La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela registró, entre junio y agosto, 711 muertes en operativos de seguridad del Estado. Desde enero a la fecha, han ocurrido más de 2000. Michelle Bachelet mostró preocupación por la tasa de desnutrición infantil, condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos en los centros de detención, además de por el nombramiento no consensuado de los miembros de CNE.
Caracas. Las muertes violentas en operativos de seguridad continúan en el país. Esta es una de las preocupaciones de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su oficina, con presencia en Venezuela desde el año pasado, registró entre enero y agosto más de 2000 muertes de jóvenes en barrios marginales del país a manos de fuerzas de seguridad del Estado. Solo entre junio y agosto, dijo Bachelet, ocurrieron 711.
Este viernes Bachelet presentó su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde alertó de que la “pandemia se ha sumado a otras emergencias preexistentes, como la alimentaria”. Según reportes de Cáritas, citó Bachelet, la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó 15 % en julio: “Un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo”.
En las últimas dos semanas la situación de derechos humanos de Venezuela ha formado parte de la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estas alocuciones forman parte de los mandatos que el consejo dio a la oficina de Bachelet y a la Misión Internacional Independiente en años anteriores.
El 14 de septiembre Bachelet hizo una actualización sobre la cooperación y la asistencia técnica entre su oficina y Venezuela. Reconoció avances en la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza y el intercambio de información. El 16 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, tras su investigación sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura desde 2014, instó al Estado venezolano a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. El 23 de septiembre este informe fue presentado ante el consejo.
La oficina también documentó represión en protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, esto incluye detenciones de manifestantes que protestaron por los bajos salarios y pensiones, deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. Registró la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente a manos de fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos.
Bachelet consideró positiva la detención de cinco miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto: “Las declaraciones públicas del fiscal general sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”.
El registro también incluye restricciones a la libertad de expresión, aplicación de la legislación en contra del odio, ataques contra defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas. Sobre los migrantes retornados, Bachelet mostró preocupación por “el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela a los que retornan por cruces irregulares”.
Bachelet reconoció la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención: “Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad”. A través de asociaciones profesionales, la oficina obtuvo información de que 33 % de las muertes por COVID-19 ha sido del personal de salud “debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales”.
Sobre el contexto electoral, Bachelet refirió que “las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE)”. También habló de la modificación por parte del CNE del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios en el sistema electoral y en la composición de la Asamblea Nacional “sin un proceso inclusivo de consulta previa”.
Concluyó: “Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos”.
Foto referencial: Luis Morillo
Participa en la conversación