos informes presentados por la comisión de Energía sobre las irregularidades en el manejo de Pdvsa, sus filiales y fondos.

Agresiones a diputados: caso Requesens

21 diputados fueron agredidos, amenazados, perseguidos o atacados este año por instituciones del Estado, funcionarios públicos o militantes del oficialismo, en 42 diferentes hechos.

Aunque la cifra de agredidos es inferior a 2017, cuando se registrados 66 diputados víctimas, no hay que olvidar que el signo del año pasado fue la protesta de calle y la confrontación física con efectivos de policía y militares, y que muchos diputados se pusieron al frente de las protestas.

Si bien todo ataque físico, allanamiento de morada, amenaza o intimidación contra un diputado reviste gravedad por ser ellos los representantes de la voluntad popular y estar amparados por un fuero especial para ejercer sus funciones, el caso de los diputados Juan Requesens (PJ-Táchira) y Julio Borges (PJ-Miranda) merece especial mención.

Ambos fueron públicamente acusados por Nicolás Maduro de estar implicados en el presunto atentado en su contra del pasado 4 de agosto; acto seguido, Requesens fue detenido contraviniendo todo el contenido del artículo 200, es decir, sin que privara la flagrancia, sin orden de captura, sin que hubiera un juicio en su contra. Además fue desaparecido por 6 días, se le impidió comunicarse con su familia por 44 días y pudo ver a sus abogados tras más de 50 días preso. El TSJ y la ANC aplicaron tanto a Requesens como a Borges procedimientos inexistentes para pretender despojarlos de su inmunidad; les congelaron los bienes y en el caso de Borges pidieron su extradición a Colombia, solicitud que ese gobierno negó. Requesens fue objeto de graves vejaciones al ser mostrado en videos por autoridades del Gobierno, autoincriminándose en ausencia de su abogado, semidesnudo, usando ropas manchadas de excremento y presentando signos de posible alteración de su conducta por uso de drogas. La semana pasada, el tribunal que lleva el caso declaró el primer diferimiento de la audiencia preliminar; la defensa teme que se le aplique una pena anticipada.

Vea aquí la lista de agresiones registradas.

Otros diputados perseguidos y acosados a lo largo del año fueron Tomás Guanipa (PJ-Caracas) con 5 ataques; Williams Dávila (AD-Mérida), Gilber Caro (VP-Miranda) y Américo de Grazia (Causa R-Bolívar) con 3 hechos en los que se han visto amedrentados o agredidos directamente. Otros 15 parlamentarios fueron objeto de una o dos situaciones de agresión.

Un respiro

La reincorporación de dos diputados presos y dos diputados despojados de su cargo de manera inconstitucional por el TSJ, podrían considerarse un aliciente para la cámara en medio de los atropellos.

En la sesión del 5 de junio, el pleno se llenó de júbilo por recibir a Gilber Caro (VP-Miranda) y a Renzo Prieto (VP-Táchira), sus dos diputados presos políticos. La excarcelación de Renzo Prieto se produjo el sábado 2 de junio a las 8 de la noche. El Informe Trimestral Parlamentario de Cedice, correspondiente al segundo trimestre de 2018 señala que:

Prieto fue capturado sin orden de aprehensión el 10 de mayo de 2014 en Caracas en el marco de las protestas convocadas por VP, denominadas La Salida. Dos días después fue imputado por obstrucción de la vía pública, asociación para delinquir y fabricación de explosivos. Su audiencia preliminar fue diferida seis veces, pero una vez pasado a juicio, el proceso nunca inició. La audiencia de apertura fue diferida más de 32 veces. Siempre estuvo recluido en el Sebin del Helicoide. Pese a haber sido electo diputado en 2015, el Estado le negó la libertad.

La excarcelación de Caro se registro al día siguiente a las 10 de la mañana: “Gilber Caro (VP-Miranda), estuvo detenido desde el 11 de enero de 2017. Desde el momento de su captura, el Estado violó el artículo 200 constitucional sobre la inmunidad parlamentaria, el derecho al debido proceso y sus derechos humanos. Fue presentado ante un juez militar –a pesar de ser un civil- 4 meses y 20 días después de su captura, aunque la ley fija un plazo de 48 horas. En junio de 2017 fue imputado por traición a la patria y sustracción de efectos militares. Su audiencia preliminar, necesaria para iniciar el juicio, fue suspendida más de diez veces. Caro estuvo preso en el Círculo Militar de Valencia, la cárcel 26 de Julio en Guárico, la cárcel de Tocuyito en Carabobo, la cárcel El Fénix de Lara la cárcel de Uribana. En el traslado entre Tocuyito y El Fénix, su defensa y familia desconoció su paradero por más de tres días. En septiembre de 2017, Caro hizo una huelga de hambre que dejó secuelas en su salud. Fue sometido a aislamiento en repetidas ocasiones, la última vez durante más de 80 días hasta su salida de la prisión”, relata el informe.

Unos días más tarde, el 17 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza (UNT-Zulia) notificó a la cámara la reincorporación de Romel Guzamana, uno de los tres diputados opositores de Amazonas, desincorporados por inconstitucional decisión del TSJ y posterior acuerdo político gobierno-oposición, desde octubre de 2016. Al inicio de la plenaria, el presidente Barboza informó que Guzamana volvía al pleno “luego de cumplir los trámites respectivos”. Ante el silencio administrativo de la Sala Electoral y la inacción de la AN, en mayo de este año, Guzamana recurrió a los magistrados en el exilio, quienes dos meses más tarde ordenaron la reincorporación. Sin embargo el dia de su reincorporación, Barboza fue enfático en aclarar que la vuelta no estaba relacionada con dicho dictamen: “Hace tiempo que el diputado tramitó ante la presidencia su incorporación. La AN decidió y la consultoría así lo recomendó”, dijo Barboza.

Finalmente, el martes 11 de diciembre, sin bombos ni platillos, ni declaración a la prensa, la diputada de Amazonas, Nirma Guarulla, también retornó a su curul.

Comunidad internacional con la AN

Junta directiva saliente junto al embajador de Portugal en Caracas, en enero de 2018. Foto Maru Morales P.

El 1° de junio de este año tuvo lugar en Cúcuta un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria regional. Diputados y congresistas de Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil y El Salvador se reunieron en la ciudad fronteriza para escuchar a sus pares venezolanos. No solo dieron un espaldarazo a la legitimidad de la AN sino que conocieron de cerca la gravedad de la crisis migratoria generada en la región por la huida de venezolanos.

En junio, el Consejo Europeo pidió elecciones transparentes para Venezuela, reconocimiento de la Asamblea Nacional como Poder Legislativo legítimo y libertad para los presos políticos. Unos días más tarde, en la plenaria de la 48ª Asamblea General de la OEA, se aprobó una resolución que desconoce el acto electoral del 20-M en Venezuela, exige la convocatoria a elecciones libres y solicita el pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional. Y a finales de junio, la Internacional Socialista expresó “su reconocimiento a la AN como legítima representante de la soberanía popular”.

Pero además, parte del cuerpo diplomático acompañó media docena de sesiones de la AN —incluyendo la sesión de instalación el 5 de enero— en un gesto de esos países de respaldo y reconocimiento a la legitimidad del Parlamento y sus decisiones. Tal fue el caso de la sesión del 9 de octubre, cuando el pleno denunció el asesinato del preso político, concejal Fernando Albán, en manos del Sebin.

A mediados de ese mismo mes, el Parlamento Europeo aprobó una moción en la que, entre otras cosas, brinda su respaldo a la Asamblea Nacional y exige la derogatoria de la ANC. Un par de semanas más tarde, el pleno debatió un acuerdo que acoge dicho pronunciamiento y el debate fue presenciado por el cuerpo diplomático.

El presidente Omar Barboza recibió en su despacho al canciller de Portugal, Augusto Santos, en enero. Ese mismo mes recibió al encargado de negocios de EE. UU. en Caracas, Todd Robinson. En marzo, la cámara le concedió un reconocimiento al embajador saliente de Chile, Pedro Ramírez, por su respaldo al Poder Legislativo y en particular por acoger en la residencia oficial al diputado perseguido, Freddy Guevara, desde noviembre de 2017. En mayo, Barboza encabezó una delegación de la oposición que se reunió en Bruselas con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien en repetidas ocasiones a lo largo del año abogó por el reconocimiento de la AN y el cese de la ANC. En julio recibió al agregado militar de España en Caracas y más adelante ese mismo mes, a una comitiva de la UE, liderada por la nueva embajadora de ese bloque, Isabel Brilhante. En agosto, Barboza viajó a Colombia para la toma de posesión de Ivan Duque y se reunió con autoridades salientes y entrantes al gobierno de ese país. Ya de vuelta en Caracas, recibió al encargado de negocios de Brasil, José Moreira.

Para el mes de septiembre, Barboza viajó a Italia donde sostuvo reuniones con parlamentarios de ese país, así como una audiencia privada con el Papa Francisco y el secretario de Estado de Vaticano, Pietro Parolín. Ese mes recibió también al embajador de Alemania en Caracas, Daniel Marn Kriener, quien dio su reconocimiento a la Asamblea Nacional. Mientras el embajador de Reino Unido en Caracas, Andrew Soper, mantuvo una comunicación constante con Barboza por trabajar junto con la Fundación Westminster en un proyecto de modernización de la AN.

Fotos: Archivo

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