Según la investigación de la comisión especial de la Asamblea Nacional para investigar el naufragio del peñero Jhonnalys José y la desaparición del bote Ana María, ambos en Güiria, la Capitanía de Puerto y el Comando de Guardacostas permiten que estas embarcaciones zarpen con víctimas.
Caracas. La comisión especial designada por la Asamblea Nacional (AN) para investigar el naufragio del peñero Jhonnalys José y la desaparición del bote Ana María, entre Güiria y Trinidad y Tobago, denunció que hay funcionarios públicos venezolanos involucrados en una red de trata de personas.
El diputado Robert Alcalá señaló que la Capitanía de Puerto da la autorización para que zarpen las embarcaciones y esto es ilegal, pues la Ley de Comercio Marítimo prohíbe el uso de embarcaciones pesqueras para el transporte de personas. “Hay un hecho grave de corrupción, pagan 550 dólares por obtener un zarpe legal”.
El peñero Jhonnalys José naufragó la noche del martes 23 de abril, luego de partir de Güiria. Iban 38 personas a bordo y de acuerdo con el diputado, en una embarcación de pesca la tripulación no debe exceder de 8 a 10 pasajeros. Dos días después las autoridades rescataron a 9 sobrevivientes y recuperaron el cadáver de una adolescente de 16 años.
Según contaron a Crónica.Uno el familiar de un sobreviviente, el accidente ocurrió cuando el capitán apagó uno de los dos motores —luego del paso de Boca del Dragón— para hacer una llamada a Trinidad y una ola volteó la embarcación. Testigos aseguraron que otros peñeros desconocidos estuvieron presentes durante el naufragio, por lo que se presume que rescataron a otras personas.
Casi un mes después, el 16 de mayo, desapareció el bote Ana María con 32 personas a bordo. El capitán, Alberto Abreu, fue rescatado mientras nadaba a 20 millas de la costa de Trinidad. Lo llevaron a un hospital en Granada, pero se fugó luego de que se conociera que tenía prontuario por trata de personas.
Según Alcalá, en total son 60 desaparecidos entre las dos embarcaciones. Por Jhonnalys José se desconoce el paradero de 28 personas, mientras que por Ana María son 32.
“Hay corrupción en Güiria que involucra a la Capitanía de Puerto y el Comando de Guardacostas, quienes son los encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofe con Trinidad. Investigamos si hay involucrados de otros cuerpos de seguridad como del Cicpc”, explicó.
Agregó que miembros del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron negligentes ante la denuncia de la madre de una de las víctimas.
Cuando la mamá de esta joven denunció aún no había zarpado el bote, porque el bote zarpó el martes [23 de abril] y ella denunció el jueves [18 de abril] en la noche. Hicieron el cruce de llamadas y establecieron que desde donde la adolescente escribía era de Güiria. Las autoridades pudieron rescatar a la hija de esta señora en el hotel”.
Red que opera en el caribe
El parlamentario Carlos Valero, quien también integra la comisión, contó que 15 días después de la desaparición del peñero Ana María las autoridades dieron respuesta a los familiares, pues el pasado miércoles 29 de mayo se reunieron.
“Les dijeron ayer [29 de mayo] que iban a ampliar el radio de búsqueda Margarita, la frontera con Aruba, y las islas del Caribe para encontrar alguna evidencia de que las personas estén en el mar, porque hasta ahora no hay ninguna y cobra fuerza la hipótesis de trata de personas”.
Fuentes contaron a Crónica.Uno que el tráfico de mujeres para ser explotadas sexualmente en Trinidad no es algo nuevo, pero sí un secreto a voces para los habitantes, quienes ya están normalizaron el delito.
Las mujeres más vulnerables son las adolescentes y jóvenes, a quienes les ofrecen una buena oferta laboral, bien remunerada, y luego son sometidas para obligarlas a prostituirse. Entre ambos casos había pasajeras de Cumaná, Sucre, Anzoátegui, Táchira y Distrito Capital.
Valero insistió en que emigrar hacia Trinidad es un enorme riesgo pues hay un grupo internacional de trata de personas, que opera con carta libre en el Caribe. “También se está evidenciando la esclavitud moderna, agarran a una persona que obligan a trabajar, le quitan el pasaporte y las amenazan”.
Recalcó que el Gobierno no ha hecho un pronunciamiento público y exigió una investigación seria, pues algunas de las víctimas ya tenían días sometidas en hoteles de Güiria, esperando zarpar.
A prisión 9 acusados por trata de personas
El Ministerio Público informó que seis mujeres y tres hombres fueron privados de libertad, presuntamente vinculados al tráfico de personas entre Güiria y Trinidad. Les asignaron como sitio de reclusión la Estación de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana en Güiria.
En nota de prensa los identificaron como Beatriz Elizabeth Alcalá, de 46 años; Deyson Alexander Alleyne Pimentel, de 28 años; Daniela Josefina Luces Pimentel, de 19 años; Ornella Milagros Martínez Marcano, de 26 años; Yaritza del Valle Morales Romero, de 22 años y Dignora del Valle Romero Zapata, de 40 años. Mientras que los hombres son Carlos Enrique Laffont Astudillo, de 30 años; Ingrid José Martínez Marcano, de 28 años y Adrián Eduardo Pacheco Gómez, de 33.
Ellos están presuntamente involucrados con el tráfico de mujeres que se pretendía llevar a cabo el 23 de abril, día en que naufragó el peñero Jhonnalys José. El MP aseguró que Pacheco era el encargado del bote mientras que Laffont acompañaba a las víctimas.
Al resto de los implicados los detuvieron dentro de hoteles de Güiria, donde se encontraban con otras víctimas que también serían llevabas a Trinidad.
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