La plenaria se solidarizó con el procurador especial José Ignacio Hernández, cuya residencia en Caracas fue allanada ayer. Guaidó denunció que hoy el allanamiento fue contra la casa de Ricardo Villasmil, presidente de la junta ad hoc del BCV. Ambos están representando al gobierno encargado en querella de Maduro para extraer el oro venezolano del Banco de Inglaterra.
Caracas. El presidente de la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, designado por Juan Guaidó con autorización de la Asamblea Nacional, se sumó este martes a la lista de personal del gobierno interino objeto de persecución policial y judicial.
Durante la discusión de un acuerdo en rechazo a los allanamientos contra el equipo del gobierno encargado que ejerce funciones de recuperación de activos, Guaidó advirtió: “Estamos rechazando un atropello más en violación de la propiedad privada. Están en este momento allanando la residencia de Ricardo Villasmil, quien funge como presidente ad hoc del BCV, siendo una figura importante para proteger los activos del país y evitar que la dictadura siga robando el dinero de todos los venezolanos”.
Villasmil sería el décimo tercer funcionario del equipo de Guaidó que es objeto de persecución policial y judicial. Anterior a él, el procurador especial José Ignacio Hernández denunció la víspera que su residencia familiar en Caracas también fue allanada; este mismo martes, minutos después de la sesión, Hernández denunció en Twitter que “la policía políticade Maduro” intentaba allanar la vivienda de sus padres. El pasado viernes, uno de los integrantes del equipo de seguridad del presidente encargado fue detenido de manera arbitraria por las FAES junto con su familia durante 24 horas.
Es de destacar que tanto Villasmil como Hernández tienen un papel principal en la querella abierta por Nicolás Maduro ante la justicia inglesa en su intento de extraer el oro de las reservas venezolanas depositado en el Banco de Inglaterra. La institución europea negó a Maduro el acceso en primera instancia, pero abrió un procedimiento para determinar si reconoce a las autoridades nombradas por Guaidó o al personal enviado por Maduro.
En el acuerdo aprobado por la plenaria, el Poder Legislativo rechaza una vez más “la política de persecución del régimen usurpador de Nicolás Maduro”, en esta oportunidad en contra del procurador especial, la junta directiva ad hoc del BCV y demás integrantes del gobierno interino; y ratifica “que la defensa del oro venezolano será ejercida por el gobierno que preside Juan Guaidó”.
Otros puntos discutidos
En la sesión virtual de la Asamblea Nacional, la número 13 desde que empezó la cuarentena, los diputados también dieron otros debates y aprobaron otros acuerdos:
- El diputado indígena de la circunscripción de Occidente, Virgilio Ferrer, denunció que la GNB “saquea y roba a los indígenas de la Guajira venezolana” con total impunidad. Aseguró que los decretos de cuarentena dictados en razón de la pandemia han convertido el municipio Mara del Zulia en “campos de concentración como en la época de la barbarie nazi contra el pueblo judío”, y clamó por un trato digno y respetuoso de los derechos e integridad de los indígenas del Zulia.
- La plenaria aprobó el acuerdo de creación del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, que tendrá como objetivo registrar, sistematizar y difundir denuncias de violaciones de los derechos fundamentales. Este observatorio estará integrado por las comisiones de Política Interior y Justicia y Paz, así como por representantes de la sociedad civil.
- Los diputados debatieron nuevamente –ya lo habían hecho el domingo 31 de mayo en sesión extraordinaria virtual– sobre el plan de venta, privatización y dolarización de la gasolina anunciado el sábado por Nicolás Maduro. Los diputados coincidieron en que se trata de una medida que generará más distorsiones y desequilibrios económicos, fomentará la corrupción y reventa de la gasolina subsidiada, mientras beneficiará a los empresarios, hasta ahora anónimos, que fueron autorizados para importar el combustible y venderlo a precios internacionales.
- La plenaria también debatió sobre la crisis del gas doméstico y condenó los planes ya anunciados para dolarizar este producto en un país donde los salarios son en bolívares y un mes de trabajo equivale cuando mucho a cuatro dólares. Los diputados advirtieron que en la actualidad solo se produce cerca de la mitad de la demanda interna de gas de bombonas y que de 10 hogares que requieren una bombona, solo cuatro pueden comprarla.
- La representación de la AN ante el Parlamento Amazónico presentó su Informe sobre la Presencia de Grupos Armados en el Amazonas. El presidente de esa instancia, Romel Guzamana (representante indígena del sur), dijo que en el Amazonas venezolano hay células activas de las FARC, el ELN y Hezbolá, que con amparo de las FANB “manejan el contrabando de combustible, minería ilegal y narcotráfico”. Condenó que los indígenas venezolanos se vean sometidos por esos grupos que violan la soberanía, y solicitó al presidente encargado “instar a los gobiernos de Colombia y Brasil a trabajar de forma mancomunada en la defensa y protección de los territorios indígenas”.