El retiro de Venezuela de OEA fue solicitado por Maduro el 28 de abril de 2017 y se haría efectivo el próximo 27 de abril. La plenaria argumentó que la razón de Maduro para intentar abandonar el sistema regional es impedir que se conozcan los atropellos perpetrados por su gobierno. El proponente del Acuerdo, Ángel Medina (PJ), afirmó que la escogencia se dio por un consenso político en la bancada de la unidad con miras a restituir el orden constitucional conforme al artículo 333.
Caracas. La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes dos acuerdos en el marco de la agenda pautada por su presidente, Juan Guaidó (VP-Vargas), el pasado 5 de enero.
Por un lado, frenó la salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA), hecho que se consumaría el próximo 27 de abril por solicitud de Nicolás Maduro. Y por el otro, procedió a designar al abogado constitucionalista, exparlamentario, exmilitante de Copei y exprofesor de la UCV y la USB, Gustavo Tarre Briceño como “representante especial de Venezuela” ante el organismo regional.
El primero de los documentos aprobados este martes, ratifica la adhesión de Venezuela a la OEA, conforme a lo aprobado por el pleno el 2 de mayo de 2017 que declaró “absolutamente inconstitucional y nula” la solicitud de salida de la OEA presentada por el representante de Nicolás Maduro en el organismo. Además los diputados se comprometieron a “garantizar la representación del pueblo venezolano en el sistema interamericano de la OEA”.
Inmediatamente después de aprobado ese acuerdo, el integrante de la comisión de Política Exterior, Ángel Medina (PJ-Bolívar) solicitó la palabra para presentar el “acuerdo de designación del representante especial ante la OEA”.
En este documento se expresa que el nombramiento de Gustavo Tarre Briceño como representante especial de Venezuela tiene el propósito de “coordinar con esa Organización, las acciones necesarias para el restablecimiento del ordenamiento constitucional y democrático, de conformidad con los principios derivados de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana, entre otros instrumentos”.
El debate
En el debate, los diputados Francisco Sucre (VP-Bolívar), Luis Florido (Independiente-Lara), Williams Dávila (AD-Mérida), Omar González (VV-Monagas) y Marialbert Barrios (PJ-Caracas), enfatizaron que la decisión de la plenaria se enmarca en los artículos 333 y 350 constitucionales, relativos a la restitución de la vigencia de la misma; así como de los artículos 19, 23 y 25 de la Carta Magna relativos a la progresividad de los Derechos Humanos y la supremacía de los tratados internacionales. Además, se ampararon en el artículo 187 numeral 14 de la Constitución que le da al Parlamento la potestad de autorizar los nombramientos de los jefes de misiones diplomáticas.
Dávila sostuvo que con esta decisión, la AN revierte una estrategia, a su juicio urdida por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para despojar a los venezolanos de toda protección internacional de sus derechos humanos. Por eso, dijo, Hugo Chávez sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de DD. HH. en 2012, y por eso Maduro pidió la salida de la OEA en 2017. “Esto demuestra que todo era parte de un plan para evadir sus responsabilidades con el cumplimiento de los tratados en materia de Derechos Humanos, porque su plan era la represión”, dijo Dávila.
Fuentes parlamentarias comentaron que Tarre presentará su carta de designación ante el secretario general de la OEA en las próximas horas.
Ángel Medina responde
Crónica.Uno conversó con el diputado Ángel Medina, representante de la comisión de Política Exterior y proponente del acuerdo para designar a Tarre Briceño como representante de Venezuela ante la OEA.
¿Cómo fue el mecanismo de escogencia de Tarre Briceño? ¿Fue propuesta de los partidos? ¿Del Frente Amplio? ¿Se abrió una postulación?
–Los motivos que llevan a la designación de un representante especial tienen que ver con la denuncia que hizo el propio Maduro hace año y medio. Estamos a punto de cumplir ese proceso en el que Venezuela sale definitivamente de la OEA. Si nosotros como Asamblea Nacional, legitimada ante el mundo, no actuábamos, esa decisión se haría efectiva. Nosotros desconocemos esa decisión y declaramos que se mantenga la participación de Venezuela en la OEA. No estamos hablando de un embajador, sino de un representante especial.
¿Qué consideraciones tomó la comisión de Política Exterior para recomendar a Tarre y no a otra persona?
–Los acuerdos los presentó la comisión pero esta no es una decisión de la comisión de Política Exterior es una decisión política de los factores que hacemos vida en la Asamblea Nacional, especialmente los factores de la Unidad. En el marco de esta situación irregular e inédita que estamos padeciendo, decidimos avanzar para que Venezuela no se quedara sin una representación en el sistema interamericano. Esta designación nace de un acuerdo entre los sectores políticos que hacemos vida en la Unidad.
El año pasado, la comisión de Política Exterior designó unos representantes de la AN ante la diáspora y ese nombramiento fue anulado porque la AN no tiene potestad para designar representantes suyos ajenos al cuerpo. ¿Podría explicar por qué este caso es diferente y la designación de Tarre si es válida?
–Primero, no es la comisión de Política Exterior la que hace el nombramiento, es la cámara. Y en segundo lugar, las circunstancias en que se hace son excepcionales. Una circunstancia en la que se oficializa la usurpación, donde no tenemos ni elección presidencial, ni un nuevo periodo constitucional, ni presidente electo y eso hace que estemos fuera del orden constitucional. Una de las cosas que nos indica el 333 y 350 es reconstruir todas las fuerzas para volver al orden constitucional y esto forma parte de esas acciones. Por eso esta decisión es diferente a la que mencionas en la pregunta, no solo en términos de las competencias sino también de la situación que vive el país.
¿Cómo llegamos aquí?
El 28 de abril de 2017, el entonces embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, Samuel Moncada, denunció la Carta Fundacional de ese organismo –así se le dice a la solicitud de renuncia a los acuerdos y tratados internacionales.
Para ese día, la represión del gobierno de Nicolás Maduro contra las protestas ciudadanas que denunciaban la ruptura del orden constitucional había cobrado 29 víctimas mortales. El 2 de mayo de ese año, la AN declaró nula e inconstitucional la petición de Maduro.
Unas semanas antes, el 3 de abril, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución que enfureció a Maduro y a sus colaboradores: el ente condenó “la alteración del orden democrático” y urgió al Gobierno “restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”. La respuesta de Maduro fue ordenar el retiro de Venezuela de la OEA.
De acuerdo con los estatutos de funcionamiento de la organización, la denuncia de la Carta Fundacional se hace efectiva en un plazo de dos años. Ese plazo se cumpliría el próximo 27 de abril. El acuerdo aprobado este martes por la Asamblea Nacional busca impedir la consumación de la ruptura.
Fotos cortesía @AsambleaVE, archivo Crónica.Uno
Vídeo: Maru Morales P., Crónica.Uno
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