En la segunda mitad de 2022 el valor de las importaciones de alimentos a Venezuela podría duplicarse y llegar a 6000 millones de dólares por las crisis globales, aun si se importa en menos cantidad. A nivel local, la producción se enfrenta a conflictos de tierra y ambientales que impiden su impulso.

Caracas. La disponibilidad de alimentos en el país nuevamente enfrenta retos, y en el segundo semestre del año podría sufrir los efectos de los conflictos sociales, económicos y políticos que se originan fronteras afuera, con el añadido de que la producción nacional sigue siendo insuficiente y tiene otros elementos que impiden su recuperación.

El Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA) estima que, al cierre de 2022, el valor de las importaciones de alimentos llegará a entre 5000 y 6000 millones de dólares, el doble de lo que se dispuso en 2021, motivado principalmente al encarecimiento de fletes y materia prima, y no a que se vaya a importar más. 

El presidente del CEA, Edison Arciniega, añadió que la decaída producción nacional —pese a que el año pasado dio signos de recuperación— también se verá afectada, pues tres de cada cuatro insumos son importados y se enfrentan al alza de precios de urea y fertilizantes. 

“Los agricultores pueden reducir las aplicaciones de insumos o cambiar a cultivos que requieran menos insumos, lo que no solo redundaría en una menor productividad, sino que tendría efectos negativos en las exportaciones de importantes productos alimenticios a los mercados internacionales”, reseña la FAO en un reciente informe de perspectivas alimentarias.

Un problema global

La Oficina de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) calcula que el costo mundial de las importaciones será 51.000 millones de dólares mayor al de 2021 y que el grupo de países en desarrollo importadores netos de alimentos (entre ellos Venezuela) registrará un incremento de los costos totales, pese a que reducirán sus volúmenes importados.

Se prevé que los costos de importación alcancen un nuevo récord este año y se contraigan los mercados alimentarios por tres factores primordiales: aumentos en precios de los insumos, condiciones atmosféricas adversas por el cambio climático y la incertidumbre del mercado por la invasión rusa a Ucrania.

Arciniega, del CEA, añade que la crisis de los contenedores —una escasez de espacio disponible para transportar productos de Asia al resto del mundo que inició a mediados de 2021 como consecuencia del confinamiento— sigue impactando en los costos de fletes y a escala mundial se habla de que continuará, al menos, hasta 2023.

Ello se suma a la reducción de trigo, canola, girasol y cereales como el maíz y el arroz por el conflicto Rusia-Ucrania (de sus mayores productores) que están afectando el mercado e impactando en sus precios. Pese a que en el último año se ha incrementado la producción de cereales, sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda y la agroindustria apela a importar para procesar sus productos.

Lo que incide a lo interno

De acuerdo con el CEA, 70 % de los alimentos disponibles en el país se ven afectados por factores externos, por lo que ante el panorama actual “lo responsable sería impulsar la producción interna”, recalca Arciniega.

Sin embargo, en los principales estados productores del país los conflictos de tierra son el pan de cada día y en lo que va de año el CEA contabiliza 38 casos conflictivos activos sin respuesta del Estado, con más de 100.000 hectáreas adicionales que están siendo afectadas en Mérida, Zulia, Barinas y expandiéndose a Lara, Yaracuy y Falcón.

Edison Arciniega señaló que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) aprobó la creación de una subcomisión especial para abogar por la resolución de conflictos agrarios, que contará con participación de productores y campesinos, a la que pedirán que se despliegue patrullaje donde hay presencia de grupos irregulares.

De igual forma, el CEA identificó que 80 % de las unidades productivas que son objeto de invasión tienen conflictos forestales, principalmente de tala indiscriminada, y afectan a cerca de 19 reservas silvestres o áreas protegidas.

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