De acuerdo con la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Codehciu, de las más de 200 ejecuciones extrajudiciales registradas en prensa, 23 fueron de personas privadas de libertad.
Puerto Ordaz. Un total de 208 ejecuciones extrajudiciales contabilizó la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), de acuerdo con el monitoreo a medios de comunicación durante 2020.
El informe precisa que durante el primer semestre de 2020 hubo al menos 127 asesinatos a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. En el segundo semestre fueron 81 las ejecuciones extrajudiciales.
Codehciu detalló también que de estas 208 personas, 23 eran privadas de libertad y de las otras, 185 murieron en presuntos enfrentamientos reportados en medios de comunicación.
Los municipios con más alto número de víctimas fueron Caroní con 103 muertes, Angostura del Orinoco con 47 y Sifontes con 20. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el organismo que sumó más víctimas en el registro, con 33 personas ejecutadas; seguido de la Guardia Nacional con 17 ejecuciones, y la policía del estado Bolívar con 14.
“Estas presuntas ejecuciones extrajudiciales son violaciones del derecho humano a la vida, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3. Con base en este artículo, el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, documento internacional publicado por la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas”, señala la ONG.
El protocolo se aplica para investigar las muertes causadas por acción u omisión del Estado.
“Esto incluye toda muerte causada por funcionarios de las fuerzas del orden, por grupos paramilitares o escuadrones de la muerte sospechosos de actuar bajo la dirección, aquiescencia o consentimiento del Estado”, reitera.
Casos emblemáticos
Entre los casos registrados en la prensa regional, que señala Codehciu, está el de Jhonjairo Ramón Yépez, de 23 años de edad. Fue asesinado durante un presunto enfrentamiento con el Cicpc en el municipio Piar. Las fuentes oficiales aseguraron que estaba implicado en varios delitos.
Asimismo, está la muerte de Yulian Jesús Rivas, de 20 años de edad, que falleció debido a un cuadro agudo de tuberculosis pulmonar. Era uno de los más de 900 privados de libertad en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix.
También recuerda el caso de Adrián José Quijada y Framber Alberto Ferrer. Según los partes oficiales, a los jóvenes los encontraron infraganti robando en la zona de Guaiparito, en el municipio Caroní, cuando llegaron los funcionarios del Cicpc. Sin embargo, familiares desmintieron esta versión y denunciaron que “a ellos los arrodillaron y los ajusticiaron”.
“Codehciu recomienda al Estado venezolano el desarrollo de una política de formación a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Además, lo exhorta a que garantice la vida de las personas que se encuentran en condición de detenidos, y a que realice las debidas investigaciones, imparciales y eficaces, que permitan ubicar y castigar a los responsables de las muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar”, indica la ONG.
La alarmante cifra de 208 ajusticiamientos de 2020 mostró una disminución de 10 casos con respecto a 2019, cuando se contabilizaron 218 ejecuciones extrajudiciales en Bolívar.
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