AN aprobó acuerdo para dejar sin efecto actos legislativos del período parlamentario anterior

El diputado Hermann Escarrá indicó que esta acción vuelve nulos todos los convenios, decisiones y actos adoptados durante el período 2015-2020, lo que según él, permitirá una lucha más efectiva del contralor general para la “recuperación de bienes en el extranjero”.

Caracas. La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un acuerdo que, según los diputados, deja nulos todos los actos legislativos llevados a cabo por el Parlamento en el período anterior (2015-2020) en el que el Poder Legislativo estuvo en manos de la oposición venezolana.

Durante el debate, el diputado Hermann Escarrá (PSUV), quien fue el encargado de presentar el acuerdo, dijo que con esta acción se busca poner fin a todos los actos legislativos que emanaron desde el período anterior y que según él, han sido empleados como argumento para el “despojo de los bienes de Venezuela”.

“Todos los acuerdos asumidos por la AN en ese período fueron convertidos en actos de gobierno. Esa situación no debió ocurrir porque eran acuerdos parlamentarios que no tienen efecto jurídico y que fueron usados para usurpar bienes de la nación. Esto se produjo en medio de un fraude, o mejor dicho, falseamiento de la Constitución”, dijo.

Escarrá aseguró que los actos legislativos del Parlamento precedente ya eran nulos por la situación de desacato, y agregó que lo que buscaban era reemplazar el régimen de gobierno de Venezuela, otorgando a la AN autoridades que no tiene al tratarse el país de una República presidencialista.

Esa ficción con la que se trabajó en el exterior ha creado problemas para la defensa jurídica de Venezuela, en especial para la labor que ha venido realizando el procurador general de la República”, expresó.

Comentó que si bien el acuerdo aprobado este martes no sería una solución absoluta para el problema de la defensa de bienes de Venezuela en el extranjero (citó Citgo y Monómeros), dijo que sería el “inicio del camino para la recuperación de lo que se le robó a Venezuela”.

“Este acuerdo no se trata solo de algo económico, sino de la restauración ética y moral de la República”, afirmó.

La propuesta del acuerdo fue apoyada desde la bancada opositora de la Alianza Democrática Nacional, esto a través de la intervención del diputado Timoteo Zambrano (Cambiemos), quien no solo expresó su apoyo al acuerdo, sino que además dijo que permite que en el exterior se conozcan las decisiones tomadas desde el TSJ.

Las órdenes ejecutivas que se han usado para atacar al poder están basadas en un acto legislativo que le da un reconocimiento a esa AN que feneció el pasado 5 de enero. Políticamente en lo que es la comunidad internacional, se ha reconocido la dualidad de poder, en buena parte gracias a esos actos legislativos”, dijo.

Adicionalmente, en el debate, la diputada Ilenia Medina (PPT) solicitó la creación de una comisión especial para investigar cada uno de los actos legislativos que se llevaron a cabo en el período de la AN 2015-2020 para “saber exactamente el efecto que pudo haber tenido cada uno de esos actos”.

El acuerdo fue sometido a la votación de los diputados presentes en el hemiciclo de sesiones y fue aprobado por unanimidad.

Esta no es la primera vez que el chavismo busca dejar sin efecto las acciones tomadas por la AN en el período legislativo anterior. Desde que el TSJ declaró en “desacato” al Poder Legislativo en 2016, ha declarado nulas todas y cada una de las acciones que se han realizado, incluyendo la designación de juntas directivas. De hecho, la única que fue “reconocida” por el órgano judicial fue la primera del período anterior, la que estuvo presidida por Henry Ramos Allup.

“Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar”, se lee en la sentencia N° 02 emitida el 11 de enero de 2017, la primera que desconoció una directiva de la AN.

De hecho, la última que tuvo el órgano legislador fue impuesta en mayo de 2020 por el TSJ, el cual declaró a Luis Parra como el presidente legítimo, esto luego que en la sesión de instalación del 5 de enero de 2020, se le negara el acceso a la mayoría de los diputados de la oposición. Juan Guaidó se juramentó fuera del Palacio Federal Legislativo el mismo día y desde ese momento ninguna de las directivas reconoció a la otra.

Esta postura fue reafirmada el 22 de enero de 2019 cuando el TSJ emitió una nueva sentencia ratificando que todo lo realizado desde año 2017 por la AN controlada por la oposición era nulo. El último pronunciamiento en contra del Parlamento fue en diciembre de 2020, cuando declaró nulo el Estatuto de Transición que desde el Poder Legislativo se aprobó ante el inminente fin del período legislativo.

Fue también desde 2017 que la Asamblea Nacional Constituyente apareció en la escena, y asumió gracias a un fallo del TSJ las potestades de legislación que son exclusivas de la AN. Durante su existencia, el binomio ANC-TSJ se enfocó en desconocer y robar las atribuciones constitucionales que le pertenecían al Parlamento.

Aprobado en primera discusión el proyecto de ley para lenguaje igualitario

Previo al acuerdo sobre los actos legislativos del período 2015-2020, la AN aprobó en primera discusión el proyecto de ley sobre la promoción y el uso del lenguaje con conciencia de equidad de género, un instrumento jurídico de 10 artículos el cual busca, según explicó su promotora la diputada Niloha Delgado (PSUV) la visibilización de la mujer a través del lenguaje.

Decidimos presentar una propuesta de ley que está vinculada al lenguaje no sexista, a la visibilización de la mujer, que existe en la Constitución pero que en más de 20 años después no se aplica en algunos espacios”, afirmó la diputada.

Según explicó, este instrumento jurídico busca crear una normativa en la que se acabaría con el uso del género masculino como forma universal de expresión.

La ley establecerá una normativa para entes públicos, educativos y medios de comunicación para que estos apliquen con mayor regularidad el género femenino a la hora de hablar de cargos públicos y evitar así la utilización de términos masculinos genéricos. Además, promueve el uso de términos neutrales para la referencia de grupos mixtos.

Se detalló que esta normativa será empleada en el sistema educativo en todas sus etapas y que, de ahora en adelante, los títulos universitarios deben reflejar correctamente los géneros al momento de hablar de alguna profesión. La diputada Delgado habló de títulos que no digan “abogado” sino “abogada” para las mujeres.