El Parlamento también aprobó recursos en el marco de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital, y debatió sobre la escasez de gasolina y la violación sistemática de DD. HH. en el marco de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.

Caracas. Este miércoles se llevó a cabo la cuarta sesión remota de la Asamblea Nacional (AN) en la que el Parlamento venezolano aprobó el movimiento de fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) en cuentas de Estados Unidos, exigió la liberación de los presos políticos dada la pandemia del Covid-19 y además debatió la responsabilidad de Nicolás Maduro en la escasez de combustible.

El primer punto aprobado fue hacer la transferencia inmediata del saldo (en dólares)  de una cuenta perteneciente al BCV en el banco Cibitank de EE. UU. a otra cuenta, también perteneciente al BCV, pero en la Reserva Federal de Nueva York.

Posteriormente, y tras comunicación del diputado Alfonso Marquina, se aprobó la discriminación del presupuesto especial contentivo en el reglamento de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital.

Este reglamento regula el uso por parte de las autoridades designadas por el presidente de la AN y encargado de la República, Juan Guaidó, del dinero que ha sido recuperado del gobierno de Nicolás Maduro.

En ese sentido se acordó un presupuesto aprobado de 80 millones de dólares que servirá para la atención de diversos proyectos contenidos dentro de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital el cual quedó repartido de la siguiente forma:

  • 4.529.229 de dólares para el proyecto de seguridad y defensa de la democracia.
  • 35.930.260 de dólares para el proyecto de financiamiento de gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria referida a riesgos vitales.
  • 5.547.635 de dólares para el proyecto del fortalecimiento de las comunicaciones el derecho de la comunicación y la lucha contra la censura.
  • 8.803.336 de dólares para el proyecto de fortalecimiento de relaciones internacionales con el objeto de consolidar y ampliar el reconocimiento y apoyo al proceso de restablecimiento de la democracia.
  • 14.000.000 de dólares para el proyecto de defensa y fortalecimiento del Poder Legislativo y la protección social de sus integrantes.
  • 1.986.000 de dólares para cumplimiento de las funciones de la Contraloría especial y el Poder Judicial nacional.
  • 9.203.540 de dólares para los costos de implementación del presupuesto especial.
Debate sobre escasez de gasolina y violación de DD. HH.

La AN además debatió acerca la escasez de gasolina y sobre la violación de derechos humanos de comunicadores sociales, población de riesgo y prisioneros políticos.

En el primer debate, el diputado Francisco Sucre recordó que la escasez de combustible afecta la vida económica de todos los ciudadanos y que es consecuencia directa del manejo que desde el gobierno de Nicolás Maduro han realizado de la industria petrolera, el cual “ha ocasionado un desplome del 67 % de nuestra producción en comparación con años anteriores”.

Hoy estamos produciendo apenas un 14 % de lo que producíamos en materia petrolera para el año 1998. Hoy también estamos pagando la gasolina más cara del mundo. En el estado Bolívar está llegando a costar  hasta 6 dólares el litro, esto cuando el promedio internacional es de 0,65 centavos el litro, señaló.

La postura de Sucre fue apoyada por la diputada Deyalitza Aray, quien cuestionó que “en medio de la pandemia y de la necesidad de los venezolanos por combustible”, el gobierno de Nicolás Maduro “sigue enviando crudo al régimen cubano”. Manifestó su preocupación por la supuesta reactivación de la refinería El Palito.

“Nos preocupa que la reactivación de El Palito se da como producto del desmantelamiento de la refinería de Paraguaná, es por eso que alertamos de la constante destrucción de nuestra industria petrolera”, dijo.

Con respecto al segundo debate realizado por la AN referente a la violación sistemática de derechos humanos, el diputado Virgilio Ferrer denunció un hecho de represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana contra indígenas en Guarero, estado Zulia, luego que estos protestaran por pasar días sin agua y comida.

Esto no son mentiras ni fantasías, como dice el régimen. Ahí están los videos que hemos consignado. Nuestros indígenas hoy están protestando y tal parece que eso representa un delito para la dictadura, dijo.

Para complementar, la diputada María Beatriz Martínez señaló que durante la cuarentena se han registrado al menos “9 agresiones contra dirigentes, líderes políticos y sociales en diferentes regiones”, esto sin contar los casos contra personal de la salud y de medios de comunicación.

“También hemos visto cuatro detenciones arbitrarias a médicos y personal de la salud, del mismo modo hemos registrado 21 agresiones a medios de comunicación y trabajadores de la prensa para impedir que se conozca la verdad”, señaló.

Martínez añadió que “las violaciones de derechos humanos a la población son incuantificables, porque todos los venezolanos son hoy víctimas del desabastecimiento y la escasez de gasolina”, y dijo que “los sectores vulnerables no tienen la capacidad para afrontar esta cuarentena social”.


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