El pleno de la AN sancionó la Ley de Calabozos Policiales que prohíbe el uso de esas instalaciones como cárceles alternativas. El Poder Legislativo declaró nulos todos los contratos de servicios en el área de hidrocarburos suscritos por el Ejecutivo sin autorización del Parlamento.
Caracas. A petición del magisterio, los sindicatos de trabajadores de la educación, los profesores universitarios, los colegios privados, la federación de padres y representantes y el movimiento liceísta, la Asamblea Nacional (AN) declaró este martes la emergencia humanitaria compleja en el sector educativo.
En condiciones de gobierno funcional, dicha declaratoria implicaría la inmediata atención de parte del Ejecutivo tanto en términos de inversión de recursos para atender la crisis como en términos de rectificación de políticas y planificación. Sin embargo, desde que se instaló la actual Asamblea Nacional, en enero de 2016, la cámara ha declarado la emergencia en 5 áreas específicas todas las cuales han sido desoídas por el gobierno de Maduro.
En septiembre de 2016 la comisión de Política Exterior declaró la emergencia migratoria; en marzo de 2017 la plenaria declaró la emergencia humanitaria; en noviembre de ese año se acordó la emergencia sanitaria; en abril de 2018 se dictó la emergencia eléctrica en la zona occidental del país; y en julio pasado se declaró al Zulia en emergencia por colapso de servicios públicos.
No obstante, luego de escuchar la exposición de las profesoras Raquel Figueroa de la Unidad Democrática Educativa y Keta Sthephany de la Asociación de Profesores de la UCV, los diputados aprobaron un acuerdo que plantea seis puntos.
En primer lugar, los diputados declararon la “Emergencia Humanitaria Compleja de la Educación en Venezuela”, como consecuencia de: la inexistencia del Estado docente, la desalarización del trabajo pedagógico, el irrespeto a la autonomía de los gremios, la violación de los derechos laborales, la gravísima deserción escolar y la migración de docentes, la casi inexistencia de programas de asistencia al estudiante, el incumplimiento de la obligación de inclusión educativa de los pueblos indígenas, la instrumentación de prácticas de persecución y acoso laboral con trasfondo partidista, la imposición de modificaciones al currículo escolar con sesgo ideológico y la vulneración de la autonomía universitaria en todas sus expresiones.
En segundo término, exhortaron al gobierno de Maduro a “cumplir con sus responsabilidades constitucionales sobre el Estado Docente”. En tercer lugar, la cámara convocó a la sociedad a debatir sobre el colapso del sistema educativo “a fin de producir una Ley Orgánica que sea expresión de un proyecto educativo de largo aliento que garantice una educación de calidad”.
Los diputados se comprometieron –a solicitud de Stephany- a “impulsar la creación de la Comisión Permanente de Educación de la Asamblea Nacional para el seguimiento de la situación de la educación en sus distintos niveles”. Es de hacer notar que dicha comisión existió hasta diciembre de 2010, cuando bajo la presidencia de Cilia Flores en el Parlamento, el PSUV modificó el Reglamento Interior y suprimió esa instancia.
El quinto punto del acuerdo compromete al pleno a denunciar ante las instancias internacionales de los derechos humanos “la violación del derecho humano a la educación en Venezuela” y solicitarles un seguimiento riguroso al cumplimiento de los tratados internacionales en materia educativa suscritos por la República.
Finalmente, la directiva solicitó que el acuerdo reciba la mayor difusión posible en redes sociales, medios de comunicación y entre la comunidad educativa nacional, además de consignarla ante el cuerpo diplomático acreditado en el país y las representaciones de la ONU, OEA y la OIT.
En el debate intervinieron los diputados Bolivia Suárez (Causa R-Lara), Mildred Carrero (VP-Mérida), Milagros Eulate (AD-Vargas), Maribel Guedez (Cambiemos-Barinas), Luis Barragán (VV-Aragua), Romny Flores (AD-Carabobo) y María Gabriela Hernández (PJ-Monagas).
Romny Flores propuso al pleno declarar un voto de censura contra el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz “por su irresponsabilidad en el manejo de las cifras de la educación y por el colapso del sistema educativo”. Flores solicitó que este punto sea incorporado en la próxima plenaria.
Por su parte, Guedez instó a la junta directiva a conformar una mesa de trabajo que impulse el debate de la reforma educativa, en la que no solo participe el magisterio y todas sus expresiones organizativas, sino también un representante de cada una de las comisiones permanentes de la AN. El presidente del Legislativo, Omar Barboza (UNT-Zulia) acogió la propuesta y dijo que sería discutida por la directiva.
Sancionada segunda ley del año
La plenaria sancionó este martes la segunda ley de este año. Aunque la agenda legislativa está integrada por 37 instrumentos, las comisiones han sido lentas en la discusión de los proyectos. Este martes, Barboza excusó al Parlamento por este retraso, con el argumento de que la convocatoria a unas elecciones presidenciales improvisadas por parte del gobierno coparon la agenda de los parlamentarios.
El instrumento sancionado fue la Ley de Calabozos Policiales, presentada por la comisión de Política Interior y que se suma a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada el pasado 10 de julio.
El instrumento consta de 23 artículos, una disposición transitoria y una disposición final, y su objetivo central es descongestionar los calabozos policiales e impedir que estos recintos sigan siendo utilizados por el ministerio de Servicios Penitenciarios como cárceles alternativas.
La norma contempla aspectos como la formación en derechos humanos de los funcionarios policiales para garantizar el trato respetuoso a los detenidos. Además prohíbe situaciones que hoy en día son comunes en los calabozos venezolanos como el cobro de vacunas a los familiares para ingresar los alimentos, la negativa de acceso al agua potable, la permanencia de hombres y mujeres en las mismas áreas, el uso de áreas administrativas para mantener a los detenidos, el cobro de compensaciones por parte de los funcionarios a cambio de realizar los traslados, entre otros vicios.
La ley ordena dar cumplimiento a la disposición legal que ordena que la permanencia de los detenidos en las sedes policiales sea exclusivamente hasta por 48 horas, pero permite que esta se extienda de manera excepcional hasta por 15 días como máximo en los casos en los que los tribunales acuerden medidas cautelares como la presentación de fianza.
Este instrumento, al igual que la Ley de Hidrocarburos, no serán remitidos al Ejecutivo conforme dicta la constitución para que se le dé el “ejecútese”, para evitar lo ocurrido con la mayoría de los proyectos de ley sancionados por el Parlamento entre 2016 y 2017.
Las diputadas Delsa Solórzano (UNT-Miranda), Yajaira Forero (PJ-Anzoátegui) y Adriana Pichardo (VP-Aragua) responsabilizaron directamente a Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios por la crisis carcelaria y el hacinamiento en los calabozos policiales. Como resultado de ello, dijeron, se han producido fugas masivas de reos de alta peligrosidad como la ocurrida en marzo de este año, cuando 251 reclusos que estaban detenidos en una sede policial, se evadieron con complicidad de directores de policía.
Contratos petroleros nulos
Por último, los diputados aprobaron un acuerdo que declara nulos todos los contratos firmados por el ejecutivo nacional con supuestas “empresas de servicios”, con el objetivo de evadir los controles establecidos en la constitución y la ley, que ordenan que todo contrato de interés nacional debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.
En el acuerdo aprobado este martes, los diputados sostienen que “es un hecho público y comunicacional que el Gobierno Nacional pretende suscribir contratos de servicios con empresas privadas en los cuales se permite la realización de actividades primarias referidas a la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento inicial de los yacimientos de hidrocarburos sin informar a esta Asamblea Nacional y sin su aprobación en plenaria, tal y como establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.
En tal sentido acordaron exigir al gobierno y en particular al ministerio de Petróleo informar al Parlamento sobre los contratos de servicios firmados con empresas privadas a los fines de que la AN los discuta y autorice conforme a la ley. Además declararon nulos todos los contratos de servicios en los que intervengan empresas privadas para las tareas de exploración, explotación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos sin autorización del pleno.
Finalmente, el acuerdo señala que todos los funcionarios que permitan o suscriban contratos de servicios sin cumplir lo establcido en la constitución, incurren en responsabilidad penal, política y administrativa. En tal sentido, los diputados remitieron el acuerdo no solo al cuerpo diplomático sino a las empresas denunciadas hace dos semanas por el diputado Jorge Millán (PJ-Caracas) ante la comisión Delegada, como las beneficiarias de estos contratos: Well Services Cavallino C. A., Petro Kariña C. A., Helios Petroleum Services C. A., Shangdong Kerui Group, Consorcio Rinoca Centauro Karina, Consorcio Petrolero Tomoporo y Veneca.
Fotos Maru Morales P., Crónica.Uno y cortesía @AsambleaVE
Vídeo: Maru Morales P.
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