Un Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos revela que en ese territorio aumentan las amenazas para las poblaciones indígenas, así como la violencia, las enfermedades y una actividad ilegal que es dominada por grupos armados. Quienes trabajan en el AMO deben pagar entre 10 % y 20 % del mineral extraído a los grupos criminales.

Caracas. La mayor parte del trabajo en el Arco Minero del Orinoco (AMO) es informal y las personas que lo realizan no tienen contratos. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) registra un patrón de explotación laboral en cuyo marco los mineros se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas.

Quienes trabajan en el AMO deben pagar entre 10 % y 20 % del mineral extraído a los grupos criminales y alrededor de 15 % a 30 % al propietario del molino en el que se trituran las rocas para la extracción de oro. Los compradores de oro pagan precios 25 % inferiores a los que se aplican en el ámbito internacional.

El Acnudh alerta que existe un patrón de explotación laboral de los mineros, que incluye trabajo infantil, por parte de los grupos criminales y armados que controlan las actividades de este ramo. El organismo señala que en las zonas hay niños y niñas de tan solo 9 o 10 años de edad que trabajan en las minas.

El PIB minero fue el único que creció entre 2016 y 2018. A diferencia del resto de los sectores de la actividad económica que se contraen desde 2013. De acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018 la actividad minera creció 20 %.

La ONU señala que debido a la falta de transparencia sobre lo que ocurre en esos 111.844 kilómetros cuadrados no han podido determinar en qué medida el Gobierno venezolano ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el AMO.

La oficina a cargo de Michelle Bachelet recuerda que si bien la minería ilegal ha existido en el estado de Bolívar desde hace más de 20 años, la presencia de grupos criminales en las actividades mineras se ha hecho más visible desde 2011, cuando se puso fin a las concesiones de las que se beneficiaban las empresas mineras extranjeras.

El documento revela que la mayoría de las minas son controladas por grupos criminales organizados llamados “sindicatos” en el ámbito local. Estas bandas son las que deciden quién entra o sale de las zonas, imponen reglas y aplican castigos físicos crueles a quienes las infringen. Los líderes también recurren a prácticas de extorsión a cambio de protección, asegura el Acnudh.

La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” fue creada por decreto en febrero de 2016. Abarca una superficie de 111.844 kilómetros cuadrados, equivalente a 12 % del territorio venezolano y se extiende hasta el área amazónica.

Hasta ahora el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico no ha difundido información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el Gobierno ha conformado alianzas o sobre el número de mineros inscritos en el Registro Único Minero.

El BCV tampoco publica información actualizada sobre los volúmenes de oro y otros minerales que recibe de la estatal Minerven, ni sobre la cantidad de minerales que se exportan o cuál es su destino principal o el monto de divisas extranjeras que el Estado recibe.

El informe señala que se registra un aumento considerable de grupos criminales desde 2015, que coincide con el aumento de los precios internacionales del oro. “Estos grupos reproducen el modelo del ‘pranato’ que existe en algunas cárceles de Venezuela y que consiste en una estructura criminal sometida a un ‘jefe o pran’ que impone brutalmente sus órdenes a los reclusos y controla actividades ilícitas dentro y fuera de la prisión”.

Diversos testimonios indican que los niveles alcanzados por la explotación de la mano de obra, el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales”, agrega el informe.

El Acnudh explica que dentro del AMO la técnica de extracción más utilizada es la minería a cielo abierto, que supone la excavación de grandes cráteres en la superficie terrestre. Los mineros descienden sin ninguna protección para recoger rocas y subirlas en sacos. El trabajo se organiza en cuadrillas de cuatro o cinco personas. Los accidentes son habituales, algunos han presenciado deslizamientos de tierra que han sepultado vivos a mineros.

Violencia y homicidios en el AMO

“Un minero fue golpeado en público por robar un cilindro de gas; a un joven le dispararon en ambas manos por robar un gramo de oro; una mujer fue apaleada por robar un teléfono a un miembro del sindicato y a un minero le cortaron una mano por no declarar una pepita de oro”. Los casos se registraron en el AMO entre 2018-2020, según el informe.

Entre los castigos que se aplican en la zona también están los asesinatos. El Acnudh documentó que dos adolescentes fueron ejecutados tras ser acusados de ser agentes infiltrados de otro “sindicato”. En 2019 el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 84 homicidios por cada 100.000 habitantes en Bolívar, con lo que se convirtió en uno de los estados más violentos del país.

Al sur de Venezuela también se registran distintos enfrentamientos para controlar las minas. La oficina identificó 16 eventos de este tipo entre marzo de 2016 y marzo de 2020, cuando habrían muerto 140 hombres y nueve mujeres. La mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales.

En ocho de esos enfrentamientos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El Acnudh explica que solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta.

Las mujeres se dedican a todo tipo de tareas relacionadas con la minería, incluso en la extracción y también trabajan como vendedoras informales. Muchas se trasladan a las minas para ocuparse como cocineras. La institución advierte sobre el aumento de la prostitución desde 2016, así como la explotación sexual y la trata en las zonas mineras, incluso de niñas adolescentes.

“La prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas ‘currutelas’, que son barracones construidos con tablones de madera cuyos propietarios abonan una tarifa a los grupos criminales para poder organizar su actividad”, añade el documento.

Aumento de enfermedades

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) registra que los municipios mineros del estado de Bolívar son la principal fuente del aumento de los casos de paludismo en la nación desde 2015. Otra repercusión grave para la salud es la contaminación debido al uso generalizado de mercurio.

Los pueblos indígenas denuncian abusos contra los derechos humanos cometidos por bandas criminales en el territorio de las comunidades Ye’kwana y Sanema que incluyen actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual contra las mujeres.

El Acnudh advierte que la apertura a la explotación minera de áreas geográficas donde se encuentran fuentes de agua potable y de alimentos para las comunidades indígenas, así como las vías de navegación tradicionales de la población, “menoscabará sus derechos y dañará sus territorios”.

El organismo recomendó al Estado asegurar que toda actividad minera en Venezuela se lleve a cabo de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos, los estudios de impacto sociocultural y ambiental, y que se cumplan las normas ambientales nacionales e internacionales.

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