Siete personas, incluida una menor de cuatro años de edad, todas miembros de una misma familia, permanecen asiladas en la Unidad Educativa Doctor Eliseo Acosta de San Sebastián de los Reyes, en el sur de Aragua. La instalación está llena de maleza y serpientes, sin electricidad ni agua, y allí deben cumplir el período de cuarentena, luego de su retorno de Colombia hace aproximadamente dos meses, pese a que dieron negativo en las pruebas PCR para COVID-19.
Maracay. Elizabeth del Carmen Lugo es tajante cuando dice que si para el martes 25 de agosto no le dan el alta médica tras cumplir el período reglamentario de cuarentena por COVID- 19, se irá del refugio en el que permanece aislada desde el 11 de agosto junto con su familia.
“Así me pongan presa, yo el martes me voy de aquí con mi familia”, dice molesta cuando denuncia a Crónica.Uno las condiciones deplorables e inhumanas en las que ha permanecido junto con tres hermanos, su cuñada, su suegra y una sobrina de solo cuatro años de edad en la Unidad Educativa Doctor Eliseo Acosta, en San Sebastián de los Reyes, en el sur del estado Aragua.
Allí llegaron después de un largo periplo que comenzó en Barranquilla, Colombia, adonde habían llegado en febrero pasado para trabajar en los Carnavales y para reencontrarse con la familia. La pandemia obligó el retorno el 6 de junio, por lo que los siete debieron cumplir con la cuarentena cuando llegaron a Paraguachón, una localidad zuliana fronteriza con Colombia.
“Después de cinco días –cuenta– fuimos trasladados hasta San Francisco, en Maracaibo, y allí permanecimos 35 días en un refugio donde la comida o estaba cruda o podrida; durmiendo en el piso y pagando un dólar a los guardias nacionales por cada ‘favor’ que nos hacían para comprarnos algo decente para comer”.
Cumplido el protocolo sanitario y con resultados negativos de las pruebas rápidas y PCR para COVID-19, los autorizan a regresar a Aragua. El 11 de agosto llegaron a Maracay y, de allí, la familia Lugo fue trasladada a Villa de Cura, en el municipio Zamora, en donde esperaron inútilmente que una patrulla de San Sebastián la buscara.
Yo misma tuve que llamar al comando general de la policía para que nos enviaran una patrulla que nos llevara a San Sebastián. Solo así llegamos”, relata Elizabeth Lugo.
Ella y los demás miembros de la familia serían los únicos que permanecerían en aislamiento dentro de una institución educativa que carece de agua y electricidad, y en la que la primera noche consiguieron una serpiente en uno de los pasillos que conducen al aula en donde duermen en colchonetas lanzadas en el piso.
Al llegar, nadie los esperaba, así que no les realizaron ningún tipo de desinfección como esperaban. Horas después llegó un médico cubano que les realizó la prueba PCR. Desde entonces no ha regresado. Apenas han visto a un miliciano, que funge de seguridad solo hasta las 4:00 de la tarde.
El liceo se inunda cuando llueve y las plagas han devorado principalmente a la niña.
“Ni le cuento de la comida”, detalla Elizabeth cuando se refiere al arroz semicrudo con zanahoria y repollo ácido que les han dado para su alimentación, o al agua turbia y envasada que les envían para el consumo.
Lugo fue hasta el período gubernamental municipal pasado funcionaria de la Alcaldía de San Sebastián. Debió renunciar cuando asumió Félix Romero (PSUV), a quien le envió mensajes vía whatsapp para que atendiera su reclamo.
Estamos solos y encerrados, y si vamos a estar aquí en estas condiciones, le pido que solucione o que nos permitan terminar la cuarentena en nuestras casas”, le escribió Elizabeth al alcalde.
Romero apenas se limitó a responder que su responsabilidad solo incluye garantizarles alojamiento y comida.
“Yo solo cumplo con la parte logística –contestó el alcalde–. El tema de salud es directamente con Maracay, desde donde nos indican que deben permanecer en vigilancia”.
Pero la familia Lugo no ha recibido ningún tipo de atención ni acompañamiento médico. Apenas los amigos que se acercan para llevarles algo de comida y agua, pero solo hasta las 4:00 de la tarde, cuando el miliciano le pone un candado a la puerta principal del liceo.
“A veces creo que esto es una retaliación. En el Zulia nos decían que no teníamos derecho a reclamar porque nos habíamos ido del país. Pero yo no me voy a callar, nunca lo he hecho y menos ahora cuando también creo que este encierro es un pase de factura del alcalde, aunque es él quien aún me debe mi liquidación”, dice esta sansebastianera de 33 años de edad.
Participa en la conversación