En la segunda actualización de su informe sobre Venezuela, la alta comisionada para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los procesos contra otros diputados, así como por las intenciones de las autoridades de fortalecer a la Milicia.
Caracas. En 2020 los venezolanos deberán acudir a las urnas para renovar a la Asamblea Nacional (AN) y para que este proceso no sufra los mismos cuestionamientos que recibieron las presidenciales de mayo de 2018, es “crucial” que las autoridades garanticen “las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas”.
La afirmación la hizo este miércoles la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al presentar su segunda actualización del informe sobre la situación del país ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
En el marco de los diálogos que el chavismo ha mantenido un sectores minoritarios de la oposición, algunos de ellos sin representación legislativa, el Parlamento inició hace unas semanas el proceso para renovar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a los próximos comicios. En dicho proceso participa la bancada oficialista, la cual se reincorporó a la Cámara. Sin embargo, las probabilidades de que esta iniciativa termine en buen puerto son escasas debido a los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han arrebatado las funciones a la AN.
Tras expresar su preocupación por las últimas decisiones del máximo juzgado que han dado luz verde al procesamiento de cinco diputados opositores más, la expresidenta de Chile denunció los nuevos actos de hostigamiento contra adversarios del chavismo, incluido el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como Jefe de Estado interino.
De la misma manera reclamó la inmediata liberación del diputado Juan Requesens y del exsecretario de la AN, Roberto Marrero, quienes están siendo procesados por el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro y por complotar contra el Ejecutivo, y puso en duda la transparencia de dichos juicios.
“En este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro, por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”, sentenció Bachelet.
Menos muertes, pero más violentas
Aunque en su informe la alta comisionada aseveró al Consejo que el número de asesinatos en Venezuela había caído, al menos a la luz de los datos del Observatorio Venezolano de Violencia, se mostró alarmada por la saña con la que se han producido algunos casos como del exgobernador de Cojedes, el chavista Jhonny Yañez Rangel, cuyo cadáver apareció quemado dentro de su vehículo.
Asimismo, denunció que su oficina sigue recibiendo denuncias sobre las actuaciones de las polémicas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes). “Mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Faes, principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”, declaró, al tiempo que agradeció al Ministerio Público de Tarek William Saab —fiscal designado de manera inconstitucional por la ANC— por haberle informado que de agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios policiales y militares han sido acusados por violaciones a los Derechos Humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. 55 de los condenados son miembros de la PNB.
Más migración
Bachelet advirtió que el número de venezolanos que saldrán del país en busca de un futuro mejor no dejará de crecer y que para el cierre de 2020 la diáspora ya podría alcanzar los 6 millones, según datos de la Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Por último, hizo un llamado al oficialismo y a la oposición para que retomen los diálogos y así “alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población”.
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