En el último informe sobre Venezuela que presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, hizo votos porque la reestructuración de la PNB abra las puertas para “fortalecer su carácter civil” y reclamó de las autoridades que cualquier reforma sea consultada con la sociedad civil.
Caracas. Cerradas a cal y canto. Así se encuentran para los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las puertas de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), al igual que las distintas cárceles militares del país, reveló Michelle Bachelet.
“Lamento que ya no se permita a mi equipo el acceso a estos centros (de reclusión) ni a los centros de detención militar”, declaró la exmandataria chilena, al presentar este miércoles su último informe sobre la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, antes de dejar su cargo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza).
Tras asegurar que ni El Helicoide ni la sede de la Dgcim de Boleíta “son adecuados para tener personas privadas de libertad” dado “los riesgos de malos tratos y de detención incomunicada”, Bachelet instó a las autoridades nacionales a liberar a todas las personas que permanecen allí y que cuyos encarcelamientos han sido calificados como ilegales por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.
Ambos organismos de inteligencia han sido señalados de estar incursos en numerosas violaciones a los Derechos Humanos. En 2018, el concejal opositor Fernando Albán fue asesinado mientras estaba detenido en la sede principal del Sebin; y en 2019 el capitán Rafael Acosta Arévalo perdió la vida por las heridas que le propinaron los funcionarios del Dgcim que lo tenían bajo su custodia.
Pese a revelar que sus funcionarios ya no pueden constatar el trato que reciben quienes están en poder de los servicios de inteligencia ni en las prisiones militares, Bachelet aseguró al Consejo que en los tres años que han transcurrido desde su visita a Caracas logró establecer “cooperación gracias a la confianza” con las autoridades.
Dudas más que razonables
En su resumen oral, la saliente Alta Comisionada reconoció que la designación del “nuevo” Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece que no contribuirá a fortalecer la independencia judicial.
Noto las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados que contradeciría las limitaciones constitucionales de un período único de 12 años, así como los vínculos entre algunos magistrados y partidos políticos”, dijo.
Bachelet también saludó la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES). Esto, pese a que dicha unidad, señalada de cometer decenas de ajusticiamientos, no habría sido eliminada, sino que habría sido absorbida por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada, de acuerdo con lo denunciado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
La funcionaria indicó que reestructuración policial “es una oportunidad para establecer cambios adicionales y duraderos como el fortalecimiento de la naturaleza civil de los cuerpos de seguridad y los procesos de investigación de antecedentes en todos los niveles”. Sin embargo, instó a las autoridades a pactar con la sociedad civil cualquier reforma que emprendan.
También tomó nota de las condenas de miembros de las fuerzas de seguridad y defensa en siete casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en las protestas de 2017 y alentó “a que se haga más”.
Con la misma excusa
La legación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos rechazó el grueso del contenido del informe de Bachelet y lamentó que la exmandataria chilena apenas se refiriera a las sanciones.
Lamentamos que en su presentación oral no se conmueva de estos niños que han dejado de recibir tratamiento médico por culpa de estas ilegales medidas impuestas de manera hegemónica”, dijo el embajador Héctor Constant Rosales, que denunció que Estados Unidos y sus aliados le han impuesto al país “más de 500 sanciones ilegales”.
Constant parece ignorar que ya en 2016; es decir, antes de que Washington impusiera el grueso de las medidas contra individualidades y personalidades venezolanas, la ONU ya calificaba la situación venezolana como una “emergencia humanitaria”.
Participa en la conversación