Plenaria prohibió la exportación de todo el material aurífero que se extraiga ilegalmente de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Diputados iniciarán consultas al sector educativo para diseñar un “plan de apoyo inmediato a la educación básica”. Jubilados y pensionados pidieron reunión urgente a Guaidó para plantearle su grave situación económica.
Caracas. La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) denominó como “oro de sangre” a todo el material aurífero extraído de manera ilegal de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y prohibió su venta, comercialización y circulación en todo el territorio nacional, así como su exportación.
En la sesión ordinaria de este 28 de abril –la sexta sesión virtual desde que inició la cuarentena– los diputados denunciaron que la administración de Nicolás Maduro ha fomentado esa actividad extractora a costa del desplazamiento y muerte de comunidades indígenas y de la devastación de más de 3000 kilómetros cuadrados de selva virgen.
El acuerdo aprobado notifica a la comunidad internacional la declaratoria de “oro de sangre” y alerta sobre la ilicitud de los negocios con dicho material; además, responsabiliza a Nicolás Maduro por la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Los diputado denunciaron específicamente las “actividades ilícitas de explotación y contrabando del oro y demás minerales desarrolladas por la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas ‘Caminpeg’ adscrita al Ministerio de la Defensa”.
En tal sentido, acordaron notificar a todos los países fronterizos sobre la decisión de la AN para que, por un lado, ejerzan control sobre los productos y materiales que salen de sus países con destino al Arco Minero para dar soporte a la extracción ilegal. Y, por el otro, para que alerten a las empresas privadas dentro de sus territorios sobre el riesgo de comprar y comercializar el oro de sangre venezolano.
Según el diputado Rachid Yasbek (Bolívar), mensualmente se exportan ilegalmente “más de 3000 kilos de oro” por un valor de aproximado de “150 millones de dólares”.
La plenaria también advirtió a todas las empresas públicas y privadas que han participado en actividades de explotación y comercialización del Arco Minero que todos los convenios suscritos por Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019 “son inexistentes jurídicamente”.
Ya la semana pasada la AN había anulado la resolución 0010 del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico que permite la explotación mineral en seis ríos del sur del país.
Jubilados piden reunión a Guaidó
Este martes la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela consignó, a través del diputado Arnoldo Benítez (Aragua), una comunicación dirigida a Juan Guaidó en la que le solicitan una reunión urgente para plantearle su difícil situación económica, agravada por la pandemia y la cuarentena.
En su intervención, Benítez dijo que la situación económica que enfrentan los adultos mayores venezolanos “los pone en riesgo mortal al no contar con los recursos necesarios para adquisición de comida y medicamentos”. Destacó que la suspensión de las actividades bancarias presenciales los ha afectado fuertemente porque “más de 80 % de los adultos mayores no tiene tarjeta de débito porque la banca no las ha suministrado supuestamente por falta de material”.
Adicionalmente, dijo, “una gran cantidad de adultos mayores, que quedaron a cargo de sus nietos, dejaron de recibir las remesas de sus familiares en el exterior porque aquellos perdieron sus fuentes de empleo por motivo del coronavirus”.
Otros puntos discutidos en la sesión de la AN
- La subcomisión de Educación presentó un acuerdo que aboga por los derechos de los maestros, también ahogados por la crisis económica. El acuerdo compromete a la Asamblea Nacional a iniciar consultas al sector educativo para diseñar un “plan de apoyo inmediato a la educación básica” e insta a los docentes a exigir al Estado la reprogramación del año escolar.
- La plenaria reiteró la ilegalidad de la designación, ahora avalada por el TSJ, de Reinaldo Muñoz como Procurador General, tal como lo había expresado en sendos acuerdos del 24 de abril de 2018 y del 10 de diciembre de 2019. El acuerdo ratifica la designación de la AN del Procurador Especial José Ignacio Hernández como representante jurídico del Estado venezolano para los juicios dentro y fuera del país.
- Los diputados José Luis Pirela (Zulia) e Ismael García (Caracas) hicieron una breve exposición sobre los vínculos del alto gobierno con el narcotráfico internacional, a propósito de la designación de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo. Sobre este punto, Guaidó afirmó que el nombramiento evidencia “lo aislada que está la dictadura”.
- El pleno también dio un debate “sobre el hambre de los venezolanos como consecuencia de las ocupaciones ilegales” de empresas por instrucción de Maduro. Al respecto, Mauligmer Baloa (Amazonas) dijo que estas decisiones no afectan solo a los empresarios sino a las miles de familias dependientes de los empleos directos e indirectos que ellas generan. Por su parte, Carlos Paparoni (Mérida) denunció que las 6700 empresas expropiadas por Chávez y Maduro producen hoy 0,3 % de lo que producían al momento de su expropiación.
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