Desarrollo editorial: Maru Morales
Concepto: Maru Morales
Redacción de textos:
Maru Morales
Edición de textos: Natasha Rangel,
Fotos: Luis Morillo
Infografías: Amadeo Pereiro
Diseño: Lesslie Cavadías
15 de diciembre de 2020
Balance Asamblea Nacional 2016-2021
Entre el asedio oficialista y la errática conducción opositora
En 5 años la AN logró aprobar 31 leyes, 401 acuerdos parlamentarios, designó a 43 representantes diplomáticos y sancionó a 12 altos funcionarios del Estado incluyendo a Nicolás Maduro. Todas esas decisiones fueron invalidadas por el TSJ. El PSUV entorpeció y desconoció el trabajo legislativo. La oposición intentó resistir a los embates mientras se enfrentaba a lo interno en pugnas de liderazgo.
Caracas. Más allá de los resultados de la Consulta Popular realizada el 12 de diciembre, de si podrán hacerse vinculantes, o de si serán considerados dentro y fuera de Venezuela como aval suficiente para justificar una prolongación extraconstitucional de la vigencia del Parlamento actual, la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2015 para el período 2016-2021 está a días de culminar su mandato constitucional.
Un balance de estos cinco años de gestión que se base únicamente en la revisión numérica de decisiones tomadas, leyes sancionadas, nombramientos aprobados o medidas de control político aplicadas, sería insuficiente, pues la legislatura 2016-2021 tuvo que enfrentar un contexto distante del entorno de funcionalidad democrática que plantea la Constitución de 1999.
De acuerdo con la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional tiene tres tareas fundamentales: hacer leyes, controlar a los otros cuatro poderes públicos y representar a los ciudadanos.
Pero el cumplimiento cabal de esas tres funciones elementales depende directamente de la existencia de un entorno político y gubernamental democrático, donde el debate, el disenso y la propuesta sean posibles. No fue el caso de la Asamblea Nacional de Venezuela en los últimos cinco años.
Tampoco fue ese el escenario de la AN en los años anteriores a 2016, pero este trabajo de Crónica.Uno incluirá datos numéricos y entrevistas analíticas, y se centrará en revisar el desempeño político, operativo y constitucional desde 2016 hasta el presente.
Dañar al Parlamento hasta cuando se es minoría
Desde enero de 2016 y hasta el día de hoy, cuando finaliza el último período ordinario de sesiones del último año de la legislatura, el Parlamento se vio obligado a dejar de lado sus atribuciones constitucionales (legislar, controlar y representar): ¿por qué?
Por un lado, porque la administración de Nicolás Maduro, incluyendo a los poderes públicos que actúan como satélites de Miraflores, se dedicaron a lo largo de todo el lustro a despojar a la AN de esas atribuciones por la vía de hecho. El acoso judicial, el cerco financiero, el bloqueo institucional y el asalto físico al Palacio Federal Legislativo fueron las herramientas para ese despojo.
Mención especial en esa tarea merece el partido oficialista, que desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 —cuando todavía se llamaba MVR— hasta el día de hoy bajo las siglas del PSUV, ha trabajado de manera sostenida para quitarle a la Asamblea Nacional sus roles de contrapeso del poder, lugar para el debate público y espacio para el acuerdo político.
Incluso siendo minoría, a partir de enero de 2016, el PSUV no abandonó esa triste tarea. Sus 55 diputados electos sabotearon las sesiones en 2016 y abandonaron las curules en 2017 quitándole a la AN la su razón de ser: la contraposición de ideas. En 2018, desde la ANC ilegítima —así catalogada por los parlamentarios y por organismos internacionales—, los diputados del PSUV que eran a la vez constituyentes, avalaron todas las acciones de persecución y socavamiento institucional contra la Asamblea.
En 2019, tras retornar al Hemiciclo, el PSUV refinó sus estrategias para desbaratar a la AN desde adentro, a través de operaciones políticas y maniobras fraudulentas para fracturar la integración de la cámara. Y este 2020 el partido de gobierno se mantuvo firme en su propósito de acabar con la AN al orquestar la conformación de una directiva parlamentaria paralela que debilitó aún más la institución.
Mayoría errática y sin ángel para el consenso
Pero por el otro lado, en estos últimos cinco años la AN estuvo en manos de una mayoría opositora por primera vez desde el año 2000. Una mayoría alcanzada con un 56 % de respaldo popular y traducida en 112 diputados electos.
No obstante, el liderazgo opositor al que le tocó conducir al Parlamento en este quinquenio —a la par de subsistir bajo el constante asedio oficialista— tampoco fue capaz de diseñar una verdadera estrategia unitaria, realista y de consenso. Una estrategia que permitiera al país avanzar de manera certera en el sostenimiento, ampliación y consolidación de esa mayoría, para impulsar un cambio de modelo, la principal oferta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática allende 2015.
La coalición ganadora que fue la MUD entró en crisis horas después de la elección parlamentaria de aquel año, cuando el secretario general de AD, Henry Ramos, y Voluntad Popular rompieron el acuerdo político al que habían llegado los partidos de oposición para asignar la presidencia del primer año de gestión al partido que obtuviera más diputados. A la sazón, Primero Justicia.
Ramos y VP forzaron a la novel mayoría parlamentaria opositora a dividirse por primera vez para decidir, mediante votación, entre él y Julio Borges, coordinador nacional de PJ. Ese acto hirió de muerte a la Mesa de la Unidad como alianza política. Lo que vino después solo profundizó la fractura hasta que en julio de 2018, la MUD se extinguió formal y definitivamente.
Ese personalismo, esa tendencia a imponer a los demás la propia línea partidista a la hora de tomar decisiones políticas no fue solo un signo de Ramos, sino, en mayor o menor medida, de todos los presidentes que le sucedieron.
Julio Borges en 2017, Omar Barboza en 2018 e incluso el propio Juan Guaidó que desde 2019, si bien no impuso su propia agenda, facilitó la imposición de la estrategia diseñada por Leopoldo López, líder de su partido, Voluntad Popular, y su padrino político.
La gestión en números
En el lustro que está por culminar se aprobaron apenas 31 leyes, todas anuladas por el Tribunal Supremo; 401 acuerdos parlamentarios; 12 sanciones políticas a altos funcionarios del Estado incluyendo a Nicolás Maduro; y más de medio centenar de informes parlamentarios de distinta índole (datos correspondientes hasta el 11 de diciembre de 2020).
Además, en julio de 2017, la AN designó 33 nuevos magistrados del TSJ, la mayoría de los cuales tuvo que marcharse al exilio para evitar ser encarcelados. En los dos últimos años, la plenaria autorizó a Juan Guaidó, presidente de la cámara y presidente encargado de la República (conforme al artículo 233 constitucional), para designar 43 representantes diplomáticos ante gobiernos u organismos internacionales; seis juntas directivas ad hoc de instituciones o empresas del Estado en el exterior; un procurador especial y un contralor especial.
Asimismo, entre 2019 y 2020, la AN acompañó a Guaidó en el nombramiento de comisionados presidenciales para relaciones exteriores, recuperación de activos, desarrollo económico, derechos humanos, para la ONU y la ayuda humanitaria, contra el terrorismo y el crimen organizado, y un coordinador del gobierno interino.
En el último año, la oficina del comisionado para la protección de activos logró identificar activos de la república en el exterior por el orden de 100.000 millones de dólares aproximadamente, en 36 países. De ese monto, alrededor del 40 % pudo ser resguardado por la mencionada oficina, del alcance de la administración de Maduro, a través de medidas excepcionales, litigios y juicios, todo con respaldo del Parlamento.
Reconocimiento, diálogos y acoso
En 2016, 2017 y 2018 la Asamblea fue ganando el acompañamiento de organizaciones internacionales (OEA, Grupo de Lima, Unión Interparlamentaria Mundial, Parlamento de las Américas); a partir de 2019, cerca de 60 países del mundo reconocieron a la AN como interlocutor legítimo de Venezuela a la par que desconocían a Maduro como presidente reelecto.
Ese respaldo a la AN y desconocimiento de las decisiones arbitrarias coordinadas desde Miraflores se ratificó la semana pasada (del 7 al 13 de diciembre) cuando luego de la votación del 6-D, más de 50 países individualmente o en bloque, han ratificado su espaldarazo a la AN electa en 2015 y condenado el proceso electoral por considerarlo ilegítimo.
Y entre 2016 y 2019, fueron representantes de la AN los que encabezaron las delegaciones opositoras en los procesos fallidos de diálogo político con el oficialismo, auspiciados por la comunidad internacional.
Mientras la AN llevaba adelante una agenda centrada básicamente en socavar los cimientos de la administración de Nicolás Maduro para propiciar un cambio de gobierno, 35 diputados de la oposición y un disidente del chavismo fueron objeto de allanamientos ilegales a su inmunidad parlamentaria por acciones orquestadas por el TSJ, la ANC y el Ministerio Público.
Cinco diputados estuvieron presos por distintos lapsos de tiempo —uno de ellos se mantiene preso en su casa— y una veintena se fue al exilio.
Desde el 30 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia emitió 143 sentencias violatorias de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, según el registro de Crónica.Uno cruzado con el registro de la ONG Acceso a la Justicia hasta el 11 de diciembre de 2020.
Desde agosto de 2016, el Ministerio de Finanzas suspendió el pago de sueldos a los diputados en represalia por sus acciones políticas y parlamentarias. Meses después también cesó la transferencia de fondos para el sostenimiento de la AN y retiraron los beneficios sociales y salariales a sus trabajadores. En el primer cuatrimestre de 2020, la AN creó un fondo para el sostenimiento del gobierno encargado (incluyendo el pago de sueldos a los diputados) con recursos provenientes de los activos protegidos en Estados Unidos.
2016: Desacato, revocatorio y diálogo 1
La intromisión del TSJ en el funcionamiento de la AN, en una estrategia públicamente orquestada con Miraflores y el PSUV, inició el 30 de diciembre de 2015, una semana antes de la instalación de la nueva Legislatura; todo con miras a impedir que la oposición ejerciera su mayoría constitucional de dos tercios. El TSJ anuló las credenciales parlamentarias a tres diputados opositores, luego ordenó su desincorporación de la cámara y finalmente urdió la tesis del desacato.
El desacato se convirtió en el punto de apoyo de la administración de Maduro para anular la efectividad constitucional del Parlamento el resto de los cinco años.
Solo en 2016, el TSJ dictó 41 sentencias contra las atribuciones, integración y decisiones de la Asamblea.
Del otro lado, el mandato de Henry Ramos Allup se caracterizó por la confrontación verbal y práctica con el oficialismo. Su discurso altisonante caló de inmediato en una oposición ávida de un cambio rápido en Miraflores, pero al mismo tiempo chocó contra el pilar principal que sostiene a Maduro: los militares, quienes lejos de sentirse invitados a apoyar un cambio político, se sintieron amenazados y cerraron filas en torno a su comandante en jefe.
La imposibilidad de Ramos Allup de liderar a la oposición hacia el consenso, junto con el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, se tradujo en la incapacidad para fijar una ruta aglutinadora para “salir de Maduro”. En lugar de eso, en 2016 la Asamblea y la MUD presentaron al país tres vías de escape: el revocatorio (impulsado por PJ), la reforma constitucional (defendida por UNT) y el abandono de cargo (avalado por AD y VP). Los esfuerzos se diluyeron mientras el CNE y los tribunales trucaron sin aspavientos el revocatorio.
Hacia el último trimestre de ese año se instaló una Mesa de Diálogo que no dio frutos porque Maduro incumplió los acuerdos firmados ante el Vaticano. El Palacio Legislativo fue asaltado por una turba de seguidores del PSUV. La AN declaró la responsabilidad política de Nicolás Maduro en la crisis venezolana. Y se dieron los primeros atropellos a las atribuciones de la AN: el Ejecutivo aprobó el presupuesto de 2017 sin pasar por la Asamblea y el TSJ intervino en la conformación del CNE al ratificar en sus cargos a dos rectoras.
2017: protesta, Consulta Popular 1 y diálogo 2
Julio Borges llegó a la presidencia de la AN con un discurso orientado a la búsqueda de reconectar a la AN con la gente (impulsa la ley de propiedad de las casas de Misión Vivienda) y reconstruir la unidad opositora.
Se propuso establecer espacios mínimos de comunicación política con el chavismo, pero sus intenciones se diluyeron en las últimas horas de marzo de 2017 cuando el TSJ dictó dos sentencias que, de un zarpazo, terminaban de arrasar con las potestades constitucionales de la AN.
Entonces Borges puso al Parlamento al frente de la protesta de calle contra “la ruptura del orden constitucional”. La represión llegó a su máxima expresión durante los tres meses siguientes: 87 venezolanos (49 de ellos entre los 14 y 25 años), fueron asesinados por fuerzas del orden y civiles armados proMaduro, según el registro llevado entonces por el diario El Nacional.
La represión política también alcanzó la cúspide: Maduro convocó una Asamblea Constituyente violando el procedimiento legal y reglamentario, que a la postre actuaría como Parlamento paralelo y eje de la persecución penal contra los diputados (las dos primeras víctimas fueron Germán Ferrer y Freddy Guevara). Borges respondió con la convocatoria a una Consulta Popular que pese a haber logrado una participación altísima, sus resultados quedaron en el aire sin ser escuchados por el poder. La crisis de autoridad de la AN ante el país generó la primera fractura de la fracción de la unidad: los diputados de Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Convergencia se deslindaron y crearon su propia fracción parlamentaria.
Aunque Ramos Allup ya había adelantado los primeros contactos con la OEA, fue en 2017 cuando se desarrolló la diplomacia parlamentaria que puso a los diputados opositores al frente de una intensa agenda de reuniones y denuncias internacionales sobre la crisis de Venezuela: surge el Grupo de Lima como alternativa a la ineficacia práctica de la Carta Democrática de la OEA.
2017 cerró con el inicio de un nuevo proceso de diálogo auspiciado ahora por República Dominicana y otros cuatro países de la región. El proceso se trancó en febrero del año siguiente cuando llegó el punto de acordar las condiciones para una elección presidencial auditable y transparente. Nuevamente la delegación de Maduro frustró los acuerdos y Borges tuvo que exiliarse en Colombia.
2018: trabajo político, Frente Amplio y baja popularidad
Omar Barboza llegó a la presidencia de la AN conforme a la rotación acordada en 2015, pero no producto del consenso de su propio partido, sino ungido por Manuel Rosales.
El nombramiento de Barboza pasó por encima de liderazgos más jóvenes pero con amplia trayectoria parlamentaria como los de Delsa Solórzano —que al final de ese año funda su propio partido— y Enrique Márquez.
Derrumbadas las negociaciones de Dominicana, el Consejo Nacional Electoral convocó las elecciones presidenciales para abril —serían finalmente en mayo— en una jugada política alineada con el PSUV. Barboza calificó el evento como una “farsa electoral” y lideró el llamado de la Asamblea Nacional a no participar en los comicios. Pero a la par, ni él, ni la AN, ni la MUD, que daba sus últimos estertores, ofrecieron al país una acción política alterna a la abstención.
¿El resultado? La desesperanza ciudadana subió proporcionalmente a la impopularidad de la Asamblea.
Barboza se había comprometido a elaborar, discutir y aprobar cerca de 30 leyes ese año, que se almacenarían en un “banco de leyes para la restauración de la democracia”. Al cierre del año solo se habían aprobado seis leyes. Lo que sí logró fue abrir las puertas de la Asamblea Nacional a los voceros de diversos sectores de la vida nacional. Dirigentes sindicales, víctimas de violación de derechos humanos, ONG, estudiantes, empresarios, campesinos, trabajadores, médicos, profesionales de diversas áreas, académicos, todos pudieron ejercer derechos de palabra en las plenarias para exponer sus reclamos y propuestas ante la crisis.
Con ese mismo espíritu, Barboza coadyuvó a la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre, como una plataforma de lucha política que integraría a los partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil, para diseñar una agenda común de lucha política. Pero nuevamente los partidos pretendieron cooptar ese espacio y a la larga el Frente tampoco rindió resultados.
En el segundo semestre de 2018, AD y La Causa R se separaron de la fracción parlamentaria y de la MUD, lo que marcó la muerte de la coalición política. Barboza no pudo hacer nada para impedirlo; tampoco el jefe de la fracción de la oposición ese año, Juan Guaidó.
2019: presidente encargado, rebelión fallida y diálogo 3
Correspondió el turno de presidir el Parlamento a Voluntad Popular. Ninguno de los aspirantes naturales del partido estaba disponible: Freddy Guevara, asilado en una embajada; Luis Florido separado del partido desde mediados de 2018; Gaby Arellano en el exilio y Francisco Sucre sin fogueo político ni disposición a asumir tal responsabilidad. El siguiente en la fila: Juan Guaidó.
La gestión de Guaidó inició con ímpetu el mismo 5 de enero, con el lanzamiento de una ruta de tres pasos: buscar el cese de la usurpación encarnada por Maduro, instalar un gobierno de transición y convocar a elecciones presidenciales libres. Y el 23 de enero, en una decisión aclamada por muchos pero que a la vez sorprendió incluso a diputados de la oposición, Guaidó se juramentó como presidente encargado de la República invocando el artículo 233 constitucional.
Por esa decisión su entorno fue perseguido ferozmente y él fue objeto de seis juicios penales, además del allanamiento inconstitucional a su inmunidad. Pero al mismo tiempo, la esperanza en un cambio reavivó a la oposición. El reconocimiento internacional al anuncio fue instantáneo, con Estados Unidos como el principal aliado.
En febrero de 2019, la AN aprobó el inédito Estatuto para la Transición, una especie de norma de rango constitucional amparada en los artículos 333 y 350 de la Carta Magna, que crea un régimen híbrido parlamentario-presidencialista mientras se logra una elección presidencial libre.
Cinco hechos marcaron la gestión de la AN en 2019:
- El intento fallido de ingreso de la ayuda humanitaria en febrero.
- El llamado fallido a rebelión militar contra Maduro en abril que generó una nueva ola de persecución penal masiva contra una veintena de diputados.
- El nuevo proceso de diálogo, también fallido, iniciado en mayo bajo el auspicio de Noruega.
- El retorno de la bancada del PSUV al Hemiciclo en septiembre, luego de dos años de ausencia, para incorporarse al Comité de Postulaciones Electorales que luego sabotearían.
- La olla de corrupción de diputados opositores y los sobornos del oficialismo para mermar el apoyo a la reelección de Guaidó para el año siguiente (Operación Alacrán).
2020: pandemia, macutazo y Consulta Popular 2
Guaidó repite en la presidencia de la AN pero con su popularidad mermada, la oposición completamente dividida, una pandemia y elecciones presidenciales en países aliados que amenazan la continuidad de algunos apoyos.
La Operación Alacrán logró su cometido. En paralelo a la directiva encabezada por Guaidó, el 5 de enero el PSUV respaldó la integración de una directiva integrada por tres diputados disidentes de la unidad. Esa directiva fue validada por los cuatro poderes públicos alineados con el PSUV y desde entonces es la única que tiene acceso al Palacio Federal.
La AN legítima encabezada por Guaidó realizó sus sesiones de manera itinerante hasta marzo, cuando la declaratoria de pandemia y cuarentena por la COVID-19 llevó a los diputados a sesionar de manera virtual.
Algunos de los eventos más resaltantes de este año para el Parlamento fueron: la vinculación de dos diputados opositores (Sergio Vergara de VP y Hernán Alemán de AD), con el “macutazo”; la firma de un convenio entre la Asamblea Nacional de Guaidó y el Ministerio de Salud de Maduro para garantizar la atención a la crisis del COVID-19; y la serie de decisiones del TSJ para imponer directivas a los partidos de oposición, designar un CNE y allanar el camino para afianzar el sistema de partido hegemónico controlado por el PSUV.
Y finalmente, la convocatoria y realización de una nueva Consulta Popular por parte de la Asamblea Nacional, con el propósito de ratificar el rechazo a Maduro, contar a la oposición movilizada y pedir expresamente apoyo internacional para lograr unas elecciones libres.
Hacia 2021
Esta legislatura cierra hoy, 15 de diciembre, su último período ordinario de sesiones e inicia un breve período de sesiones extraordinarias, vigente hasta el 4 de enero próximo.
El Parlamento de mayoría opositora cierra este ciclo con el peso sobre sus hombros de no haber logrado su principal oferta electoral: el cambio de modelo político; mermada en su integridad, con sus diputados perseguidos; y anulada en sus competencias por cinco años de acciones y decisiones coordinadas entre Miraflores, la Constituyente, el Ministerio Público, el TSJ y el PSUV.
Además, la actual Asamblea Nacional se asoma a 2021 con la polémica intención de una parte de sus miembros de mantener su vigencia más allá del 4 de enero, por considerar que el Parlamento emanado de la votación del 6 de diciembre carece de legitimidad, legalidad y de representatividad.
Una posición que no solo acompañan la mayoría del bloque parlamentario de oposición sino que ya ha reunido el respaldo de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y el Bloque Constitucional, además de abogados constitucionalistas de la talla de Juan Manuel Rafalli. En ese camino, y tras los resultados de la Consulta Popular, el próximo paso de los diputados que acompañan a Guaidó es reformar el Estatuto para la Transición de la Democracia amparados en los artículos 333 y 350 de la Constitución, para extender su mandato más allá del 4 de enero próximo
Ricardo Sucre:
En estos cinco años se subvirtió la función parlamentaria
El politólogo y profesor universitario señala que su balance sobre el trabajo de la AN en manos de la oposición es negativo. Considera que uno de los errores fue intentar hacer una insurrección parlamentaria en un país con régimen presidencialista. “La gente quería y quiere una AN de choque aunque paradójicamente eso no nos lleve a salir de Maduro”, señaló. Opina que la fusión de la Mesa de la Unidad con la Asamblea Nacional debilitó al Parlamento y acabó con la coalición.
Caracas. El politólogo, psicólogo social y comunicador, Ricardo Sucre, afirma que la mayor parte del tiempo de los últimos cinco años se le fueron a la oposición en un conflicto de poder centrado más en sacar a Nicolás Maduro de Miraflores que en fortalecer a la Asamblea Nacional como institución política.
A su juicio, la dirigencia no fue capaz de lograr que la mayoría de la población, incluyendo a oficialistas y a opositores, se sintieran representados por igual en el Parlamento.
Sucre, quien además es profesor de la Universidad Central de Venezuela, conversó con Crónica.Uno vía teléfonica. De acuerdo con sus palabras, lejos de poder actuar apegada a sus roles constitucionales (legislar, controlar al resto de los poderes públicos y representar a sus electores), la Asamblea Nacional asumió un rol distinto.
“Su dinámica desde el año 2016 fue buscar sustituir al Gobierno. Su rol no fue legislar, ni controlar ni representar, por eso no veo logros en esa materia, que son sus atribuciones naturales; sino que se enfocaron en ver cómo sustituir a Maduro. Comenzando 2016 Ramos Allup planteó que en 6 meses presentarían fórmulas para salir de Maduro; luego Borges planteó el tema de la vacancia del cargo; luego vino Barboza que quizá fue la gestión más cercana al trabajo de una Asamblea, en el sentido de tratar de articular y darle voz a las fuerzas políticas y a la gente; y luego Guaidó que durante dos años retomó y llevó al máximo la búsqueda del cambio de gobierno. En estos cinco años, la AN protagonizó un conflicto de poder buscando sacar a Maduro“.
Pero Maduro sigue en Miraflores y desde esa perspectiva se puede afirmar que la Asamblea Nacional no fue efectiva en el desempeño de ese rol ¿cuál es su balance general del desempeño de la AN en estos cinco años?
–Tengo una evaluación negativa por varias razones. Primero, porque independientemente de que se reconozcan o no los resultados del 6-D, Maduro sigue en el poder. La AN se fijó una meta en 2016 —con el paréntesis de la gestión de Barboza como ya lo dije— en la que no se tuvo éxito. Segundo, creo que de alguna manera se subvirtió la función del Parlamento.
“Quisieron hacer una insurrección parlamentaria, una transición parlamentaria en un país que no tiene un sistema parlamentario sino presidencialista“.
Y en tercer lugar, como consecuencia de lo anterior, se debilitó a la oposición. Hoy sus cuadros están afuera, su estructura quedó muy debilitada, más allá de intento de reorganización a partir de la Consulta Popular. Y en la opinión de la gente, la oposición está poco valorada. Cuando la oposición ganó la AN en 2015, obtuvo 56 % de los votos, 2/3 de las curules, pero en ese mismo momento comenzó su crisis, cuando Ramos Allup se alió con VP y rompió el acuerdo de gobernabilidad parlamentaria.
¿Considera que hay algún aspecto rescatable de la gestión parlamentaria de estos 5 años?
–Diría que el esfuerzo que se trató de hacer en 2018 por darle a la AN un sentido de vocería política, que los sectores se vieran representados, que la gente viera en ella una instancia que era caja de resonancia, que fuera una referencia política. Pero fue un esfuerzo aislado. Barboza lo intentó pero no fue suficiente, quizá porque la AN ya venía arrastrando los efectos de 2016 y 2017. Creo que ese intento no fue parte de una decisión política consensuada de los partidos, sino que fue el estilo, la propuesta de Barboza. Pero también es cierto que esa política de Barboza no es la que la oposición quería ni quiere. Ni en la cúpula ni en la base porque lo que todos quieren es salir de Maduro ya. La gente quería y quiere una AN de choque, de conflicto, aunque paradójicamente eso no nos lleve a salir de Maduro.
¿Y el respaldo internacional alcanzado puede seguirse enarbolando como un logro?
–El reconocimiento externo no es un acierto pero tampoco un desacierto. A los efectos prácticos internos, eso no tiene impacto. El reconocimiento internacional de la AN hay que reevaluarlo en este momento, porque Trump, el principal aliado del continente, perdió la elección; la tendencia de los gobiernos de la región está cambiando. Vemos que perdimos el apoyo de Argentina, Bolivia y México. Chile podría reorientarse. Perú y Ecuador igualmente. Para mí, más allá de la Consulta Popular, el balance de los cinco años es negativo.
Usted mencionó que el único lapso en el que la AN estuvo cerca de su rol institucional fue durante la presidencia de Omar Barboza ¿pero cómo se podía sostener una política de reforzar el Parlamento desde el punto de vista político, en un contexto de acoso permanente de parte del resto de los poderes?
–La gran pregunta es ¿si el Parlamento hubiera actuado distinto, el gobierno de Maduro hubiera actuado distinto? No lo sé. Tengo mis dudas. Pero cuando hablo del reforzamiento político como una estrategia más cónsona con las funciones de la AN me refiero a que, por ejemplo, en enero de 2016, cuando se discutió el decreto de emergencia económica, la AN hubiese tratado de mantener la tensión política, de hacer las interpelaciones, votar, proponer, pero mantenerse al margen del “Maduro vete ya” porque eso puso en guardia al gobierno. Y digo esto sin querer excusar al Gobierno de todo lo que ha hecho, sin querer eximirlo de su responsabilidad.
¿Qué otra cosa piensa que pudo hacerse distinta?
–Faltó fue tratar de acercarse a los problemas de la gente. Ya en 2015 estábamos en el punto fuerte de la escasez de alimentos y medicinas. Arrancando 2016 la AN pudo haberse abierto a la gente, hacer sesiones especiales con los productores de alimentos, con los consumidores, darle base popular a su existencia, incluso aún a pesar del supuesto desacato. Yo hubiera aprobado el programa de gobierno de la oposición en la Asamblea, una visión de país que incluyera el tema económico, la Fuerza Armada independiente, etcétera. Pero el ‘Maduro vete ya’ metió a la AN en una dinámica de confrontación, en un conflicto de poderes. Creo que si se hubiese aplicado desde 2016 y de manera sostenida la política implementada por Barboza en 2018, la población hubiese valorado mejor al Parlamento.
Pero usted dijo que la gente no quería ni quiere una AN dialogante, sino de confrontación…
–Sí. Es complicado. Pero lo que tenemos hoy es que la promesa de la oposición en diciembre de 2015, aquello de “la cola para votar será la última cola” y aquello de “Maduro vete ya” no se cumplió. ¿Supo la oposición administrar bien su 56 % de apoyo popular? El otro error fue que la Mesa de la Unidad, el mecanismo institucional que tenía la oposición, se fundió con la AN. Se le trasladó todo el peso de la oposición a la Asamblea Nacional. Entonces la oposición perdió a la Asamblea como contrapeso del poder porque la gente ya no sabía si la Asamblea era el Poder Legislativo o era el cuartel general de la oposición.
¿De qué manera el desmantelamiento de la MUD incidió también en el desempeño de la Asamblea Nacional?
–En 2016 los líderes de la oposición convinieron en que el G4 no se podía trasladar al Parlamento, pero eso no se cumplió y eso le restó legitimidad a la institución porque una Asamblea Nacional es nacional: representa a todos, no solo a la oposición. Ellos perdieron de vista que muchos de los que votaron por la oposición en 2015 no eran seguidores de la oposición pero le aplicaron un voto castigo al gobierno. Entonces lo lógico era que la dirigencia defendiera la separación de la MUD y de la AN, que nombrara por ejemplo un enlace de la oposición con la AN, pero eso no se hizo. Lo que se hizo fue debilitar a la AN frente a un sector de los venezolanos que dejó de sentirse representada por la AN, y frente al gobierno que aprovechó esa situación para alimentar su discurso de que la Asamblea era ‘burguesa’. La oposición perdió la narrativa política, el trabajo de manejo y entendimiento político, luego pusieron las dos estructuras juntas: AN y MUD. Llevaron eso al Parlamento creyendo que eso iba a generar un superpoder y ya vemos lo que pasó.
Xavier Rodríguez:
“Fragmentación de la oposición y avance represivo del Gobierno vaciaron la AN”
El politólogo e investigador de los sistemas parlamentarios latinoamericanos, Xavier Rodríguez, afirma que en medio del acoso gubernamental, la AN opositora terminó especializada en redactar comunicados. A su juicio, tanto la oposición “en su irrefrenable fragmentación” como el Gobierno en “su avance represivo” contribuyeron a vaciar de contenido político al Parlamento.
Caracas. El politólogo venezolano radicado en Houston desde hace algunos años, Xavier Rodríguez, es un estudioso de los sistemas parlamentarios latinoamericanos. La Asamblea Nacional de Venezuela ha estado en el centro de sus investigaciones de manera permanente, tanto en su trabajo académico como en Parlamundi, la plataforma digital de debate parlamentario que dirige.
Desde que la oposición asumió la mayoría del Poder Legislativo en enero de 2016, Rodríguez ha insistido en la necesidad de impulsar una reforma integral del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (Ridan), que luego de su última modificación en diciembre de 2010, se convirtió en una de las normativas de gobierno parlamentario más autoritarias de la región.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional en 2016, Henry Ramos Allup, fue tajante en varias ocasiones cuando se le consultó al respecto. Su respuesta a los medios, e incluso en los debates de la propia AN, era que la oposición gobernaría la asamblea con el mismo reglamento que sancionó el PSUV. Y así fue, durante el quinquenio que está a días de culminar. Apenas una tímida reforma parcial se hizo en 2019 para permitir el voto no presencial de los diputados.
Rodríguez Franco, quien además es magíster en Sistemas Políticos de América Latina, compartió su balance parlamentario con Crónica.Uno.
“Para examinar la legislatura 2016-2021 a tenor de los hechos y no de las promesas, hay que destacar una notoria precariedad normativa por parte de la nueva mayoría parlamentaria opositora. Esta precariedad se vio agravada con el sistemático ataque a sus facultades constitucionales ejercido por los demás poderes públicos y los cuerpos de seguridad del Estado desde el primer minuto de gestión”, afirmó.
¿Cómo evalúa el funcionamiento orgánico de la Asamblea Nacional bajo la dirección de la oposición más allá de las decisiones políticas, con el reglamento interno vigente?
–Durante el primer trimestre de 2016, se conocieron algunos planteamientos críticos que abrieron una remota posibilidad de enmienda. Sin embargo, nunca se concertó una agenda de trabajo parlamentario en esa dirección. Tampoco se dio a conocer al menos un borrador que ofreciera al texto original algunos mínimos estándares democráticos. Aunque varios diputados han reconocido de manera reiterada que la AN goza de autonomía normativa, con el paso de los años y ante un esperable rechazo por parte del Poder Ejecutivo y Judicial, la reforma del Ridan fue quedando diferida y poco después totalmente olvidada. Teniendo el mismo destino de tantas otras reformas y propuestas legislativas necesarias para el país.
¿Cuáles serían los principales rasgos autoritarios que resaltan del Reglamento Interior y de Debates aprobado en 2010, bajo la presidencia por cierto de Cilia Flores?
–En este reglamento, las minorías tienen una mínima capacidad de incidencia en la agenda parlamentaria en la asignación de las comisiones permanentes y en la iniciativa legislativa, entre otros aspectos importantes como la proporcionalidad en la integración de la junta directiva, que sí está presente en otros parlamentos de la región. Eso permite que la bancada mayoritaria, sea cual sea su signo político, minimice el accionar de la minoría, un rasgo abiertamente antidemocrático, consustancial con el desmantelamiento institucional de la democracia venezolana de los últimos años.
¿A qué se debe la falta de voluntad de la oposición para democratizar el Ridan y con ello al Parlamento?
–Es importante destacar el enorme valor político que tiene una propuesta legislativa que busque acercar el Poder Legislativo al ciudadano. Independientemente de su veto o promulgación, puede servir de elemento aglutinante para generar consensos y canalizar discrepancias, haciendo creíble para la ciudadanía que se está preparado para legislar democráticamente. Los hechos a la fecha, evidencian que la oposición venezolana no tiene esta perspectiva del juego político. El Ridan, entre otros proyectos legislativos, es un ejemplo de esa carencia propositiva, de esa poca capacidad de gestión de sus divergencias y sobretodo la gran dependencia a las condiciones adversas que el chavismo ha impuesto aceleradamente en los últimos cinco años.
¿Esta situación de alguna manera habla de la naturaleza democrática de los líderes de la Asamblea Nacional en estos cinco años?
–Más que naturaleza democrática, es notoria la falta de capacidad técnica en general para la redacción legislativa. Tanto en el caso del Ridan como en otros proyectos de ley, son pocos los diputados que demostraron solvencia al momento de traducir ideas y propuestas políticas en artículos, disposiciones generales y transitorias.
“No conozco diputados que se hayan tomado la molestia de comparar el Ridan vigente con los reglamentos parlamentarios precedentes en Venezuela o con los reglamentos de otros parlamentos de hispanoamérica. Con los años y el fragor de la lucha política, la oposición se ha especializado casi exclusivamente, en la redacción de comunicados de denuncia y de rechazo a la gestión gubernamental“.
Más que voluntad política, es una propensión recurrente al diferimiento de las tareas estratégicas ante el arreglo táctico del corto plazo. Con el agravante de las distorsiones de un entorno parlamentario de supervivencia, asedio permanente y persecución.
Precisamente en ese entorno de supervivencia habrá quien se pregunte ¿para qué cambiar el reglamento interno si la Asamblea como institución quedó atada de manos casi desde el momento de su instalación en 2016?
–La reducción sostenida del Parlamento a su mínima expresión no comenzó en enero 2016, ha sido un proceso ininterrumpido desde la Constitución de 1999 y continuado progresivamente con las reformas del Ridan, siendo la versión de 2010 uno de los más antidemocráticos del hemisferio. En este sentido, si miramos con perspectiva histórica este último quinquenio, resulta difícil comprender que la única legislatura opositora en 20 años, no haya sido capaz de haber dejado al menos una propuesta pública de reforma del reglamento de una instancia política tan importante como la AN. Ciertamente, un nuevo Ridan no romperá las ataduras que el Gobierno ha tejido alrededor del Parlamento, pero al menos señalaría el camino a seguir en la reconstrucción democrática del país desde uno de sus núcleos institucionales.
¿La ausencia de una reforma integral del Ridan en este quinquenio es atribuible solo a los cuatro presidentes del período, o en su conjunto a todos los diputados de la oposición?
–La nueva mayoría parlamentaria de la AN en su conjunto ha sido corresponsable de esta vergonzosa omisión reglamentaria. La legitimidad electoral ofreció un marco amplio inmejorable para que esta reforma fuese canalizada sin desatender la lucha política en otros ámbitos. Si bien es cierto que ante las prioridades políticas que impone la crisis humanitaria, el colapso económico, la represión y en general el viraje dictatorial del Gobierno, la reforma del Ridan no aparece en la lista, tampoco es menos cierto que esa moratoria reglamentaria solo compete a la AN.
¿Cuál es la responsabilidad del G4 por un lado y del PSUV por el otro en la crisis institucional en la que se terminó de hundir la Asamblea Nacional en estos 5 años?
–El Parlamento venezolano de 2020 es resultado de un conjunto de acciones, que en distintos niveles de incidencia, han desmantelado la última instancia medianamente democrática que le quedaba a Venezuela.
“La AN de hoy es el reflejo de la destrucción de la democracia que se vive allende las puertas del Hemiciclo de sesiones“.
Tanto la oposición en su irrefrenable proceso de fragmentación y su crónica incapacidad de sostener consensos, como el avance dictatorial y represivo del Gobierno, han contribuido, lamentablemente, para que la AN haya sido vaciada de contenido político y de su capacidad transformadora de la realidad. El G4 es expresión de ese proceso de desarticulación partidista basado en un cálculo electoral, incongruente con el abstencionismo creciente desde finales del 2017, que tampoco supo mantener la unidad de acción parlamentaria con el paso de la legislatura. Ante este estado de cosas, con la elección del 6-D, con todos sus vicios y arbitrariedades, Venezuela tendrá un sistema político hegemónico sin ningún contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo, consolidando el tránsito hacia un régimen de talante totalitario.
Ramón Guillermo Aveledo:
La AN hizo lo que pudo y como pudo en un contexto adverso
Piensa que a la fracción opositora le faltó adoptar, hace cinco años, un programa y una estrategia común que guiara el accionar de cada presidente del Legislativo. Invita al liderazgo a mirar los desaciertos para corregirlos de cara a los desafíos de 2021. Resalta la responsabilidad del PSUV en el desmantelamiento institucional del Parlamento de toda la institucionalidad democrática.
Caracas. Abogado, doctor en Ciencia Política, diplomado en Técnica Legislativa, presidente del Instituto de Altos Estudios Parlamentarios Fermín Toro pero sobre todo político, exdiputado y profesor universitario, Ramón Guilllermo Aveledo, accedió a compartir con Crónica.Uno su balance sobre el desempeño de la Asamblea Nacional en la legislatura que recién culmina.
Su carácter comedido e inclinado siempre a la justicia, no le impide a Ramón Guillermo Aveledo ver y expresar las principales falencias en la conducción política de la Asamblea Nacional en estos cinco años, pero tampoco dudar para reconocer las fortalezas de ese liderazgo.
Mantener los símbolos de la institución hasta 2020, ganarse a pulso el reconocimiento internacional y haber diseñado el Plan País, son algunos de los logros que atribuye a los dirigentes y diputados de la AN. Al mismo tiempo admite un alto grado de personalismo en su conducción y resiente la falta de una estrategia y un programa consensuados que le dieran más estabilidad a la gestión en su conjunto.
Pero al mismo tiempo matiza su lectura: “Es muy difícil un juicio, sobre todo por parte de quien ha sido político y parlamentario, porque en cambio es facilísimo ser injusto”.
¿Qué rol debió desempeñar a la Asamblea Nacional en estos cinco años y qué rol desempeñó finalmente? ¿Hizo lo que debió hacer o apenas hizo lo que pudo?
–Creo que hizo lo que pudo y como pudo. No puede ignorarse que desde antes de su instalación se comenzó a horadar su reconocimiento como órgano del Poder Público, empezando por decisiones judiciales signadas por la inconstitucionalidad.
Las tareas de la Asamblea son las constitucionalmente asignadas, esencialmente de representación, legislación y control. Al triunfar con una votación que garantizó la mayoría calificada, el entonces secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática ratificó al país el compromiso de la coalición. Pero prontamente, empecé a sentir un ambiente eufórico de inminencia del cambio político que presionó a los dirigentes desde abajo y desde su lectura de los hechos y del clima reinante que podía conducir a precipitaciones. El inmediatismo y el voluntarismo son debilidades que detectamos en otros y nos cuesta detectar en nosotros mismos.
Al final, la vida y la política se parecen mucho más de lo que reconocemos: siempre hay diferencia entre la aspiración y el logro.
¿Cuáles son, a su juicio, los principales aciertos de la gestión de la oposición al frente de la Asamblea en este lustro?
–He visto de todo, pero comienzo por decir que valoro a los diputados y diputadas cuya responsabilidad, valentía personal, dedicación y vocación de servicio han sido demostradas. No puede decirse lo mismo de todos, pero los y las habido de una calidad que mucho bien harían al país en circunstancias mínimamente propicias. Los he visto trabajadores, incansables, honestos. Los aciertos no han sido pocos y se realizan en el ecosistema más hostil. Hasta enero de este año se mantuvo el control de los símbolos de la institucionalidad y ese no es un logro pequeño en una Venezuela signada por la desconstitucionalizació, deslegalización y desdemocratización. Y a lo largo de este difícil 2020, porque tenía preparado un “Plan B” para defender la institución (se refiere a la Reforma del Reglamento Interior de la AN que permitió las sesiones virtuales), la mayoría ha logrado demostrar que sigue siéndolo y que quienes ocupan el Capitolio lo hacen por la ilegitimidad y la fuerza. El reconocimiento internacional, el Plan País, la preservación de la unidad aunque sea defectuosa y el liderazgo, no siempre aprovechado incluso por él mismo, de Juan Guaidó, son haberes indiscutibles.
¿Y los principales desaciertos?
–El insuficiente reconocimiento de una realidad: lo que no aguanta el grupo aferrado al dominio de facto del país son las reglas básicas de la democracia, una de las cuales es la distribución y separación de poderes que tienen límites. Insistir en cumplir esa tarea habría forzado la barra política en condiciones más favorables para la oposición mayoritaria y para el cambio que aspira. Por otro lado, y que conste que no confundo el militarismo con la importancia que tiene la institución armada, creo que hacia ella no se enviaron consistentemente las señales adecuadas. No puedo asegurar que la transformación antirrepublicana de la fuerza armada hubiera tenido un curso radicalmente diferente, pero puestos en el contexto del mensaje integral de la unidad en 2015 hay que plantearse que esta evolución perversa no era inevitable. Ya en 2010 se notaba una dispareja conciencia en los diputados acerca del papel de la fuerza armada. En 2015 esa cuestión sería cualitativamente distinta, porque los sectores democráticos representaban la mayoría del cuerpo y podían tomar decisiones que hicieran valer los supuestos constitucionales de funcionamiento del sistema democrático. Esa es una responsabilidad distinta a la de una minoría parlamentaria opositora como la ganada en 2010. Los déficits en esa conciencia, en la ciudadanía y en sus representantes, constituyen un desafío, acaso el mayor, para el liderazgo que propone un cambio.
El personalismo que vimos en la conducción de la AN en cada año de la legislatura ¿era necesario o era prescindible?
–El pacto unitario fue muy útil para garantizar el control del cuerpo por parte de la mayoría, a tal punto que este sólo pudo ser vulnerado por la arbitrariedad del 5 de enero de 2020, aleación de violencia y corrupción. La rotación en la Presidencia del cuerpo fue respetada, hasta que por acuerdo unánime dictado por las circunstancias, los diputados reeligieron a Juan Guaidó. Dicha rotación en los cargos debió estar acompañada por la adhesión a una estrategia y un programa a cinco años, así como un entendimiento para la composición permanente de la dirección administrativa de la AN. Sin negar los aportes valiosos de cada presidente del Poder Legislativo, el hecho de que cada uno asumiera una agenda decidida de manera personal, si bien contó siempre con el apoyo del resto, no favoreció el desempeño. La presidencia serena de Omar Barboza en 2018 no sólo salvó la unidad tras las tensiones de 2017, sino que preservó la institución para que el Parlamento asumiera su papel en 2019 y 2020. De la misma manera, no es mera amistad personal la que me lleva a reconocer el papel de Henry Ramos Allup en afirmar la personalidad del parlamento; el de Julio Borges en proyectarlo internacionalmente; y desde luego, el papel del a veces sorprendente Juan Guaidó. Cada uno debe calcular su saldo, para reforzar lo positivo y corregir lo que no lo fue o resultó insuficiente.
Al cierre de este período no podemos decir que la Asamblea Nacional de Venezuela es una institución fortalecida ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela en ese debilitamiento institucional?
–De ninguna institución pública venezolana puede decirse que esté fortalecida. Si algo caracteriza este dificilísimo tiempo nacional es la debilidad institucional. El papel del PSUV en el derrumbamiento de la constitucionalidad ha sido decisivo. Los partidos creados desde el poder tienen una debilidad intrínseca. En Venezuela tenemos los casos históricos del Partido Democrático Venezolano y el Frente Electoral Independiente, instrumentos de un régimen militarista-tecnocrático. El PSUV, cuya constitución desde arriba es una de las causas de la primera derrota electoral del chavismo, en el referendo de la reforma constitucional en 2007. Su imposición como “partido único de la revolución”, imitando el modelo cubano o el de la República Democrática Alemana, deterioró tanto a la coalición denominada Gran Polo Patriótico que ahora generó el distanciamiento del PCV, Tupamaro y PPT. Incluso luego del fallido intento de conformar en Somos Venezuela una alternativa, también desde adentro y desde arriba. Pero la mala suerte del PSUV y su muy predecible desenlace, es derivada de la actitud del grupo en el poder, coalición político-económica exclusivamente aferrada al mando que no acepta las reglas de la Constitución que ellos mismos promovieron e impusieron. Ese desprecio a la democracia, ese desprecio a la voluntad popular tan grande que nombran protectores para que protejan al pueblo de sí mismo, es la causa principal de nuestro retroceso político, nuestro empobrecimiento económico y nuestro retroceso social.
¿Cómo ve a Venezuela en 2021?
–Para quienes mantenemos la fe en el futuro de Venezuela y en la capacidad de los venezolanos para salir adelante, 2021 comienza poblado de desafíos que se ven enormes, pero que con esfuerzo e inteligencia, serán superables.