En 2019 el Parlamento venezolano trató de burlar el hostigamiento impuesto por el TSJ, el Ministerio Público y la ANC con una gestión centrada en decisiones ejecutables fuera de Venezuela. No logró el cese de la usurpación, el gobierno de transición ni las elecciones libres, pero provocó pequeñas fisuras en el gobierno madurista, presentó un plan de gobierno consensuado con amplios sectores y logró el reconocimiento del PSUV, que se vio forzado a regresar a sus curules. 23 diputados fueron despojados de su inmunidad solo este año.
Caracas. En la gestión parlamentaria que va desde el 5 de enero hasta el 15 de diciembre de 2019, la Asamblea Nacional sesionó 52 veces: una sesión de instalación, 42 sesiones ordinarias, dos extraordinarias, una especial extramuros y una solemne; mientras que la delegada se reunió en cinco oportunidades.
En el período se aprobaron 81 acuerdos, dos leyes y una ley aprobatoria de convenio internacional.
El pleno autorizó la designación de más de 35 representantes diplomáticos, avaló el nombramiento de seis juntas directivas ad hoc para empresas públicas y autorizó a Guaidó a nombrar un procurador especial.
Adicionalmente, el 17 de diciembre se realizaron dos sesiones extraordinarias: una para denunciar y condenar la persecución política contra los diputados opositores y disidentes y una para reformar su reglamento de funcionamiento interno.
Pero la efectividad de la gestión de la AN a lo largo de la actual legislatura, iniciada en 2016 y que este 2019 cierra su cuarto año, no puede medirse según los parámetros regulares en términos de número y pertinencia de leyes y acuerdos parlamentarios aprobados.
Como se sabe, desde antes de su instalación, el TSJ, el Ministerio Público, el Ejecutivo, la Contraloría General y finalmente la ANC se han concentrado en violentar su autonomía y hacer inaplicables sus decisiones en el ámbito nacional.
Durante 2019 esa estrategia de asfixia se mantuvo y el Parlamento, con su presidente Juan Guaidó siendo a la vez presidente encargado de la república, se volcó hacia la toma de decisiones de impacto y ejecución internacional.
Venezuela de vuelta al mundo
Es así como de los 81 acuerdos aprobados en plenaria, según el registro de la web de la Asamblea Nacional: seis fueron para nombrar a 38 representantes diplomáticos en 36 países y dos organismos multilaterales (OEA y Grupo de Lima); cuatro fueron para nombrar a directivos ad hoc con asiento en el exterior para seis organismos o empresas del Estado (Pdvsa, Citgo, Pequiven, Monómeros, BCV y CVG), y 11 fueron para proteger los activos de la república en el exterior, incluida la designación del procurador especial de la nación, José Ignacio Hernández.
Mientras que de los 58 acuerdos de naturaleza política, nueve estuvieron orientados a retomar la participación de Venezuela en el concierto de naciones: suspensión del proceso de salida de Venezuela de la OEA; restitución de la vigencia de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos; reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca; defensa de la posición histórica de Venezuela en la disputa sobre el Esequibo (acerca de este punto se discutieron tres acuerdos durante el año); agradecimiento al respaldo del Grupo de Lima, la Unión Europea y el Parlamento Europeo para la restitución de la democracia venezolana; defensa de la permanencia de Venezuela en el Parlasur, y el agradecimiento a los diputados que participaron en el encuentro parlamentario internacional por la libertad de Venezuela.
Otros dos acuerdos aprobados este año fueron para conmemorar la muerte de venezolanos ilustres.
Al cierre de 2019, la AN designó a Miguel Eduardo Albujas y Manuel Rachadell como representantes del Parlamento ante el Consejo Nacional de Universidades, conforme indica la ley. Inmediatamente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de los nombramientos, lo mismo que hizo con todos los otros funcionarios designados a lo largo de la gestión parlamentaria que está por terminar.
Acciones políticas
Aunque las tres metas políticas (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) planteadas para el ámbito nacional por el propio Guaidó el 5 de enero y ratificadas el 23 de enero cuando se invistió, de acuerdo con el artículo 233 constitucional, no fueron alcanzadas, el Parlamento logró:
- Movilizar a la ciudadanía de manera consistente en todo el país, sobre todo en el primer semestre del año.
- Articular y presentar a la opinión pública el denominado Plan País, que es el programa de gobierno de la oposición una vez que Nicolás Maduro salga del poder.
- Dar voz desde el Hemiciclo a representantes de fuerzas vivas del país, víctimas de violaciones de derechos humanos, grupos de afectados por las malas políticas públicas, entre otros.
- Volver a sentar en sus curules a los diputados del bloque oficialista, ausentes desde abril de 2017.
- Instalar la comisión preliminar para la designación del Comité de Postulaciones Electorales, con participación del oficialismo, con miras a la renovación constitucional de las autoridades del Poder Electoral.
Dos leyes, el TIAR y una reforma
Entretanto, solo tres leyes han sido sancionadas este año: la Ley del Estatuto para la Transición a la Democracia, la Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector Público y Sectores Sociales que Participen en el Restablecimiento de la Democracia y la Ley Aprobatoria para el Reingreso de Venezuela al TIAR. Además, en la segunda sesión extraordinaria del 17 de diciembre, la mayoría opositora en la AN modificó el Reglamento Interior y de Debates.
El Estatuto fue sancionado el 5 de febrero y gran parte de sus mandatos han sido acogidos por la Asamblea Nacional y el propio Juan Guaidó, principalmente en lo relativo a la protección de activos, la reinserción del país en el concierto de naciones y más recientemente en avanzar en la ruta para renovar el CNE.
La Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector Público y Sectores Sociales que Participen en el Restablecimiento de la Democracia, sancionada el 7 de mayo, tuvo el propósito de generar una fractura en el sector público y lograr una parálisis del funcionamiento del Estado que pudiera acelerar la salida de Maduro del poder. Pero la verdad es que ello no ocurrió. Incluso el llamado de Guaidó a los trabajadores públicos para que acudieran a sus puestos de trabajo con algún símbolo de protesta no tuvo efecto.
Mientras, la Ley Aprobatoria para el Reingreso al TIAR se sancionó el 23 de julio y desde entonces ha facilitado la implementación de sanciones personales a altos funcionarios de la administración de Maduro, así como el rastreo de fondos producto de la corrupción o lavado de dinero procedente de Venezuela.
La modificación del Reglamento Interior y de Debates de la AN se estuvo trabajando en la Comisión de Política Interior desde el mes de mayo, pero no fue sino hasta el período de sesiones extraordinarias de diciembre cuando fue presentado y aprobado en una única sesión.
Esta reforma tiene como propósito principal garantizar que Guaidó pueda ser reelegido el 5 de enero con los votos de más de 30 diputados en el exilio o la clandestinidad. Solo durante la actual gestión parlamentaria, el TSJ, el MP y la ANC han despojado ilegalmente de su inmunidad a 23 diputados, incluido el propio Guaidó.
A la Cámara han entrado media docena de normas que se han quedado en primera discusión o apenas han avanzado en la segunda discusión, sin llegar a ser sancionadas. La principal de este grupo, ofrecida con bombos y platillos a comienzos de año y aprobada en primera discusión el 22 de enero, es la Ley de Amnistía para los Civiles y Militares que Apegándose al Artículo 333 de la Constitución Colaboren en la Restitución del Orden. Este instrumento no regresó a plenaria en el resto del año, aunque sí estuvo en consulta pública durante todo el período y luego, a mediados de año, se incorporó como parte de los objetivos de la Comisión Especial de Justicia y Paz destinada a promover un esquema de justicia transicional.
Otros textos engavetados son el proyecto de Ley de Protección del Salario, el Proyecto de Ley de Propiedad Industrial y el Proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico. Este último ni siquiera pudo ser aprobado en primera discusión por discrepancias entre el gobierno y la oposición, y dentro de la misma oposición. El instrumento permitiría la firma de un convenio entre la administración de Maduro, el PNUD y la Corporación Andina de Fomento para inyectar 350 millones de dólares a la atención de la crisis eléctrica en Zulia y Nueva Esparta.
Designación pendiente
Así como el Parlamento y Guaidó concretaron el nombramiento de cinco juntas directivas ad hoc de empresas del Estado, más de 35 representantes diplomáticos y un procurador especial, quedó en el tintero la designación de un contralor especial.
Este cargo tomó especial relevancia luego del llamado “cucutazo”, un escándalo sobre las presuntas irregularidades en el manejo de fondos donados para la atención de un centenar de militares venezolanos, de los más de 1000 que huyeron a Colombia a partir del 23 de febrero.
El 18 de junio se creó una comisión especial presidida por Omar Barboza (UNT) para establecer un mecanismo para la designación de un contralor especial. Esta comisión presentó su primer informe a plenaria el 12 de noviembre. El documento estableció la convocatoria para todos los interesados en ocupar el cargo y tomó como requisitos los mismos exigidos para el cargo de contralor general. La convocatoria se publicó el 29 de noviembre. El 3 de diciembre, la comisión informó al pleno que estaba abierta la recepción de recaudos en Secretaría y que la lista de aspirantes sería presentada a plenaria el día 10, última sesión ordinaria del año. Ello no ocurrió.
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