La plenaria sancionó la ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa de los activos en el extranjero y aprobó su primer contrato por la suma de 1.250.000 dólares con una empresa estadounidense que brindará servicios de administración y servicios de agente desembolsos. La OEA quedó fuera del mecanismo de pago del bono al personal de salud. Los diputados rindieron homenaje a su colega Hernán Alemán, fallecido en el exilio esta semana.
Caracas. El diputado asilado en la residencia del embajador de Chile desde noviembre de 2017 y exvicepresidente del parlamento, Freddy Guevara (VP-Miranda), tomó la palabra este jueves en la sesión ordinaria virtual de la Asamblea Nacional para rechazar la más reciente decisión del TSJ de entregarle la dirección del partido Voluntad Popular a un grupo de diputados disidentes encabezados por José Gregorio Noriega.
Guevara hizo un recuento de las medidas de cerco, persecución y desmantelamiento adoptadas por Nicolás Maduro y sus colaboradores en contra de la institucionalidad democrática, la disidencia política y la oposición en general en los últimos 10 años.
“Llegamos a este punto porque no pudimos ver o no quisimos creer lo que estaban haciendo. Pensamos que pararían con las inhabilitaciones o la prisión a Leopoldo, Rosales y Ledezma, o con las intervenciones de Podemos, Copei y el PPT, o con negar la inscripción a nuevos partidos como Encuentro Ciudadano, Marea Socialista o Vente Venezuela. Que pararían con la destitución de María Corina, Smolansky, Ceballos o Guanipa o con el robo de la gobernación a Andrés Velásquez y las autoridades paralelas a las gobernaciones de AD. Y no. Ya estamos en este punto donde han dado un paso fundamental para acercarse a un régimen totalitario en el que los partidos políticos dejan de existir en la estructura del país”, dijo Guevara.
Al igual que las semanas previas, cuando el TSJ arrebató los partidos a las dirigencias legítimas de Primero Justicia y Acción Democrática, en esta oportunidad también tomaron la palabra diputados de todas las fracciones políticas para solidarizarse con la militancia, en este caso de Voluntad Popular, y condenar la decisión judicial emanada desde la Sala Constitucional del tribunal supremo.
El acuerdo aprobado en cámara, además de expresar el repudio del Poder Legislativo a las acciones del Poder Judicial en contra de los partidos políticos y desconocer su validez, exhorta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet a dictar medidas de protección para los partidos políticos venezolanos y su dirigencia. También instan a los militantes de los partidos intervenidos o no por la administración de Maduro “a continuar las acciones necesarias para lograr una salida pacífica y democrática al conflicto” y reiteran la pertinencia de convocar un gobierno de emergencia nacional.
Ley de Contrataciones sancionada
En la plenaria de este jueves también se discutieron dos instrumentos legales financieros para su implementación por el gobierno encargado.
Por un lado, la plenaria dio la segunda discusión y sancionó la Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Resguardo y Aseguramiento de Activos y Bienes Recuperados en el Extranjero. Este instrumento consta de cuatro capítulos y 20 artículos y se enmarca dentro de las competencias que el Estatuto para la Transición a la Democracia le otorga al gobierno encargado en materia de protección de activos.
Al momento de redacción de este artículo, el texto completo de la ley aún no esta disponible pero en este link puede escucharse su lectura en cámara artículo por artículo.
De este instrumento destaca la creación de otra instancia burocrática del gobierno interino. Esta vez es trata de un Consejo Nacional de Defensa Judicial encargado de recomendar al gobierno encargado las estrategias de defensa del patrimonio en el exterior.
Aunque esa función la cumple la procuraduría especial, la ley dice que ambas instancias trabajaran en conjunto. El referido consejo estará integrado por cinco juristas que serán nombrados por la Asamblea Nacional.
Contrato sin detalles
Por otro lado, este jueves se dio lectura nuevamente a un informe que ya había sido presentado por Guaidó en la sesión virtual del martes y sometido a aprobación, en el que solicitó autorización para suscribir un Contrato de Servicios Financieros para el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.
De acuerdo con el informe presentado por la comisión de Finanzas, el gobierno encargado decidió contratar a la empresa BRV radicada en Delaware Estados Unidos para la prestación de dos servicios. La compañía BRV Disbursment Co. LLC., será contratada por el gobierno interino para la prestación de “servicios de administración”. Mientras la sociedad BRV Administration Co. LLC., prestará los “servicios de agente de desembolso”.
El contrato global para este grupo empresarial ascendería a 1.250.000 dólares y estaría vigente hasta el 31 de diciembre de este año, aunque podría rescindirse antes o extenderse, por decisión del Consejo de Administración del Gasto.
En la presentación del informe, el diputado Luis Silva (AD) dijo a la plenaria que la suscripción de estos convenios de servicios agilizarán el trámite para el pago del bono para el personal de salud que atiende los casos de COVID-19.
Como se recordará, esta bonificación había sido ofrecida para el mes de mayo y beneficiaría a 45.000 trabajadores de la salud, que recibirían un pago de 100 dólares mensuales durante tres meses como incentivo y asistencia social.
La OEA quedó fuera
Aunque el pleno había aprobado el martes 7 de julio la suscripción de este contrato de servicios financieros, llamó la atención que la directiva decidiera volver a someter el documento a su lectura y aprobación este jueves, sin explicaciones.
No obstante, las razones podrían ser dos. Por un lado, en la sesión del martes Guaidó sometió a aprobación de la cámara su solicitud, en lugar de remitirla a la comisión de Finanzas como establece el Reglamento Interior, para que esta la revisara y recomendara al pleno su aprobación o rechazo.
Y en segundo lugar, porque los artículos 9 y 16 del Reglamento de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital aprobada el 25 de abril, contemplaban que dicho Fondo sería administrado bajo un convenio de asistencia técnica por la OEA. Pero resulta que esta semana, precisamente el día martes 7 de julio, el presidente Guaidó firmó el decreto número 22 que reforma ambos artículos excluyendo a la OEA del proceso de supervisión y sustituyendo a ese organismo por la figura de las empresas de servicios financieros como órganos de apoyo del Consejo de Administración del Gasto.
Esta reforma no fue publicitada ni informada pero apareció reflejada en la Gaceta Legislativa número 25, de fecha 8 de julio y difundida este 9 de julio.
En otras palabras, no podía la AN autorizar a Guaidó el martes a firmar un contrato de servicios financieros si la figura no estaba prevista en el Reglamento de la Ley Especial y la reforma que la incorporó al documento no estaba vigente porque no había sido publicada en la Gaceta Legislativa para ese momento.
Al momento de publicación de esta nota solo había sido suministrado a la prensa el informe de la comisión de Finanzas, mas no así el contrato de servicios propiamente dicho. Tampoco se aclaró en la plenaria de cuál de las cuentas controladas por el gobierno interino en Estados Unidos o de cuál de las partidas que integran el Fondo para la Liberación de Venezuela se erogará el referido monto del contrato. Asimismo, no se explicó cómo fue el proceso de licitación para adjudicar el contrato al referido grupo empresarial y no a otro. Tampoco se informaron las razones que llevaron a suprimir la cooperación con la OEA en esta materia.
Homenaje
Los diputados de la Asamblea Nacional rindieron un sentido homenaje al diputado de AD por el Circuito 10 del estado Zulia, Hernán Aleman, que falleció este martes 7 de julio en Colombia, exiliado y víctima del COVID-19.
El homenaje incluyó un minuto de silencio, el himno nacional, un video conmemorativo de su trayectoria y emotivos discursos de sus compañeros de partido y de las otras toldas políticas. Además, contó con la presencia también virtual de sus familia directa.
La cámara aprobó un acuerdo en su memoria en el que se comprometen a continuar la lucha por la restitución de la democracia y el Estado de derecho en el país.